El PSOE alaba las políticas de Merkel contra el desempleo

Con 3,5 millones de afectados, el paro de larga duración es uno de los principales lastres para la economía española. Dar empleo a este colectivo supone un desafío mayúsculo. El grueso de desempleados son jóvenes menores de 25 años con falta de capacitación profesional o mayores de 45 con falta de formación y para los que su edad supone un hándicap en sí mismo. ¿Cómo se puede devolver la empleabilidad a estos parados? La fundación del PSOE Laboratorio de Alternativas parece tenerlo claro: copiando las políticas aplicadas por el Gobierno conservador de Angela Merkel en Alemania. Empezando por dos muy concretas: reduciendo los subsidios de desempleo y obligando a los parados de larga duración a aceptar cualquier oferta de trabajo que puedan recibir.

Ambas ideas del «think tank» socialista vienen recogidas en un documento titulado «Los parados de larga duración en España en la crisis actual», elaborado por Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, y Brindusa Anghel, doctora en Economía por la Universidad de Barcelona. En el trabajo, las autoras llegan a la conclusión de que cualquier subsidio de desempleo «disminuye enormemente la salida hacia un empleo para los parados de larga duración». En su opinión, «desincentiva la búsqueda de empleo o la aceptación de ofertas recibidas, o ambos», por lo que proponen que se diseñen mecanismos para evitarlo. El primero, implementar «medidas adecuadas para que la situación de ocupado fuera siempre preferible, en términos de ingresos, a la situación de parado con algún tipo de subsidio, situación que posiblemente no sucede siempre en la actualidad». El segundo, realizar «un seguimiento más individualizado al colectivo de parados de larga duración, para asegurarse de que, de existir ofertas de empleo, éstas se aceptan». Con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue. El documento reconoce, no obstante, que existen importantes obstáculos que provocan «desajustes geográficos» entre la oferta y la demanda de empleos y dificultan a muchos parados aceptar ofertas fuera de su lugar de residencia. Los altos costes del transporte, de la vivienda –junto con las dificultades para vender– y el desarrollo insuficiente de un mercado de alquiler de viviendas son algunas de ellos.

Tanto la revisión de los subsidios como la vigilancia sobre las ofertas deben combinarse con programas de formación para los afectados, bien reglada o, en el caso de los menores de 25 años, con sistemas duales de formación/empleo, añaden las autoras del texto.

Algunas iniciativas como éstas para luchar contra el desempleo de larga duración, destacan, se han producido «recientemente en Alemania, con resultados muy positivos sobre la reducción en el número de parados».

La retirada de la prestación a aquellos que rechacen un empleo es una de las propuestas que lanzó hace tiempo la CEOE para combatir el paro. No es la única idea que parecen tener en común la patronal empresarial y la fundación socialista. Desde que comenzó la crisis, los patronos vienen denunciando las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social que tienen que pagar y que, en su opinión, merman su capacidad para crear empleo, fomentando la economía sumergida y el fraude. Su análisis coincide con el del documento, que señala a las altas cotizaciones como uno de los factores que restringen la demanda de trabajo. «En estas situaciones, los costes laborales crecen y, en consecuencia, la demanda de trabajo desciende y, por tanto, los trabajadores desempleados pueden encontrar mayores dificultades para encontrar empleos adecuados». Esto, advierten, «fomenta que los desempleados, en muchos casos los de larga duración, terminen trabajando en la economía sumergida, a la vez que reciben el subsidio asistencial».

El estudio también es partidario de introducir una mayor flexibilidad en el mercado laboral, algo que ha solicitado reiteradamente la CEOE y que la reforma laboral ha introducido según análisis como los del FMI o la OCDE. En su opinión, «la alta protección del empleo beneficia a los trabajadores ocupados, pero es muy perniciosa para aquellos que no están cubiertos por dichos niveles de protección. Estos trabajadores, en muchos casos desempleados, se enfrentan a grandes dificultades de encontrar empleo por la escasa demanda de empleo por parte de los empresarios».