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El sector forestal español pide un mayor protagonismo económico

El medio ambiente (y en concreto su cuidado y preservación) ha pasado de ser uno de los temas más tristemente olvidados a nivel mundial a colocarse en la primera página de las agendas de los líderes políticos. No hay más que ver que uno de los principales escollos en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos este verano ha sido la pugna de Sánchez e Iglesias por no ceder las competencias de Transición Ecológica en un hipotético Ejecutivo de coalición. Aunque los expertos coinciden en que el camino para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pasa por la innovación, lo cierto es que hay actividades centenarias que ya no tienen el protagonismo de antaño pero que, en el caso de sacarles partido, podrían ser un buen aliado para combatir la amenaza del cambio climático.

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Sin embargo, las regulaciones excesivamente restrictivas están haciendo mella en la progresión de la práctica forestal, un sector que reclama más atención y apoyo por parte del Estado escudándose en el potencial por explotar que tiene España.

Así, dar un impulso al sector forestal supondría estar un poco más cerca de la ansiada reducción de emisiones de CO2 para el año 2050 –objetivo del Acuerdo de París–, así como también decrecería el riesgo de incendios y permitiría de paso convertir la biomasa en energía limpia. «Revalorizar el sector forestal encaja perfectamente en una estrategia de cambio climático y economía circular donde el aprovechamiento de la biomasa forestal es fundamental para producir energía más limpia, menos contaminante y reducir el malgasto que se realiza de los recursos naturales. Una explotación sostenible y racional de la biomasa forestal permite obtener una fuente de riqueza estable y recurrente en el tiempo», apuntan portavoces del Institut Agrícola, la asociación agraria más antigua de España y uno de los referentes continentales. Pero se necesita que las instituciones públicas creen incentivos y permitan que los propietarios forestales puedan ceder derechos de explotación, tal y como ocurre con las tierras dedicadas a la agricultura.

De esta manera, reclama la puesta en marcha de una serie de políticas a nivel nacional que generen de paso un marco autonómico más uniforme para que haya «un equilibrio entre agricultura e industria, como emisiones de CO2 cada vez más eficientes, y un reforzamiento del sector forestal basado en una sólida estructura de propiedad, con una regulación que favorezca el aprovechamiento de los bosques y evite la penalización que supone una excesiva regulación medioambiental». Y es que «lo más importante es que se produzca un cambio radical del marco regulatorio y se incluyan incentivos para estas actividades».

Además, las zonas despobladas que podrían ser aprovechadas para la práctica forestal son ahora lugares de máximo riesgo. La mayor parte de ellas deriva del olvido de las explotaciones ganaderas. «El tema de la propiedad es también clave. Aquí existe una enorme cantidad de bosque que no es de nadie o que es de propiedad comunal. La mayor parte de ellos acaba abandonado y pasto de incendios», lamentan.

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Sin embargo, de lo que nadie duda es del potencial que tiene España. En la actualidad, es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal, solo por detrás de Suecia y Finlandia. Según datos de Eurostat recogidos por el Anuario Estadístico de España 2017, son 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas y un crecimiento anual de la masa forestal del 2,19%. Más de la mitad del territorio español es forestal. Por eso, el Institut Agrícola señala que el margen de mejora está en el aprovechamiento de los bosques: «Es donde existe un déficit claro respecto a los países europeos. Según la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, el nuestro es el octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan en el monte del orden de 30 a 40 millones de metros cúbicos de madera y biomasa».