Es la hora de que la recuperación de la economía se refleje en la sociedad

Y para trasladarla, sin olvidar la necesaria reducción del déficit público, los expertos recomiendan: Subir los salarios y reducir la temporalidad, reactivar la contratación pública, descongelar la inversión en infraestructuras, impulsar la I+D+i y tender puentes entre el mundo académico y el profesional

La economía española crecerá este año más de un 3%. El PIB ha recuperado los niveles previos al estallido de la crisis. La tasa de paro podría reducirse hasta el 11% a finales de 2020... Es decir, las cifras son lo suficientemente positivas como para que la recuperación comience a reflejarse en los ciudadanos de a pie. La aprobación del aumento del techo de gasto en un 1,3%, además de sentar las bases para elaborar las cuentas del próximo ejercicio, permitirá incrementar el gasto público y ampliar la plantilla de funcionarios.

Los Presupuestos del Estado 2017 han hecho especial hincapié en las actuaciones de protección social y en los servicios básicos. Y es que el gasto social aumentará un 1,7% respecto a 2016, representando casi el 56% del total, frente al 53,5% que supuso el pasado año. En cualquier caso, los presupuestos fueron elaborados para reducir el déficit público hasta el 3,1%, facilitando así que en 2018 España pueda salir del Procedimiento de Déficit Excesivo.

La recuperación económica está incrementando los ingresos públicos. Y esa mejora se puede destinar a reducir déficit, bajar impuestos o recuperar algunos de los servicios públicos perdidos durante la crisis. Alain Cuenca, profesor de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, piensa que la prioridad debería ser la reducción del déficit y de los recortes, pero también sostiene que los empleados públicos tendrían que recobrar parte de su mermado poder adquisitivo. Opina que elevar el salario mínimo fue un acierto, como lo ha sido la convocatoria de nuevas plazas de funcionarios. Y, además, considera que deberían recuperarse los niveles de inversión en I+D+i y aumentar los recursos autonómicos para dedicarlos a sanidad y educación.

Cuenca sostiene que en España han aumentado las desigualdades, por lo que «ha llegado el momento de hacer una política económica de fortalecimiento de la competitividad, acompañada de una política social generosa con los perdedores de la crisis. Ese doble objetivo, liberal y social, es el que intenta Macron en Francia. Resulta difícil, pero es posible», apostilla.

En UGT, por ejemplo, son de la opinión de que el techo de gasto para 2018 debería suponer un definitivo punto de inflexión, en positivo, para una mayor inversión social en los servicios más demandados por la ciudadanía. Pues, a día de hoy, «existe un déficit de calidad importante en servicios como la sanidad, la educación o la justicia».

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. Al inicio de la crisis económica se recurrió a la política fiscal para hacer frente a las adversidades. Y para superar la situación se optó por un intenso ajuste del déficit público, así como por la implementación de medidas destinadas a elevar la recaudación tributaria y a reducir el gasto.

Como resultado, el déficit público se redujo hasta el 4,3% del PIB en 2016. Pero, una vez controlado, «se ha de seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario a medio plazo sin perder de vista que las administraciones tienen un volumen de deuda pública que ronda el 100% del PIB, que también ha de recortarse». Jaime Sanaú, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, afirma que los trabajadores han sido quienes, en mayor medida, han soportado el ajuste, bien perdiendo su empleo, bien recortando sus ingresos. «Si la remuneración de los asalariados en 2008 se situaba en el 50,1% del PIB, en 2016 representaba el 47,2% del PIB. Y en el primer trimestre de 2017, en el 46,9%». Sanaú recuerda que, en España, el salario medio por hora trabajada supone el 72% de la media de la eurozona –cuando llegó a situarse en el 76%–. Y remarca que hay que aprovechar la ocasión y el margen que proporciona la política fiscal y los estabilizadores automáticos para trasladar la mejora económica a la creación de trabajo. «Ha de ser un empleo de calidad con unos salarios dignos con objeto de elevar el peso de la remuneración de los asalariados en el PIB y apuntalar la recuperación».

Asimismo, destaca que la renta del 20% de las personas más ricas de España es 6,1 veces más elevada que la del 20% más pobre y que «el aumento de la desigualdad se refleja también en la tasa de riesgo de pobreza, que en 2016 se cifraba en el 22,3%. En definitiva, es la hora de la política social, de priorizar los gastos sociales para reducir la desigualdad y los efectos más perniciosos de la crisis, especialmente en las personas más vulnerables», insiste.

