Extender la jornada de 35 horas a los funcionarios costaría 1.200 millones

Hacienda negocia con los sindicatos la reducción del tiempo de trabajo en las administraciones, aunque reconoce que habría un problema de «sostenibilidad» El Ejecutivo abre también la puerta a una subida salarial en el sector público superior al 1% para 2018.

Extender a todas las administraciones públicas la jornada laboral de 35 horas semanales tiene precio: entre 800 y 1.200 millones de euros. Ésta es, al menos, la cantidad que ha calculado el Ministerio de Hacienda en el contexto de la negociación que mantiene con las principales organizaciones sindicales para su posible generalización. Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública, confirmó ayer la existencia de estas negociaciones y precisó el coste de extenderla como normativa básica. «Habría un problema de sostenibilidad, pero de todo se puede hablar», precisó.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas de su departamento para este año, Collado explicó precisamente que ya se está hablando de ello con los representantes de los sindicatos más significativos (CSIF, CC OO, UGT), así como de otras reivindicaciones, con el fin de que durante la legislatura se puedan alcanzar otros acuerdos como el ya suscrito en materia de empleo público.

Con respecto a la jornada de 35 horas, precisó que «no se trata de la recuperación de un derecho», ya que cuando el Gobierno fijó en 2012 de manera general la jornada de 37,5 horas, sólo dos autonomías tenían entonces la de 35 horas. Se trataba, según Ep, de Asturias y Andalucía. Fuentes de CSIF explicaron que, actualmente, sólo gozan de esta jornada «reducida» de 35 horas los funcionarios de la comunidad andaluza y los que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid, mientras que en el resto de administraciones su duración es de 37,5 horas, tal y como estableció de forma general el Ejecutivo. Entre ellos figuran también los más de 500.000 funcionarios del Estado.

«Se trata de una demanda, pero no es una recuperación de un derecho», remarcó Collado, quien añadió que en el resto de Europa únicamente existen dos países con esa jornada reducida, «y uno de ellos se lo está pensando», mientras que en el resto disponen de jornadas de más de 40 horas». Precisamente Andalucía empezó a aplicar desde el mes de enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un «mecanismo de entendimiento» que si no culmina con éxito, llevará al Estado a interponer, según informa Ep, un recurso de inconstitucionalidad.

La secretaria de Estado anunció también la constitución de un grupo de trabajo para analizar los principales problemas de cuatro servicios de atención al público, con el fin de evitar su saturación y que se multipliquen las quejas de los ciudadanos. Se trata del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de la Seguridad Social y del DNI. Según sus cálculos, en un plazo de dos años el Gobierno podría culminar una nueva organización de estos servicios, aprovechando la reposición del 100% de sus efectivos y la distribución de efectivos.

En busca de apoyos

Collado aprovechó para pedir apoyo a los Presupuestos, con el fin de que pueda aprobarse la convocatoria de empleo contemplada, que implica la creación de 67.000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas a lo largo de este mismo ejercicio. De ellas, 19.000 corresponden al Estado, 20.000 a los ayuntamientos y 28.144 a las autonomías. El acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado ya con las organizaciones sindicales supone reducir hasta un máximo de un 90% los interinos existentes en la actualidad, en un plazo de tres años, y que la temporalidad resultante no supere el 8% de efectivos en cada ámbito.

Collado aprovechó también su presencia en el Congreso para abrir la puerta del Gobierno a la posibilidad de incrementar por en cima del 1% el salario de los funcionarios públicos en 2018. Según dijo, Hacienda esperará a la aprobación de las cuentas de este año, que ya contemplan la subida del 1%, para sentarse a negociar las cuentas del próximo año y un incremento superior.

Buenas perspectivas

La secretaria de Estado explicó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció «expectativas» y «muy buenas perspectivas de crecimiento económico» en la firma del acuerdo por el empleo público el pasado 29 de marzo, lo que podría apoyar «una subida salarial mayor» a la de este mismo año. Ésta es, precisamente, una de las reivindicaciones que están formulando estos días las organizaciones sindicales a los representantes de la Función Pública. No obstante, Collado indicó que todavía hay que «esperar un poco», ya que lo prioritario por ahora es sacar adelante los Presupuestos de 2017 para posteriormente «sentarse a negociar» con los sindicatos la variación salarial. «Desde luego, el ministro quiere sentarse a hablar y su deseo es intentar que las subidas salariales sean un poco mejores, claro que sí».

Los sindicatos reclaman en concreto la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento de los sueldos de 1% en los Presupuestos de 2016, informa Ep. Precisamente esta pérdida de poder adquisitivo fue uno de los argumentos empleados ayer por el PSOE para sustentar la presentación de algunas enmiendas.

Un plan creíble contra el déficit

El gobernador del banco de España, Luis María Linde, reclamó ayer en el Congreso un plan «con un diseño detallado y creíble» para reducir la deuda y el déficit público, y «mecanismos de vigilancia» para actuar en caso de que se produzcan desviaciones en los ingresos, ya que, según informa Ep, cree «un poco optimista» y «elevada» la previsión de los mismos. «Resultaría crucial adoptar una perspectiva temporal que fuera más allá del ejercicio presupuestario anual, con un diseño detallado y creíble de corrección del déficit público orientado a reducir gradualmente el endeudamiento público», aseguró, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos.