Hay margen para ajustar

El plan presupuestario enviado a Bruselas obligaba a realizar un ajuste de unos 5.500 millones de euros. Pero la revisión a la baja del crecimiento que ha hecho la Comisión Europea para 2017 lo recrudecería en 2.500 millones.

España no puede aferrarse al crecimiento económico para lograr el equilibrio presupuestario y cumplir con su compromiso comunitario. Se necesitan medidas adicionales y Europa pide un duro ajuste. Aunque el déficit cerrará este año en el 4,6% –objetivo marcado por Bruselas–, durante el próximo ejercicio podría escalar siete décimas por encima del 3,1% pactado. Y si el Gobierno confiaba en el tirón del PIB para esquivar más recortes, las últimas proyecciones de la Comisión Europea han enfriado las expectativas.

El Gobierno en funciones envió a Bruselas un plan que preveía un déficit del 3,6%, lo que suponía que España todavía debía acometer un ajuste del 0,5% del PIB –unos 5.500 millones de euros–. No obstante, la reciente revisión a la baja que ha hecho la CE del crecimiento para 2017 y el incremento del desvío del déficit en dos décimas abren la puerta a una reducción del gasto de unos 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a la que se dejaría de ingresar por la caída del PIB, aunque el Ejecutivo prevé un avance del 2,5%, frente al 2,3% que calculan en Europa. Así, el ajuste total debería ser de unos 8.000 millones de euros.

¿Más ingresos o menos gastos? A la espera del nuevo Presupuesto, España debe cuadrar las cuentas. Y si hace tan solo unos días se daba por sentado que la mayoría del ajuste vendría por el lado de los ingresos, el menor crecimiento del próximo año también obligaría a recortar el gasto. Esta reducción podría abordarse mediante una subida salarial a los funcionarios menor a la propuesta del 1% y a través de un recorte de 2.000 millones en la partida destinada a la financiación autonómica, sumando una congelación de los fondos destinados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Pago a Proveedores.

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, aseguró a Pierre Moscovici que España cumplirá este año «holgadamente» con el objetivo pactado con Bruselas gracias a las medidas de contención del gasto público y a la reforma de las retenciones a cuenta del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, el comisario europeo recordó que nuestro país será el único de la eurozona que supere en 2017 la barrera del 3% de déficit.

El ajuste se podría lograr únicamente por la vía de los ingresos, pero su duración y eficacia dependería de que el crecimiento de la economía se mantuviera en torno al 3% y de que no se produjera un aumento del gasto público superior al 2%. Javier Santacruz, profesor del IEB, explica que gracias a la subida de ingresos vinculada a la coyuntura económica se podrían recaudar 2.000 millones de euros, que la recaudación extraordinaria neta derivada de subir los tipos efectivos del Impuesto de Sociedades podría ingresar 3.000 millones –según el acuerdo de investidura– y que el incremento de impuestos especiales y la eliminación de beneficios fiscales aportarían otros 500 millones.

Teniendo en cuenta que las competencias de Sanidad y Educación están transferidas a las comunidades, Santacruz sostiene que una de las partidas más sensibles sería la destinada a la financiación autonómica. De igual modo, cree que en el capítulo VIII de Activos Financieros irá incluida una mayor dotación para el FLA y para el Fondo de Pago a Proveedores.

Presupuestos

La aprobación de los Presupuestos debe ser la máxima prioridad del Gobierno en materia económica, porque la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional y se trata de una de las reglas para que España forme parte del «club» europeo. Y uno de los condicionantes pasa por mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB. Pero todo parece indicar que se convertirá en la primera gran batalla que libre el nuevo Ejecutivo. Pocos partidos del arco parlamentario se muestran dispuestos a aceptar recortes del techo de gasto, por lo que sólo quedaría la vía del incremento de la recaudación.

El acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Ciudadanos refleja una propuesta con impacto neutral. Entre las medidas para incrementar los ingresos destacan una reforma del Impuesto de Sociedades, en la que se eliminen las deducciones a las grandes empresas, con la que se podrían recaudar 3.000 millones de euros el próximo año; la recuperación de la amnistía fiscal –para que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización de 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria– y el refuerzo de la lucha contra el fraude, que podrían aportar 1.000 millones como mínimo, así como la eliminación de duplicidades administrativas, mediante la que sería posible ahorrar unos 1.000 millones en gastos.

Aunque Guindos se haya mostrado dispuesto a reducir duplicidades y gastos superfluos, la mayoría del ajuste se realizará por el lado de los ingresos. No obstante, el Estado cada vez gasta menos en prestaciones por desempleo y en financiar los intereses de la deuda, ahora en mínimos. Santacruz apostilla que «es probable que todo vaya por la vía de los ingresos. Pocos recortes se harán en el corto plazo».