El alza de los salarios constituiría la mejor manera de trasladar la recuperación a los bolsillos del ciudadano. No obstante, Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asinver, advierte de que aunque el consumo haya ido de menos a más y pese a que las perspectivas resulten favorables, su crecimiento se ralentizará en los próximos dos años debido a la desaparición de algunos estímulos, como la rebaja fiscal y la caída de los precios de la energía. Por ello, ve necesario que el esfuerzo del estímulo pase del sector público al privado, lo que obligatoriamente implicaría mejoras salariales y retomar políticas de igualdad de oportunidades, entendidas como protección a las personas y no a los puestos de trabajo. «Será con una mejora del poder adquisitivo como mejor se perciba a pie de calle la recuperación. Revisiones salariales en funcionarios tirarán al alza sobre el conjunto del mercado laboral». Y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cobrarán este verano –posiblemente este mes– la subida salarial del 1% contemplada en los Presupuestos de 2017 –el año que viene el alza será mayor–. Flores apunta que ha llegado la hora de recuperar salarios, de reactivar la contratación pública, de volver a políticas de igualdad, de abordar la reforma de la educación y de dinamizar la creación de empresas. En este sentido, coincidiendo con las recomendaciones de los expertos consultados, el Gobierno presentará a finales de mes una estrategia para favorecer el crecimiento de las empresas y aumentar su competitividad.

Por su parte, José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, revela que con el aumento del empleo ya hay un traslado de la recuperación a los ciudadanos, pues presiona los salarios al alza. Y explica que en España eso ocurre con tasas de desempleo menores del 12-13%, que se podrían alcanzar en dos años. Sea como fuere, avisa de que la subida salarial debe tener en cuenta el efecto relativo a la mejora de la motivación y al aumento del consumo interno; y el relacionado con el incremento de los costes que no dificulte la competitividad de las empresas. «El equilibrio entre esos dos efectos sólo se puede calcular en cada compañía. Es el empresario el que puede evaluarlo. Eso lo permite la actual reforma laboral al descentralizar el convenio colectivo a nivel de empresa». Y es que «una subida indiscriminada puede perjudicar a compañías concretas e, incluso, crear desempleo».

SUBIR LOS SALARIOS. «Ya es momento de subir salarios», destacó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la histórica caída del paro registrado en junio. Una reclamación que respaldaron días después tanto el ministro de Hacienda como el portavoz del Gobierno.

Pese a que lo recomendable es que las subidas de sueldo se fijen en función de la productividad de cada compañía –ya que un aumento desmedido incrementaría los costes y, consecuentemente, frenaría la creación de empleo–, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, está de acuerdo con que los salarios más bajos suban incluso por encima del 2,5%. Sindicatos y patronal intentan cerrar el acuerdo de negociación colectiva, para el que los primeros han planteado una subida salarial de entre el 1,8% y el 3%, frente al incremento de entre el 1% y el 2,5% (medio punto vinculado a la productividad) que sugiere la patronal.

Desde UGT recuerdan que los beneficios empresariales ya se encuentran en niveles anteriores a la crisis, que se están repartiendo más dividendos, que subirán los sueldos de los directivos empresariales y que la inflación se mantiene en torno al 2%. Además, agregan, la recuperación del poder de compra y la garantía de que no se producirá ninguna pérdida de poder adquisitivo «constituyen un elemento importante para impulsar la demanda interna y, con ella, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. Sería beneficioso también para las pensiones, porque incrementaría las cotizaciones sociales y apuntalaría la financiación del sistema». Y es que la subida de los salarios podría resultar la vía para salvar los ingresos de la Seguridad Social.

Los sindicatos verían sobradamente justificada el alza salarial que proponen, dados los datos de aumento de la pobreza y de la desigualdad, de devaluación salarial, de reducción de costes laborales, de caída del poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de insuficiencia de las cotizaciones sociales, entre otros factores.

