España ahorrará 700 millones al desligar los servicios públicos del IPC

El Gobierno estima que la desvinculación de los precios públicos de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), contemplada en la ley de desindexación aprobada por el Consejo de Ministros el viernes pasado, permitirá que los consumidores ahorren cerca de 700 millones de euros anuales en la contratación de servicios prestados o regulados por la Administración Pública. Esta previsión, elaborada sobre la base de una inflación del 2% (límite del Banco Central Europeo, BCE), permitirá ya en 2014 un recorte de gasto a los ciudadanos de unos 350 millones con una inflación del 1%, según señalaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.

La aplicación de la nueva normativa (a partir de enero de 2014) seguirá tres fases. La primera consistirá en la desvinculación de todos los precios de los servicios públicos del IPC, que será derogada y «blindada» ante posibles encarecimientos de la energía. En la segunda fase, Economía realizará una revisión de los costes de prestación de los servicios y, en función de esta variable, fijará el precio de los mismos. Las subidas no serán automáticas, advierten desde el Ministerio, sino vinculadas al coste. En el caso de los contratos ya firmados con empresas privadas, Economía se fija un plazo de seis meses para acordar un nuevo modelo de actualización.

Ni pensiones, ni impuestos

Entre los servicios afectados por la ley de desindexación no figuran ni las pensiones, ni los impuestos, ni los instrumentos financieros, ni la negociación salarial. La normativa afectará a las tasas y precios públicos como la expedición de títulos educativos; los precios regulados (energía, productos farmacéuticos, servicios postales y de telecomunicaciones universales, transporte urbano, etc.); determinadas ayudas a asociaciones; contratos del sector público; algunos seguros de responsabilidad civil e indemnizaciones, multas y sanciones actualmente vinculadas a la evolución del IPC.

El Gobierno estima que el impacto de la desindexación generalizada de precios en la economía española permitiría un incremento adicional del PIB del 0,41% el primer año (con demanda exterior del 2,5% más) y del 0,48% el segundo. Además, permitiría un incremento de la tasa de empleo del 1,05% en el primer ejercicio.

Alternativa al IPC armonizado

Economía ultima además el denominado como Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), una alternativa al IPC armonizado que empezará a publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que establecerá una evolución de los precios «compatible con la recuperación de la competitividad perdida». Para su cálculo, se cogerá la inflación armonizada de la UE y se le restará la proporción «razonable» por la pérdida de competitividad desde 1999. Esta referencia tendrá un suelo del 0% y un techo del 2% (límite de inflación del BCE).

Valores monetarios públicos afectados

- Tasas y precios públicos como los relativos a la expedición de títulos educativos.

- Precios regulados (energía, transporte urbano, productos farmacéuticos, etc.).

- Ayudas y subvenciones que estén indexadas como determinadas ayudas a asociaciones.

- Precios de los contratos del sector público.

- Cuantía de los seguros de responsabilidad civil obligatorios para el ejercicio de determinadas actividades.

- Indemnizaciones que estén indexadas.

- Sanciones y multas que estén indexadas.