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Empleo pide «vía libre» a Hacienda para elevar un 0,5% las pensiones

La medida tendría un coste adicional de unos 300 millones en los Presupuestos y beneficiaría a 8,4 millones de pensionistas

Prácticamente todos los ministerios han pasado por la «ventanilla» de Hacienda para pedir una mayor dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro, centrado en el ajuste del déficit público y en la reforma fiscal, no podrá contentar a todas las carteras en vísperas de las elecciones. Según ha podido saber LA RAZÓN, uno de los últimos ha sido el de Empleo, que ha reclamado al gabinete del ministro «vía libre» para elevar un 0,5% las pensiones el año que viene, frente al 0,25% previsto en la última reforma.

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La medida tendría un impacto cercano a los 300 millones de euros adicionales en el presupuesto de la Seguridad Social, según los cálculos preliminares. En términos relativos, y según la medida de las últimas previsiones de evolución del IPC de los diferentes analistas de la economía española, los precios crecerán cerca del 0,8% el año próximo. Aplicados los citados porcentajes sobre las cifras del presupuesto de 2014, con 112.103 millones de euros destinados a las pensiones contributivas, una subida del 0,25%, escenario base, supondría un coste extra de 280 millones, hasta los 112.383 millones. Si la revalorización es del 0,5%, la cifra escalaría hasta los 112.663 millones, 560 millones más.

No obstante, el número de pensionistas no para de crecer, y el capital destinado a prestaciones contributivas crecerá, como mínimo, un 3% el año que viene y superará los 116.000 millones. Con estas magnitudes, la diferencia entre aplicar una revalorización del 0,25% o del 0,5% a las pensiones supondrá una diferencia de más de 300 millones en el presupuesto de la Seguridad Social para prestaciones contributivas.

Con los cálculos anteriores, el presupuesto total inicial destinado a pensiones superará con toda probabilidad los 130.000 millones de euros. En el presente ejercicio, las cuentas públicas destinadas a esta partida ya arrojaron un incremento del 4,9%, desde 121.556,5 hasta 127.483,83 millones. Si se mantuviera el procentaje de subida del pasado ejercicio, la cifra rondaría los 133.500 millones.

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Población envejecida

En España ya hay casi 8,4 millones de pensionistas, según se desprende de los últimos datos de agosto, una cifra que no para de crecer todos los meses por el envejecimiento de los ciudadanos españoles. De este volumen de población, que ya ronda el 18% del total del país, la inmensa mayoría cuenta con derecho a voto en los próximos comicios, ya que hay 5,5 millones de jubilados, de los que muchos también perciben prestaciones por viudedad (2,35 millones, concretamente). En total, el número de pensiones superaba los 9,2 millones en el octavo mes del año.

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El Gobierno sabe que cada papeleta contará, más que nunca, en las elecciones autonómicas y, sobre todo, generales del próximo ejercicio. Cualquier «guiño» que reciba el colectivo se notará en los sufragios de mayo y noviembre, según prevé el Ejecutivo.

El Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la «llave» de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuyas líneas maestras se conocerán mañaña, cuenta además con un problema relevante en la elaboración de las cuentas públicas, que no es otro que las alertas europeas sobre una posible desaceleración económica de la zona euro que también afectará a España. Sucedió en 2009, se repitió en 2012 y puede volver a producirse.

De hecho, el aumento de los ingresos fiscales depende de una variable que el Gobierno no puede controlar en su totalidad, la consolidación de la recuperación económica. Además, la reforma fiscal tendrá un impacto de unos 9.000 millones de euros en la recaudación por IRPF y Sociedades, según los cálculos del Gobierno. Un capital que deberá ser recuperado o

paliado mediante los indirectos, sobre todo con el IVA. En términos de ajuste de gasto público, el Ejecutivo prevé ahorros por valor de unos 10.300 millones de euros el año que viene, especialmente en masa salarial del Estado, gasto corriente, transferencias y subsidios. El gabinete de Mariano Rajoy prevé gastar menos capital en prestaciones por desempleo, en línea con la caída del número de parados registrados en las oficinas del Ministerio de Empleo desde que comenzó el ejercicio.

En términos relativos, el déficit de 2014 no podrá superar el 5,5% del PIB, mientras que para 2015, el desequilibrio debe ser igual o inferior al 4,2%. El ajuste del «agujero» presupuestario, por tanto, será superior a los 13.000 millones de euros entre este año y el siguiente, siempre y cuando el Gobierno sea capaz de «embridar» con éxito tanto las cuentas del Estado –que ya se está produciendo– como, sobre todo, las de las comunidades autónomas. Las regiones también están en campaña electoral y el gasto público crece en la mayoría.