El regulador catalán dice que la ley de comercio es totalitarista

La Autoridad Catalana de la Competencia ha vuelto a denunciar las difíciles condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales en la comunidad autónoma. Su informe sobre el anteproyecto de Ley de Comercio, Servicios y Ferias, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es contundente en sus conclusiones: «contiene una regulación altamente restrictiva en términos de competencia», algo que, sin embargo, no pilla por sorpresa al regular regional, que llega a hablar de «defender a un determinado modelo económico o empresarial en el sector del comercio, posición que sólo se puede calificar como planificación económica en detrimento de la economía de mercado». Para la ACCO, «el anteproyecto no favorece que el ejercicio de la actividad comercial en Cataluña se desarrolle en óptimas condiciones de competencia»

«La regulación de este sector ha sido históricamente objeto de crítica y controversia» precisamente por ser de carácter coercitivo. «En particular –dice la ACCO– la normativa de comercio tradicionalmente se ha fundamentado, por un lado, en limitaciones o dificultades para la implantación de nuevos establecimientos comerciales, es decir, problemas de acceso en el mercado (barreras de entrada) y, del otro, en limitaciones al ejercicio de la actividad comercial».

El anteproyecto de Ley, que ha sido sometido al trámite de información pública, mantiene la línea tradicional de regulación en materia comercial en Cataluña, fundamentada en tratar de proteger al comercio tradicional y pretender conseguir un equilibrio entre los diferentes tipo operadores con el objetivo de garantizar una oferta comercial equilibrada. Lo que queda sobradamente demostrado en el nuevo texto legal es que la ley no tiene como finalidad principal proteger a los consumidores, sino sistematizar y ordenar las modalidades de venta y las actividades promocionales que puedan desarrollar las empresas comerciales.

La ACCO dice que la protección del pequeño comercio de proximidad frente a otros operadores, una diferenciación hecha por motivos subjetivos, «constituye una discriminación inaceptable desde una óptica de competencia y no justificada en ninguna razón imperiosa de interés general».

La Comisión Europea envió en enero una carta a la Representación Permanente de España en Bruselas rogando la supresión de los impuestos aplicados por diferentes regiones (Cataluña entre ellas) a las grandes superficies comerciales por entender que pueden constituir una ayuda estatal ilegal si no se aplica a los puntos de venta minoristas.