Hacienda pone la lupa sobre el IVA y los pagos en efectivo

Montoro anuncia un nuevo plan de lucha contra el fraude. Endurecerá el control sobre las liquidaciones y limitará los aplazamientos de las empresas con la Agencia Tributaria.

Montoro conversa con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas momentos antes del inicio de la sesión de control al Ejecutivo
Montoro conversa con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas momentos antes del inicio de la sesión de control al Ejecutivo

Montoro anuncia un nuevo plan de lucha contra el fraude. Endurecerá el control sobre las liquidaciones y limitará los aplazamientos de las empresas con la Agencia Tributaria.

El Gobierno no subirá el IVA pero sí endurecerá el control para evitar el fraude en las liquidaciones de este impuesto. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante su la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Cuestionado por Ciudadanos sobre los planes del Ejecutivo para combatir el fraude fiscal, el ministro avanzó una serie de iniciativas para elevar la recaudación tributaria, entre las que se incluirán medidas para reducir los pagos en efectivo. En este sentido, explicó que pronto llevará a las Cortes un plan más concreto que «puede reportar importantes ingresos» a partir de 2017.

Inspección «más eficiente»

Será la próxima semana cuando empiece a concretarse el plan adelantado ayer por Montoro, que supondrá un endurecimiento de los controles contra el fraude y la introducción de nuevas normas en la inspección tributaria para hacerla «más eficiente». El ministro también afirmó que tiene en mente revisar los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria por parte de las empresas. Para Montoro, «no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy, las empresas se financien sobre la Hacienda de todos» y haya un volumen de deuda pendiente «de decenas de miles de millones de euros». Estas medidas podrían entrar en vigor a principios de año mediante un decreto ley.

Montoro defendió este plan como una vía de mirar al futuro y dejar de dar vueltas al pasado y a la amnistía fiscal de 2012, que era la cuestión principal que se planteaba en la interpelación de Ciudadanos. El portavoz de Hacienda de la formación naranja, Francisco de la Torre, recordó que los defraudadores que se acogieron a la amnistía no pagaron el 10% de los bienes aflorados que exigía la ley, sino un tipo efectivo cercano al 3%. «Si no somos capaces de exigir el 10% de la amnistía, ¿cómo vamos a convencer a los españoles de que tienen que pagar los impuestos? Ésa es la norma fiscal más importante», dijo De la Torre. Ciudadanos considera que el plazo para que la Agencia Tributaria revise y reclame estas declaraciones vence el próximo 30 de noviembre, a menos que se envíe una notificación.

No obstante, Montoro insistió en que el proceso «no prescribe» y que la Agencia Tributaria podrá seguir investigando, como muestra la carta informativa remitida a todos los que se acogieron a esta regularización extraordinaria. En cualquier caso, el ministro de Hacienda apuntó que la amnistía permitió aflorar una gran cantidad de patrimonio en el exterior y que la lucha contra el fraude «ha recaudado como nunca» en los últimos años. En este sentido, aseguró que gracias a la amnistía afloraron 95.000 millones de euros netos que no estaban identificadas por las autoridades tributarias, además de recaudarse 50.000 millones de euros desde el año 2012.

El ministro de Hacienda señaló que España «necesita seguir ahorrando» para cumplir con el objetivo de déficit de 2017, fijado por la Unión Europea en el 3,1% del PIB. Para ello, explicó que los 5.000 millones de euros ahorrados este año en comparación con el techo de gasto inicial de 2016 serán el punto de partida para marcar el límite de gasto de las administraciones públicas el año próximo. Aunque Ciudadanos señaló hace unos días que el Gobierno había aceptado elevar esa cantidad, el Ejecutivo atribuye esa afirmación a una confusión.

Esos 5.000 millones de ahorro se incluirán en la casi segura prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, pues no hay tiempo para tener las cuentas listas antes del 1 de enero. Esa cantidad proviene del recorte presupuestario de 2.000 millones del acuerdo de no disponibilidad, de otros 1.000 millones del cierre anticipado del presupuesto del año pasado y de 2.000 millones más de ahorro en el pago de los intereses de la deuda.