Hacienda retirará ayudas estatales a las autonomías más morosas

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas advierte a las comunidades autónomas (CC AA) de que les retirará los fondos destinados a liquidar la deuda con proveedores si los plazos medios de pago superan en 30 días el límite que marca la Ley, como ocurre ahora en la gran mayoría de las regiones. Ésta es una de las principales novedades del Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que capacita al equipo que lidera Cristóbal Montoro para abonar directamente a las empresas afectadas por los impagos aquellas facturas que las autonomías no hayan satisfecho en tiempo y forma.

En concreto, el texto establece «nuevas medidas preventivas, correctivas y coercitivas para garantizar el cobro por los proveedores», aplicables a aquellas CC AA que no paguen sus facturas dentro de los plazos máximos previstos en la Ley. Entre ellas, destaca la «posibilidad de retener los recursos de los regímenes de financiación aplicables –plan de pago a proveedores y Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), fundamentalmente– para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pague directamente a los proveedores». Este supuesto se producirá en el caso de que los plazos de pago a proveedores superen en 30 días el límite que marca la Ley –es decir, 60 días– «durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería».

«Para ello, se recabará de la comunidad autónoma la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados recursos y se comunicará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su conocimiento», detalla el documento.

Por otra parte, y como «medida coercitiva», el Ministerio de Hacienda podrá obligar a la administración incumplidora a «constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB». Si tres meses después, persistiera el incumplimiento, el Gobierno «podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva». Trasladando esta opción a una comunidad como la valenciana, que es de las que más tarda en pagar sus facturas, la sanción podría ascender hasta los 200 millones, cifra calculada con el PIB de 2012. Cataluña, por su mayor tamaño, podría ser multada con hasta 400 millones.

El Ministerio de Hacienda también se reserva la opción de enviar «una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada» si fallan todos los planes aplicados por la autonomía para reducir sus plazos de pago a proveedores. Los enviados, añade el texto, «deberán presentar una propuesta de medidas» que «serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora». Además, las autonomías que se salten los plazos máximos previstos en la Ley deberán incluir en el plan de tesorería «el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad».

En dicho informe también deberá figurar el «compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos» que le permitan generar tesorería suficiente para reducir su plazo medio de pago a proveedores. La Ley obligará a todas las administraciones públicas a dar a conocer su «periodo medio de pago», en aplicación del «principio de transparencia», detalla el documento.

Morosidad pública y después privada

Hasta ahora, el concepto del principio de sostenibilidad financiera de la Administración sólo se circunscribía a los bonos y letras emitidos por los entes públicos. La ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público amplía este concepto, que «ahora también incluye el control de la deuda comercial». Según argumenta el Gobierno, «lo que empieza siendo morosidad pública termina siendo, también, morosidad privada» por el «efecto de transmisión» de la misma en la «cadena de producción».

Hasta el pasado mes de agosto, las autonomías arrastraban una deuda de 13.324 millones de euros con constructoras, autónomos, laboratorios y empresas de tecnología sanitaria. Actualmente ninguna comunidad paga sus facturas con los proveedores dentro del límite legal de 30 días, y en algunos casos el plazo de demora es de hasta 604 días (deuda de la Comunidad Valenciana con los fabricantes de tecnología sanitaria).