El fiasco de Teresa Ribera: canaliza cero euros de los fondos europeos en dos años

Los fondos europeos no están llegando a la economía real, se están gastando mal, con un exceso de burocracia que retrasa los pagos, que no cumplen la previsión de actividad de la inversión privada y un montante muy elevado se escapa en gastos de gestión. Estas son algunas de las conclusiones del último informe sobre los fondos Next Generation realizado por el Instituto Juan de Mariana. En él se critica con dureza la opacidad mostrada por el Plan de Recuperación, ya que advierte de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021.

De igual modo, la Conferencia Sectorial que gobierna la coordinación del programa con las comunidades autónomas lleva más de tres años sin celebrar una sola sesión. Incluso la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha criticado esta falta información. El informe, que remite a fuentes oficiales –entre ellas el IGAE, la Comisión Europea, comunidades autónomas y fuentes ministeriales–, avisa de que los pagos realizados en 2023 suponen menos de tres de cada 10 euros bajo gestión, y duda de que incluso ese desembolso se haya ejecutado de manera efectiva y haya llegado a financiar un proyecto real. ¿Por qué? Porque «el Gobierno no ha ofrecido datos de ejecución real desde el mes de agosto de 2021».

Según las estimaciones elaboradas por Fedea, la ejecución real habría sido del solo 27% en 2021, 24% en 2022 y un exiguo 9% en el primer semestre de 2023. Si se agregan las cifras de todo el periodo 2021-2023 en base a las evaluaciones anuales de la Comisión Europea, «los gastos que realmente se han realizado desde que se puso en marcha el programa Next Generation apenas han llegado al 25,1% de los fondos previstos para el trienio». Por tanto, por cada 100 euros movilizados desde las instituciones europeas, España apenas habría desembolsado 25 euros.

El Instituto pone un ejemplo clarificador sobre la falta de ejecución de estos fondos, por el desempeño ha sido «especialmente negativo» en el Ministerio de Transición Ecológica, que volcó la ejecución de los fondos a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Según detalla el informe, en 2022 este organismo debía haber canalizado 2.380 millones de fondos europeos correspondientes a dicho ejercicio, pero «su balance de pagos realizados fue de cero euros, fue nulo». En 2023 sucedió algo similar: «Cero euros frente a un presupuesto de 3.047 millones. «Resulta llamativo que la figura de Teresa Ribera, titular de la cartera de Transición Ecológica, se haya descrito como la de una dirigente preparada para asumir funciones de alta responsabilidad en Bruselas, habida cuenta del nefasto uso que ha dado a los recursos movilizados por la propia Unión Europea», apunta el Instituto.

Fuentes ministeriales niegan estas conclusiones y señalan que sobre un presupuesto asignado al IDAE de 10.430 millones para gestión directa se han ejecutado ya 9.500 millones, el 91%. «También se han transferido a las comunidades autónomas 4.235 millones, cuyo grado de ejecución alcanza los 2.065 millones, el 48%», según los datos aportados por las propias regiones.

Sin embargo, el Instituto cree que una cosa son fondos asignados y otra que se hayan pagado. Aunque los Presupuestos Generales del Estado consignaron 24.198 millones de fondos europeos en 2021, 26.900 millones en 2022 y 28.691 millones en 2023, la cifra realmente gastada del montante global se ha situado en 2.400 millones para 2021, 5.200 millones para 2022 y 12.400 millones para 2023, según estimaciones de la propia Comisión Europea. Estas cifras suponen apenas el 0,1%, el 0,4% y el 1% del PIB de cada uno de los tres años analizados.

Transición justifica que los fondos directos «se entregan solo cuando el proyecto ya está realizado», aunque hay entregas a cuenta y adelantos con garantía de pago. En las cuentas del IDAE aparecen unos exiguos anticipos por 184 millones en 2021 y 2022, y 212 millones en 2023.