El recorte de Soria a las renovables le cuesta a España 14 denuncias

Las patronales que agrupan a los productores de energías renovables afilan sus armas ante la que se prevé una larga lucha en los tribunales españoles y en las instancias internacionales contra el severo recorte retributivo en las subvenciones contemplado en el nuevo régimen implantado por el Ministerio de Industria. Las demandas vienen de lejos, algunas desde 2011, con los primeros tijeretazos del Gobierno socialista, pero la gran batalla se planteará en septiembre. Las tecnologías perjudicadas, en las que han invertido decenas de miles de pequeños ahorradores españoles, disponen hasta el día 10 de septiembre para recurrir por lo contencioso-administrativo ante el Supremo el Real Decreto de 6 de junio por el que se regula la producción del sector y hasta el 20 de septiembre para hacerlo respecto a la orden ministerial del 16 de junio sobre los nuevos parámetros retributivos. Tanto la patronal eólica (AEE), como las fotovoltaicas Anpier y UNEF, y la de cogeneración, Acogen, han reclamado a sus asociados que reclamen en los tribunales el cambio normativo que modifica las rentabilidades vigentes, que sirvieron de modelo financiero y de negocio con el que se realizaron las inversiones en el «boom» renovable, para convertirlas en «razonables». En otras palabras, de los suculentos beneficios esperados antaño a poco más que asegurar el monto de la inversión.

Y eso con suerte. Las asociaciones del sector ofrecen asesoramiento y hasta el coste estimado de los recursos en función del tamaño de la instalación. Mientras tanto, los despachos de abogados especializados en asuntos energéticos nacionales e internacionales se frotan las manos. Firmas nacionales como Holtrop, que lleva los recursos ante el Tribunal Supremo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Cuatrecasas, Gonçalves y Ontier están en el «negocio». Junto a ellas, despachos internacionales como Allen&Overy, que lleva las reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, de los fondos RREEFF (Deutsche Bank), Antin (BNP Paribas), Eiser y Energía Solar Luxemburg, y Masda Solar & Wind Cooperatief, que claman contra un recorte de unos 1.700 millones de euros sólo en este ejercicio, según las estimaciones de la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Argumento del Gobierno

El Ministerio de Industria asegura que el sistema de subvenciones vigente era inviable y abusivo por las excesivas rentabilidades que garantizaba y mantiene que, pese a todo, el conjunto de las tecnologías renovables percibirá –según sus cálculos– unos 198.000 millones de euros desde 2014 hasta el final de la vida útil de las instalaciones en concepto de ayudas. A cantidad se suman los casi 200.000 millones de euros adicionales a lo que recibirán procedente del mercado, con la fotovoltaica a la cabeza (78.851 millones de euros).

Por contra, las demandas contra el Reino de España argumentan que la reforma energética «altera de forma súbita y unilateral el marco retributivo, con un perjuicio directo para los inversores». Según las patronales del sector, la reforma mina además la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está «provocando la huida de los inversores internacionales, no sólo en el sector energético, sino en otros de potencial atractivo inversor». Aseguran que incentivar políticas públicas basadas en la promoción de tecnologías emergentes, como las renovables, y posteriormente alterar su retribución, «al confiscar sorpresivamente sus ingresos a través de impuestos o eliminar los incentivos reconocidos, no hace sino agravar la inestabilidad regulatoria e incrementar el riesgo-país».

