El primer Plan de Pago a Proveedores salva 174.542 empleos

Las cifras son el reflejo del éxito de la primera etapa del Mecanismo de Pago a Proveedores. Por un lado, esta medida de financiación puesta a disposición del tejido empresarial español, junto con el Fondo de Liquidez Autonómico, ha permitido la creación o el mantenimiento de 174.542 empleos, así como un aumento del nivel de PIB de 1,3%, según datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Además, 144.020 acreedores se beneficiaron de este plan de pago, lo que reduce la morosidad de las administraciones públicas con autónomos y pymes, que es, actualmente, uno de los mayores obstáculos para la recuperación.

En este primer tramo del plan se movilizaron un total de 27.372 millones de euros, de los cuales 9.598 correspondían a facturas pendientes de entidades locales y 17.705 a las que debían las comunidades autónomas. Ahora, la medida se amplía y se inicia una segunda fase con algunas modificaciones con respecto a la primera, tal y como aprobó el viernes el Consejo de Ministros. Esta extensión pagará, en la primera quincena de junio, las facturas pendientes contabilizadas antes del 1 de enero de 2012. Por tanto, no implica un aumento del déficit público, ya que todas ellas están contabilizadas los de años anteriores.

Modificaciones

La ampliación, que se incluye en el Real Decreto Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuenta con una asignación de más de 2.600 millones del plan de pago, que procede del saldo restante de la dotación inicial de 30.000 millones del Fondo de Proveedores, que no fue utilizada en su totalidad el pasado año debido al número de facturas presentadas entonces (en total, se abonaron 5.588.363 recibos).

Una de las modificaciones que se incluyen en la segunda fase es que se permite que entidades que quedaron fuera en el primer periodo se acojan a este Mecanismo. En este sentido, afectará a las mancomunidades y a las entidades locales del País Vasco y Navarra –aunque deberá firmarse previamente un convenio entre la Administración General del Estado y las diputaciones forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra–, así como a municipios y comunidades que ya estaban acogidos al plan que tengan deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas contractuales que se incorporan a partir de ahora.

Entre los nuevos tipos de contratos, tanto para las entidades navarras y vascas como para todas las comunidades autónomas, se incluyen las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada, y también determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las comunidades autónomas y las entidades locales que se acojan a este Plan tendrán que abonar las facturas pendientes de acuerdo con un procedimiento guiado por diferentes plazos, el cual se explica de forma detallada en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de las comunidades, del 6 al 22 de marzo el proveedor consultará el listado de facturas y aceptará el pago de la deuda por este mecanismo renunciando a intereses. Por otro lado, ante las entidades, el acreedor tendrá hasta el 22 de marzo para solicitar ser incluido en el listado de facturas, y aceptará así el pago por esta vía. En ambos supuestos, una vez concluido este primer paso, el listado definitivo de facturas deberá ser enviado a Hacienda antes del 29 de marzo. Después, las comunidades o entidades presentarán el Plan de Ajuste o su revisión hasta el 15 de abril. Finalmente, realizarán los pagos que deben a los proveedores en la primera quincena de junio de 2013.

La morosidad saldrá cara

Además de establecer un plazo de 30 días, 60 a lo sumo, para pagar las operaciones privadas, el BOE de ayer establece el tipo legal de interés de demora, que pasará de siete a ocho puntos porcentuales, que se suman al aplicado en ese momento por el BCE. También desaparece el límite para las indemnizaciones, que hasta ahora era del 15% de la deuda principal, y en ella se podrán incluir los gastos que le ocasione la mora, así como los que suponga el abogado o la agencia de gestión de cobro.