Fianzas de 4,3 millones para los 21 consejeros que usaron las tarjetas «black»

El magistrado fija unas cuantías que oscilan entre los 11.000 y los 610.000 euros y advierte a todos de que si no las depositan se procederá al embargo de sus bienes.

Veintiún ex consejeros de Caja Madrid usuarios de las tarjetas opacas tendrán que hacer frente antes de tres días a fianzas civiles que suman 4,3 millones de euros. Así lo decidió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu –que investiga la utilización de estas tarjetas opacas, con las que ex directivos de la entidad gastaron 15,5 millones entre 2003 y 2012– ante los «indicios racionales y bastantes» de que los imputados pudieron cometer un delito de administración desleal o de apropiación indebida. El magistrado ha fijado el importe de las fianzas sumando a las cantidades gastadas por cada uno el tercio que fija la ley, advirtiendo a los ex consejeros de que, si no las prestan en el plazo indicado, se ordenará el embargo de sus bienes. El ex consejero José Antonio Moral Santín, designado a propuesta de Izquierda Unida (IU), tendrá que abonar la fianza más alta, 610.000 euros, mientras que el juez ha fijado la de menor cuantía, 11.000 euros, al ex ministro socialista Virgilio Zapatero. Andreu ha descontado del importe final las cantidades que algunos ex consejeros devolvieron.

En su resolución, el magistrado explica que en un principio, bajo la presidencia de Jaime Terceiro, las tarjetas se utilizaban «única y exclusivamente» para gastos de representación y se «debían justificar» esos desembolsos, estableciéndose además un límite de gasto. De hecho, el propio Terceiro declaró que el criterio «no era en absoluto elástico» y, por ejemplo, no se admitía como gasto de representación «una comida celebrada en viernes».

Pero con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996, el límite de gasto «fue aumentando con el tiempo» y el control sobre la utilización de la visa «desapareció por completo». Los imputados ni siquiera se han puesto de acuerdo en sus declaraciones judiciales, recuerda Andreu, sobre si se trataba de un complemento de su sueldo o de gastos de representación. El magistrado, sin embargo, lo tiene claro: en ningún caso, recalca, podía tratarse de un sobresueldo pues «escapa a las normas de sentido común y de la lógica empresarial» que un complemento retributivo se pudiese utilizar «de forma discrecional» sin necesidad de justificación y sin un documento contractual que recogiese esas percepciones. Eran, dice, tarjetas de empresa, al menos en su origen.

Andreu sostiene que la declaración que prestó en la Audiencia el ex consejero Francisco Verdú es «contundente» al respecto. Verdú rechazó utilizar la tarjeta en cuanto se le mencionó que era «para sus gastos, sin necesidad de justificación». Algo similar, les reprocha el juez, debieron hacer los 82 ex directivos imputados, que «debieron y pudieron conocer» que esa práctica –que Verdú dijo no haber visto jamás en sus 30 años en el sistema bancario– «podía menoscabar los fondos de la entidad». La entrega de una tarjeta en esas condiciones, se queja el magistrado, «no se puede entender como aceptable».

Pero lo cierto es, añade, que «decidieron utilizarlas y que lo hicieron para usos distintos» de los previstos, «generando en provecho propio en perjuicio a la entidad que administraban». «No es de recibo» –se queja– que ahora pretexten que nadie les llamó la atención por su uso. «Deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta irregular práctica», dado que la supervisión y control de la utilización de las tarjetas opacas «estaba entre sus atribuciones». El instructor mantiene que la imposición de las fianzas no es «precipitada» ni «prematura», porque hay ya indicios delictivos que llevarían aparejada una responsabilidad civil. Y más, añade, teniendo en cuenta que la fecha del juicio aún no está próxima. Andrés Herzog, abogado de UPyD –que ejerce la acusación popular en este procedimiento y que denunció en la Audiencia la salida a bolsa de Bankia– calificó ayer de «buenísima noticia» la decisión del juez Andreu, pues el dinero de las fianzas servirá «para compensar a los estafados de la salida a bolsa de Bankia y de las preferentes».

Por otro lado, la Fiscalía ha recurrido en apelación la fianza de 800 millones que impuso Andreu a Bankia y a su matriz, BFA, y a cuatro ex consejeros de la entidad. La Fiscalía considera que no puede asegurarse razonablemente que la fianza impuesta a Bankia «persiga conjurar el peligro de frustración de la responsabilidad civil que en su momento pudiera imponérsele». «Antes al contrario, se revela como innecesaria para proteger a los miles de inversores que acudieron a la OPS».

Las fianzas

Estas son las fianzas que deberán pagar los 21 imputados

- José Antonio Moral Santín, 610.000 euros

- Estanislao Rodríguez Ponga, 341.000 euros

- Francisco Baquero, 356.000 euros

- Antonio Romero, 337.000 euros

- Ricardo Romero de Tejada, 283.000 euros

- José María de la Riva, 279.000 euros

- Ramón Espinar, 238.000 euros

- María del Carmen Cafranga, 234.000 euros

- Ignacio de Navasqües, 210.000 euros

- Rodolfo Benito, 188.000 euros

- Alberto Recarte, 187.000 euros

- José María Arteta, 186.000 euros

- Jesús Pedroche, 172.000 euros

- Mercedes Rojo, 160.000 euros

- Jorge Gómez, 131.000 euros

- Gerardo Díaz Ferrán, 126.000 euros

- Pedro Bedia, 105.000 euros

- Luis Blasco, 69.000 euros

- María Enedina Álvarez, 63.000 euros

- José Ricardo Martínez Castro, 59.000 euros

-Virgilio Zapatero, 11.000 euros