«Es necesario que se reparta la riqueza que se está creando». Fuentes del sindicato advierten de que la recuperación económica no ha comenzado a trasladarse a los ciudadanos en términos generales, y menos aún en los salariales. Reconocen que se está empezando a reflejar cuantitativamente, «pero no cualitativamente». Y lamentan que se esté creando empleo temporal y precario. «La mitad de los desempleados no tiene ningún tipo de cobertura. Todavía dos de cada diez trabajadores están desempleados, y uno de cada dos parados lo está desde hace más de un año. El número de hogares con todos sus miembros en paro asciende a 1,6 millones y hay 700.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Queda un largo camino que recorrer en ese necesario reparto equitativo de la riqueza. Y el crecimiento real de los salarios es una de las vías», apostillan.

Fuentes de UGT apuntan que lo lógico sería que los salarios subieran, como mínimo lo mismo que indica la previsión de inflación, pero que lo deseable sería que fuera «al mismo nivel que el crecimiento de la economía».

LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD. Ya se han recuperado siete de cada diez puestos de trabajo destruidos durante la larga crisis. En el primer semestre de este año se ha creado un 30% más de empleo que en 2016. Sin embargo, menos de dos de cada tres asalariados –en concreto el 64%– tienen un contrato indefinido a tiempo completo, por lo que la lucha contra la precariedad continúa siendo uno de los principales retos planteados en política laboral en nuestro país.

Y, más allá de la subida de los salarios, la simplificación de las modalidades de contratación tendría efectos muy significativos en este sentido. De hecho, el acuerdo de investidura sellado entre PP y Ciudadanos ya recogía la reducción a tres de las modalidades de contrato. Además, teniendo en cuenta la rebaja del IRPF que los de Rivera exigieron al Gobierno a cambio de apoyar el techo de gasto para 2018, no es de extrañar que esta simplificación hacia el «contrato único» para acabar con la brecha fijos-temporales se convierta en la próxima petición de la formación naranja. Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, piensa que habría que incentivar la contratación indefinida mediante la simplificación de los contratos temporales y la unificación de las indemnizaciones por terminación de contrato. En su opinión, habría que simplificar el número de contratos de trabajo a tres tipos: contrato indefinido, contrato temporal para necesidades empresariales y contrato para la formación para jóvenes. No obstante, considera que la simplificación no es suficiente para mejorar la calidad del mercado laboral, sino que habría que incentivar la contratación indefinida y la lucha contra el fraude en los contratos temporales.

Antes que por el contrato único, Sagardoy apostaría por la reducción de contratos, con una indemnización única a la que se pudiera añadir la implantación de la llamada mochila austriaca. Por su parte, Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, asegura que una simplificación de los contratos sería muy importante para reducir la dualidad del mercado de trabajo.

IMPULSAR EL EMPLEO PÚBLICO. El Gobierno aprobó la semana pasada una oferta de empleo público de 20.280 plazas, 15.998 ordinarias y 4.282 extraordinarias (nuevo empleo) para luchar contra el fraude y mejorar algunos servicios públicos, en lo que supone la mayor convocatoria desde 2008. Durante este periodo ha ido descendiendo la plantilla de empleados públicos en España, pasando de los tres millones con los que cerró 2008 a los 2,98 millones de 2016.

Sanaú recuerda que el rápido e intenso ajuste de la economía española durante los años de crisis exigió recortar la remuneración de los asalariados públicos (que en la actualidad representa algo más del 11% del PIB). «Durante el mandato de Zapatero se recortaron las retribuciones a los funcionarios y, posteriormente, se congelaron hasta 2016. El control del gasto público se acompañó de una importante reducción del número de efectivos en los servicios administrativos a través de la denominada tasa de reposición, que en 2008 fue del 100%; en 2009, del 30%; al año siguiente, del 15%; y entre 2011 y 2014, del 10%, y sólo para aquellos colectivos y sectores de actividad de la administración marcados como prioritarios (sanidad, educación, y cuerpos de seguridad del Estado)». En 2015, agrega, la tasa de reposición se elevó al 50% para los sectores prioritarios y en 2016 se aprobó una tasa de reposición general del 50% que se elevó al 100% para los sectores prioritarios.

El profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza insta a tener en cuenta que el gasto público representa casi el 44% del PIB. Es decir, más de 470.000 millones de euros. Opina que prolongar durante años las tasas de reposición del 10% hubiera afectado gravemente a la calidad de muchos servicios públicos, por lo que ve lógico que, cuando la economía crece y se controla el déficit y la deuda, se eleve la tasa de reposición e incluso se contraten nuevos funcionarios, ya que las plantillas pueden quedar excesivamente envejecidas y mermadas.