La alteración del marco regulatorio trae por la calle de la amargura al departamento que dirige José Manuel Soria. Por un lado, poco más se podía hacer sin disparar la factura eléctrica que pagan los consumidores. Por el otro, el riesgo de que los procesos en las cortes de arbitraje internacionales sean desfavorables a España es elevado, con el consiguiente perjuicio económico y de prestigio que supondría para el país. En este sentido, hasta el propio Defensor del Pueblo ha advertido para que los pequeños inversores españoles en renovables, sobre todo los solares, no reciban peor trato que los fondos extranjeros que han recurrido a demandas e instancias internacionales como el Ciadi o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo (SCC Institute). La patronal Anpier se queja de que el ministro de Industria está haciendo «todo lo posible por contentar a los productores extranjeros y, por este motivo, incluso se desplazó a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes; mientras que no ha querido ni siquiera recibir en su despacho de Madrid a los representantes de las 62.000 familias españolas afectados por los recortes en las subvenciones a las energías fotovoltaicas». Por eso, Anpier ha pedido amparo a la institución de Soledad Becerril para que investigue este supuesto trato discriminatorio entre inversores nacionales y extranjeros ya que «da la impresión de que los productores fotovoltaicos españoles deberemos agotar la jurisdicción nacional como mero trámite antes de poder solicitar justicia en las instancias internacionales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces, ya sí, suponer motivo de preocupación para el Estado español». Los tribunales tienen la palabra desde ahora para deshacer este nuevo enredo en el sector energético.

¿Qué ha ocurrido?

Política de ayudas

- El Gobierno ha recortado las ayudas a las renovables porque considera que el sistema que había era inviable. Sólo este año, el tajo a las subvenciones es de 1.700 millones

Denuncias

- Los productores e inversores han denunciado a España por estos recortes al entender que se han hecho sin aviso previo y de forma unilateral, lo que, advierten, altera las reglas en mitad del partido

Discriminación

- Los pequeños productores denuncia que Soria sólo está preocupado de arreglar el asunto con los grandes inversores. El Defensor del Pueblo ha pedido que no haya discriminación en el trato.

Consecuencias

- Los analistas avisan de que un cambio así pone en riesgo futuras inversiones porque crea inseguridad jurídica.

Del liderazgo a los tribunales

Hace apenas unos años, España era uno de los países líderes en inversión en energías renovables. Por primera vez, quizá junto a las infraestructuras y la alta velocidad ferroviaria, se situaba a la cabeza en una tecnología puntera en plena expansión por todo el mundo. Ahora, el recorte en las ayudas a estas tecnologías pone en riesgo un sector puntero, según las patronales de renovables. Aunque la mayoría de las grandes firmas nacionales tienen ya más de la mitad de su cartera en el exterior, el «boom» renovable en España ha sufrido un frenazo en seco. Y eso a pesar de que estas tecnologías logran reducir el coste de la energía y ahorrar al Estado unos cuantos millones de euros por culpa de la dependencia energética del crudo. En este sentido, la generación eólica fue el pasado julio la más alta de la historia en ese mes y el precio de la electricidad, el más bajo de este mes desde 2010. El precio medio de la electricidad en julio fue de 48,21 euros/MWh. El motivo es que, aunque tradicionalmente es un mes de poco viento y precios altos, en esta ocasión, se registraron una condiciones climatológicas que permitieron la generación eólica más alta de la historia en un mes de julio. Con el nuevo sistema de precios, se verá más clara que nunca la influencia de la eólica en la factura de la luz: los meses de más viento, como los del primer trimestre del año, lo lógico es que la factura de la electricidad baje. Y los de menos viento, como los de verano, previsiblemente subirá. La eólica continúa siendo la primera tecnología del sistema en lo que va de año en cobertura de la demanda, al satisfacer el 22,2% de las necesidades eléctricas de los españoles en los siete primeros meses. Otro ejemplo es la energía termosolar, que aumentó su producción un 29% en los primeros seis meses del año, hasta alcanzar los 2.446 GWh acumulados, frente a los 1.886 GWh en el mismo periodo del año de 2013, según Protermosolar. En mayo se registró la máxima producción acumulada por esta tecnología, con 731 GWh, lo que supuso el abastecimiento del 3,8% de las necesidades eléctricas de toda España. En lo que va de ejercicio, el récord de producción puntual se produjo el pasado 9 de julio, con más de 31,7 GWh. La mejor marca de producción respecto a la demanda se registró el pasado 13 de julio, cuando la termosolar llegó a suministrar el 5% de la generación eléctrica nacional y cubrió el 8,3% de la demanda, entre la una y las dos de la tarde.