Tsipras capitula para evitar la quiebra de Grecia

El Gobierno griego ha llegado a un acuerdo con los acreedores internaciones sobre los términos de un tercer plan de rescate y ya sólo quedan pendientes «dos o tres asuntos menores».

El acuerdo está a punto de caramelo, aunque quedan algunos flecos. La Comisión Europea fue ayer muy prudente a la hora de lanzar las campanas al vuelo sobre una luz verde provisional que sigue calificando como técnica. Bruselas sigue manteniendo el secretismo más absoluto sobre los detalles del memorándum de entendimiento (Mou) a la espera de que llegue el aval político por parte de los miembros de la zona euro.

Fuentes diplomáticas europeas, sin embargo, certifican que será necesario un nuevo paso al frente por parte de Grecia en forma de medidas calificadas como prioritarias por parte de Bruselas y que resultan muy sensibles en ciertos sectores de país.

Dentro de este apartado que Atenas debe ultimar a velocidad de vértigo para que pueda recibir la ratificación parlamentaria este jueves, estaría el fin del régimen fiscal especial del que disfrutan los agricultores en la compra de gasóleo y en el impuesto sobre la renta. Atenas está barajando una eliminación en dos fases que proteja especialmente a los agricultores profesionales en detrimento de aquéllos que poseen tierras sólo como modo de ocio.

Los cambios también pueden afectar a una de las leyes estrella aprobadas por Syriza para aplazar las deudas. Los acreedores de la troika quieren unos plazos más severos para aquellos deudores con unos ingresos elevados. Dentro de este capítulo, también genera debate cómo gestionar los 90.000 millones de euros de deudas consideradas impagables que lastran el balance de los frágiles bancos griegos atenazados por el corralito. Asimismo, la reforma de las pensiones con el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años y el fin de las prejubilaciones sigue siendo uno de los grandes apartados pendientes.

Según la prensa local, dentro de las medidas cuya puesta en marcha la troika quiere acelerar estaría también incluida la retirada de las exenciones tributarias para las islas a finales del año que viene (uno de los históricos tabúes del Gobierno de Syriza, que ha luchado con uñas y dientes para defender su excepcionalidad), la desregulación del mercado de la energía y la puesta en marcha del fondo fiduciario con valor de 50.000 millones de euros que actuaría como aval ante un posible impago por parte de Grecia.

Atenas ha conseguido que este fondo esté situado en Grecia y no en Luxemburgo como pretendían inicialmente los miembros de la zona euro. A pesar de este pequeño triunfo, la Comisión Europea supervisará de manera directa la gestión de este fondo.

Los socios de la zona euro también están presionando a Grecia para que modernice su economía y liberalice los horarios comerciales y el acceso a determinadas profesiones.

Esta nueva batería de medidas se uniría a los cambios a los que tuvo que hacer frente el Gobierno de Syriza con la subida del IVA aprobada, la puesta en marcha de una oficina estadística el día 15 de julio y la adaptación a la legislación helena de la directiva europea sobre la liquidación ordenada de las entidades financieras.

Hasta ahora el Ejecutivo de Syriza ha luchado para no tener que enfrentarse a nuevas aprobaciones parlamentarias urgentes bajo el dictado de la troika y confiaba en un visto bueno general de todo el paquete de rescate.

A pesar de esto, el Gabinete de Alexis Tsipras saca pecho. Según ha filtrado el propio Ministerio de Finanzas heleno en un documento que no es definitivo, el calendario de reducción de déficit pactado entre Bruselas y sus acreedores en las últimas negociaciones resulta mucho más benigno que el acordado hasta el momento, fruto también de la parálisis causada en el país tras la imposición del corralito bancario.

Según esta nueva hoja de ruta, con un nuevo escenario macroeconómico, Atenas estaría obligada a alcanzar un déficit primario (descontado el pago de los intereses de la deuda) del 0,25% el próximo ejercicio frente al 1% de superávit pactado anteriormente. Su superávit primario debería situarse en el 0,5% y el 1,75% para 2017. Sólo a partir de 2018 Grecia cumpliría la meta ya acordada del 3,5%. Unos nuevos plazos que para el Gobierno griego son una «adaptación suave» compatible con el crecimiento y que no exigen recortes adicionales durante los próximos dos años.

Los estragos del corralito

El prestigioso instituto heleno IOBE ha estimado que los controles de capital que mantuvo Grecia durante el mes pasado para evitar la retirada de dinero de los bancos han causado estragos económicos para el país que se traducen en una recesión de entre 2,0 y 2,5% este año a pesar de que en 2014 se alcanzó la cifra de crecimiento del 0,7%. Asimismo, el producto manufacturero experimentó durante el pasado mes de julio un desplome récord, ya que se hundió desde los 46,9 puntos del índice PMI en junio a los 30,2.

El principio de acuerdo fue recibido como agua de mayo en la bolsa ateniense que, al contrario del resto de mercados europeos, subió, un 2%, pese a la devaluación del yuan chino. Atenas acumula dos jornadas consecutivas con subidas tras el desplome del 15,2% registrado en la primera semana tras la reapertura bursátil.

Exigencias «prioritarias» de la troika

- Seguridad Social

Entre las 35 medidas prioritarias que Atenas debe aprobar de forma urgente, figura la modificación de la reciente ley que permite la devolución de las deudas a la Seguridad Social y a Hacienda en cien tramos. La idea es que los deudores que tengan ingresos altos devuelvan su dinero más rápido y que los intereses de la demora suban de un 3% a un 5% para los pagos superiores a 5.000 euros.

- Saneamiento bancario

Los negociadores pretenden que las entidades financieras del país vendan las carteras de deudas morosas a fondos especializados, conocidos también con el nombre de «fondos buitre». Las autoridades helenas rechazaban ayer esta idea y, en su lugar, defendían la creación de un banco malo con el objetivo de derivar hacia él esas carteras de dudoso cobro.

- Convenios laborales

Dentro de la reforma laboral propuesta como exigencia para desatascar la entrega de fondos, los acreedores presionan a Atenas para que la vigencia de los convenios colectivos caducados sea sólo de tres meses, y que después expiren. Las autoridades helenas negocian en cambio que el plazo sea mayor. Fuentes de la negociación lo cifran en concreto en seis meses.

- Privatizaciones y desregulación

El futuro fondo de privatizaciones centra buena parte de las discusiones. El objetivo es que Grecia transfiera al mismo activos públicos por unos 50.000 millones de euros. El Gobierno ha propuesto que este fondo se materialice en 30 años para obtener más rendimiento a las propiedades si hay que privatizarlas a corto plazo. También se exige la desregulación del mercado del gas.

- Medidas tributarias

Se exige el fin del régimen fiscal especial del que disfrutan tanto las islas (el 5% para hoteles y el 9% para restaurantes) como los agricultores en la compra de gasóleo y en el impuesto de la renta. Asimismo, la troika quiere que el «impuesto solidario que pagan las rentas de entre 50.000 y 100.000 euros anuales pase del 4% al 6% y que se incrementen las tasas que pagan los atónomos y pymes griegas sobre sus futuros ingresos.