Fianza civil de 16 millones para Blesa y de 3 para Rato

El juez Andreu ha impuesto fianzas de 16 y 3 millones de euros a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias y les da tres días para pagarlas si no quieren ser embargados.

Los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, tendrán que depositar en la Audiencia Nacional, antes del próximo miércoles, 16 y tres millones de fianza civil, respectivamente, para hacer frente a las posibles responsabilidades por los perjuicios causados a la caja de ahorros debido al uso que hicieron de las tarjetas opacas los 86 ex directivos de la caja. Así lo acordó ayer a instancias de la Fiscalía Anticorrupción –una petición a la que se adhirió el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)– el juez Fernando Andreu, que investiga la supuesta utilización irregular de esos medios de pago entre 2003 y 2012.

El juez tomó esta decisión tras tomarles declaración junto al ex director financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, al apreciar en su conducta indicios de un delito continuado de administración desleal, «que sanciona a los administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de perjuicios con abuso de las funciones propias de su cargo», informaron fuentes jurídicas. En función del curso de las investigaciones, a esa imputación se podría añadir la de apropiación indebida si se acredita que los imputados, y el resto de ex directivos, hicieron un uso indebido de las llamadas tarjetas «black».

El juez ha fijado el montante de la fianza –que podría extenderse al resto de ex directivos beneficiarios– teniendo en cuenta el dinero que durante su mandato como presidentes de la caja se gastó con esas tarjetas de forma presuntamente ilícita –la gran mayoría, durante la presidencia de Blesa– y añadiéndole el mínimo adicional del 25% que recoge la ley, añadieron esas mismas fuentes.

Con esas cantidades, el juez de la Audiencia busca «asegurar las responsabilidades pecuniarias, que comprenderían tanto la responsabilidad civil como las multas que se pueden terminar imponiendo». En caso de no satisfacer las fianzas antes del plazo fijado por el magistrado, se procedería al embargo de sus bienes.

Durante sus declaraciones ante el juez, tanto Blesa –que según fuentes presenciales se mostró «muy sorprendido» al conocer la decisión del juez– como Rato negaron que controlaran el uso de esas tarjetas que, según coincidieron, estaban instauradas mucho antes de su llegada a la entidad, en los años 80. Blesa, que gastó 436.700 euros con su «tarjeta B» entre 2003 y 2010, se refirió a ellas como «un complemento retributivo de libre disposición», que era «una tradición inveterada en la casa, una práctica consuetudinaria» que simplemente constituía «una compensación de los gastos que originaba el ejercicio de consejero». Rato, sin embargo, adujo que se trataba de una parte del salario que se descontaba de la retribución anual –aunque aclaró que al tratarse de una cantidad menor respecto a su salario no revisaba las nóminas para comprobar si se restaba–.

El ex presidente de Caja Madrid señaló al departamento de recursos humanos y al comité de medios de la entidad como los encargados de repartirlas, mientras que Rato apuntó directamente a Sánchez Barcoj –que cargó a la tarjeta opaca 575.079 euros ya reintegrados–. El ex ministro desveló que, tras enterarse el pasado junio de las supuestas irregularidades, devolvió íntegramente las cantidades que gastó, 99.037 euros –hasta ahora sólo había trascendido que había reintegrado los 54.837 euros de Bankia–. Muy al contrario, Blesa explicó que no tiene intención de devolver nada «porque entiende que se trataba de un complemento retributivo». Eso sí, aclaró que ya ha regularizado con Hacienda esos emolumentos «al darse cuenta de que no había tributado por ellos». Al igual que el ex ministro, aseguró que «en ningún momento fue consciente» de que no se respondiera ante la Agencia Tributaria por los gastos de esas tarjetas, pues «apenas era un 2% de su sueldo y no se trataba de una cantidad significativa».

Blesa insistió al juez Andreu que «jamás entregó ninguna tarjeta». Él se limitaba, recalcó, a «dar el visto bueno, pero no decidía», trasladando la responsabilidad al comité de medios de la entidad. «Pero si usted era el presidente de la caja, ¿cómo iba a reportar a un órgano inferior?», le preguntó sorprendido el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón, quien según las fuentes consultadas se mostró «muy duro» en los interrogatorios, haciendo pasar a los imputados «momentos de bastante apuro». «Nadie me dio nunca ninguna explicación», respondía reiteradamente Blesa. Hasta que el fiscal le recordó: «Oiga, era el presidente de Caja Madrid, las explicaciones las tenía que dar usted como máximo responsable».

Sánchez Barcoj, sin embargo, apuntó a los máximos responsables de la entidad y mantuvo que las tarjetas no entraban dentro de su competencia, sino que dependían directamente de Presidencia. De hecho, contó que tras la salida de Blesa «dejaron de existir» a finales de 2011 y fue supuestamente Rato quien las volvió a instaurar en febrero de 2012.

El ex ministro contó, por contra, que cuando fue designado presidente de la entidad «las tarjetas ya estaba emitidas» y que fue Sánchez Barcoj quien se la entregó –al igual que otra tarjeta de carácter corporativo que los tres reconocieron que también tenían aunque «prácticamente no se usaba»–. «Me dijo que era para mi uso personal», precisó. «Todo el mundo sabía de su existencia» aunque, añadió, «desconocía el grado de control». Eso sí, dijo que esa «peculiaridad» de Caja Madrid, heredada después por Bankia, «no existía en otras cajas».

Al llegar a la presidencia, explicó, tomó la decisión de que sólo cinco directivos las mantuviesen, entre ellos él mismo y el propio Sánchez Barcoj. Cuando el juez Andreu preguntó a Rato si tenía presente que la Ley de Cajas fijaba los límites de los sueldos de los consejeros y delimitaba los gastos de representación y las dietas, el ex ministro insistió en que en todo momento estaba convencido de que “se estaba cumpliendo la ley, porque las cuentas de la entidad pasaban inspecciones periódicas y nunca se detectaron irregularidades”.