UGT venía reclamando, desde hace años, la urgente creación de empleo público neto en las administraciones, que ha sido posible gracias al cambio de orientación política del Gobierno en esta materia y a la recuperación del diálogo social. Fuentes del sindicato revelan que el reciente acuerdo alcanzado contribuirá a revertir la actual situación del empleo público. Y ponen de manifiesto que en seis años se han destruido 400.000 empleos públicos; que el volumen de empleo público es inferior, en un 10%, al de la media de la UE; que la edad media de los empleados públicos se sitúa en los 55 años; y que la tasa de temporalidad es del 24%.

Además, afirman que el efecto de un mayor volumen de empleo de esta naturaleza reporta mayor riqueza y disminuye los niveles de desigualdad en las regiones donde se genere. Por lo tanto, «aumentar la ocupación pública es una medida positiva para la economía española y su productividad. La definitiva reactivación económica y salida de la crisis no puede consolidarse ni prolongarse sin una potenciación y modernización del sector público».

DESCONGELAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS. Invertir 730 millones de euros en 1.121 kilómetros de carreteras convencionales evitaría 23 fallecimientos al año. Y el Gobierno presentó el viernes un plan de infraestructuras, próximo a los 5.000 millones de euros, para crear en nuestro país más de 2.000 kilómetros de autovía, con el que podrían generarse 150.000 empleos. Además, el Corredor Mediterráneo, por ejemplo, una vez terminado, podría incrementar cada año entre un 0,5 y un 1% el PIB de España durante una década. Es decir, que hay 100.000 millones de euros en juego en la gran apuesta del Gobierno en este ámbito.

Tras la recuperación económica, parece haber llegado el momento de volver a invertir en infraestructuras. Máxime, en un país como el nuestro, que depende tanto del turismo y de las exportaciones.

La consultora A.T. Kearney recomienda una inversión pública sostenida en España de, al menos, el 3,4% del PIB. Sin embargo, la necesaria corrección del desfase presupuestario ha frenado la inversión en infraestructuras, cuyo recorte durante los últimos siete años ha soportado el 53% del ajuste total. Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), asevera que ello ha situado la inversión pública en infraestructuras en niveles de hace 22 años, por lo que «nuestra inversión pública total es actualmente un 60% inferior a la media de las cuatro mayores economías europeas».

Si bien es cierto que España cuenta con una red de transportes de gran calidad, también lo es que resulta necesario invertir más en su conservación para evitar su deterioro; y que hay otras áreas de inversión prioritarias cuya ejecución no puede demorarse. Núñez destaca que nos jugamos nuestra competitividad y bienestar social en el medio y largo plazo. «Es en este momento, en el que la mejora económica resulta una realidad, cuando debemos recuperar el tiempo perdido y afrontar el reto de devolver a España a los niveles de inversión sostenida que necesita».

El presidente de Seopan lamenta que la incuestionable mejoría económica no se haya traducido en un incremento de la inversión en infraestructuras, al registrarse en 2016 el menor ratio de inversión sobre el PIB –el 1,9%– de la serie estadística. Y remarca que recuperar los niveles de inversión de los principales países de nuestro entorno sería indudablemente interpretado como la señal inequívoca de que nuestra economía ha superado sus desequilibrios. «Los principales déficits inversores se localizan en infraestructuras hidráulicas, medio ambiente, transporte terrestre y equipamiento público», informa.

Finalmente, Núñez revela que esta clase de inversiones genera un retorno fiscal del 49% de la inversión realizada, que crea 14 nuevos empleos por cada millón de euros y una actividad económica inducida de 0,92 euros por euro. «En nuestro informe se recogen 814 actuaciones que suponen 103.000 millones de euros, cuya ejecución implicaría la creación de un millón de nuevos empleos, un retorno fiscal de 50.851 millones de euros y una generación de actividad inducida en nuestra economía de casi 79.000 millones de euros», detalla.

TENDER PUENTES ENTRE EL MUNDO ACADÉMICO Y EL PROFESIONAL. Los avances tecnológicos obligan a ser más exigentes con los resultados de aprendizaje. Y para ello lo más recomendable es crear un sistema donde, a posteriori, pueda realizarse una evaluación y una medición tanto de las competencias como de las habilidades adquiridas.

Martínez piensa que tendríamos que ser mucho más prácticos en la educación y que las evaluaciones deberían ser continuas. «Debemos dejar atrás la memorística y desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico que les permita seleccionar y procesar la información recibida», agrega.

En España, 600.000 jóvenes menores de 25 años no encuentran empleo. Y es que la tasa de paro juvenil todavía se halla en porcentajes alarmantes del 40%. Pero no sólo se trata de «ninis», ni de jóvenes sin cualificación, sino que muchos universitarios españoles, tras finalizar sus correspondientes titulaciones, van directamente a parar a las listas del paro. De hecho, la tasa de empleo de los recién graduados en España es del 68%, la tercera más baja de la UE. Martínez lo achaca a la desconexión entre el mundo académico y el empresarial. Es más, de acuerdo con un reciente informe de Eurostat, el 40% de las empresas no encuentran los perfiles que buscan.

Así, tras la recuperación del mercado laboral, los expertos afirman que ha llegado la hora de impulsar una mayor relación entre los sistemas educativos y el aparato productivo. «Tenemos carreras sobredimensionadas (Administración de Empresas, Periodismo o Derecho) y otras con alta empleabilidad (las llamadas STEM: las técnicas y tecnológicas) que no cubren las plazas ofertadas».

Desde el punto de vista del presidente de IMF Business School, «debería existir un acercamiento entre el tejido productivo y las universidades, con encuentros que proporcionen los ministerios de Trabajo y Educación donde se pusieran de manifiesto tanto las necesidades de las empresas como las soluciones al alcance del sistema educativo para cubrirlas».

INVERTIR EN I+D. Los países de la UE invierten un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis. España, en cambio, dedica a este capítulo un 10% menos. Y aunque el gasto total ejecutado en 2015 creciera un 2,74% respecto al año anterior, el Producto Interior Bruto avanzó un 3,2%, por lo que el gasto en I+D en porcentaje del PIB se redujo al 1,22%, frente al 1,24% de 2014. Y es que la innovación lleva cinco años perdiendo peso. Por ello, los expertos apuntan que es la hora de desarrollar un plan estratégico de I+D con objetivos claros y que el impulso a la innovación representaría una señal de que la recuperación empieza a trasladarse a los españoles.

Fuentes de Cotec inciden en que es muy preocupante para el futuro del país que la recuperación económica no se haya traducido ya en una recuperación de la inversión en ciencia e innovación, y que resulta alarmante que ningún grupo parlamentario haya considerado prioritario en el debate presupuestario aumentar la inversión en este área.

SUBIR LOS TIPOS DE INTERÉS. Fuera de nuestras fronteras, y al compás de la mejoría que ha experimentado la economía europea, son muchos los expertos que piensan que también ha llegado la hora de subir los tipos de interés en Europa para favorecer a los ahorradores tras el castigo recibido durante los últimos años. La Fed volvió a subir las tasas en 0,25 puntos. Y el BCE podría seguir el mismo camino en 2018. No obstante, antes de subir los tipos de interés oficiales se debería acelerar la retirada de estímulos monetarios, lo que ya provocará subidas de tipos de interés reales –deuda pública, Euribor...–. Luis García Langa, director de aulafinanzas.com, considera necesaria esta subida, porque «la economía se está recalentando por el sobreendeudamiento, tanto de las administraciones como de las familias. Este nivel de tipos de interés provoca un exceso de liquidez que, si no se frena, originará alto consumo y, por lo tanto, alta inflación y nulo ahorro. La combinación de excesivo endeudamiento y alta inflación puede ser muy peligrosa en el medio plazo».

El objetivo del BCE es mantener los precios en torno al 2%. Actualmente, se encuentran por encima del 1%, así que «ya es necesaria cierta normalización». García admite que la subida de los tipos de interés podría interpretarse como una señal de la recuperación económica de la eurozona y sostiene que no es lógico que mientras que el crecimiento en la UE oscila entre el 1 y el 3% se vean tasas negativas.

Respecto a los efectos de una subida de los tipos de interés en los bolsillos, al margen de un encarecimiento de la deuda y de los préstamos referenciados a tipos variables, el ahorro con riesgo casi cero –letras del tesoro o depósitos bancarios– experimentaría repuntes de rentabilidad que supondrían un cambio de tendencia.