Ciudadanos no aceptará un techo de gasto inferior al de 2016, y asegura que «ésta tiene que ser la legislatura que ponga fin a cuatro años de recortes». Las únicas reducciones de gasto que está dispuesto a validar serán las relacionadas con la eliminación de duplicidades, la hipertrofia administrativa y la burbuja política heredada de los años del «boom». En total, 1.000 millones. «Nos comprometemos a apoyar los Presupuestos si se recorta donde hay que recortar, pero no en las partidas que nos permitirán crecer en el futuro, como la de la Educación». Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, destaca que «es la hora de aterrizar el acuerdo. El techo tiene que ser igual o más alto que el del año pasado».

Rentas de capital

La revisión a la baja de las expectativas limita las posibilidades de negociación con Bruselas y resta capacidad de maniobra política. Europa reclama medidas de reforma estructural que mejoren la competitividad, la sostenibilidad fiscal y el potencial de crecimiento. Los partidos de la oposición no respaldarán un recorte en las grandes partidas de servicios básicos, pero podrían aceptar subidas de impuestos a las rentas de capital sin castigar a las del trabajo.

Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asinver, opina que son pocas las opciones que le quedan al Gobierno para sacar adelante el ajuste, más allá de aumentar los impuestos especiales –hay margen de subida en carburantes y tabaco–, de reducir las deducciones en Sociedades, de subir el IRPF en determinados tramos, de recuperar el tipo mínimo sobre Sucesiones a nivel estatal, de eliminar subvenciones y de congelar la licitación pública. Mantener el Impuesto de Patrimonio y los tipos incrementados de IBI, medidas recogidas en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, también aumentaría la recaudación.

El Gobierno se muestra flexible en los primeros compases de la legislatura. Mientras que hace unos años abogaba por la austeridad, ahora parece alineado con Ciudadanos y PSOE en el discurso de la flexibilidad que busca combinar crecimiento con un ajuste moderado, en función del momento del ciclo. Sea como fuere, «la negociación no resultará fácil. Hay que mostrar en clave doméstica una posición pro flexibilidad y no sumisión, sensible con las necesidades básicas y admisible por PSOE y Ciudadanos. Además, debe resultar creíble en Bruselas y comprometido con la reducción del déficit sin dar la imagen de Gobierno que juega al gato y al ratón para no llevar a cabo las reformas comprometidas».

Flores piensa, asimismo, que «serán los Presupuestos que más dosis de política requerirán, tanto en España como en Bruselas». Es previsible que, junto a la aprobación de los mismos, se anuncie la adopción de alguna medida de índole política sin implicaciones presupuestarias que pueda ser incorporada al discurso de socialistas y naranjas como concesión o condicionamiento de las políticas gubernamentales. Flores considera que «PSOE y Ciudadanos pueden pasar por alto las cifras y medidas de los Presupuestos Generales del Estado si hay un relato político coherente con lo que vienen prometiendo a su electorado».

Alain Cuenca, profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, opina que el ajuste que exige Bruselas se podría renegociar, pero que no se debe ocultar bajo el manto de un mayor crecimiento, porque en tal caso no sería un ajuste estructural, sino meramente coyuntural. Y aunque cualquier ajuste deba hacerse por el lado del gasto y del ingreso, «el margen para reducir el gasto corriente parece escaso». Cuenca sugiere congelar el sueldo de los funcionarios por un año o dos –sin prometer devolverlo–. Y por el lado del ingreso, propone armonizar la imposición sobre la riqueza –estableciendo un mínimo en toda España–, elevar el impuesto sobre hidrocarburos, o pasar algunos bienes y servicios del tipo reducido del IVA del 10% al general del 21%.

Por su parte, José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, apunta que las comunidades autónomas que ya han presentado sus presupuestos aumentan ligeramente el gasto, por lo que para reducir más el déficit a lo largo del próximo año, el Gobierno «solamente puede subir impuestos o recortar pensiones, salarios de funcionarios y subsidios de desempleo».

Impuesto de Sociedades

El Gobierno esgrime ante Bruselas el anticipo del Impuesto de Sociedades como la gran baza para demostrar que cumplirá sus objetivos. Y es que los cambios en este tributo han logrado que la recaudación durante el pasado mes ascendiera hasta los 6.000 millones de euros, 1.000 millones más de los previstos.

Si de los cálculos efectuados inicialmente se desprendía que entre octubre y diciembre se ingresarían 8.300 millones de euros, en el primer pago se han superado las expectativas, por lo que la recaudación final podría alcanzar los 9.000 millones. Dada la actual coyuntura, el previsible incremento de la carga impositiva únicamente podría acometerse mediante las retenciones de Sociedades o a través de aumentos de IVA, lo que en estos momentos ni se plantea. Así, la corrección del déficit este año y el que viene dependerá, sobre todo, del Impuesto de Sociedades. PP y Ciudadanos quieren reformarlo para cerrar agujeros, mejorar el control e ingresar más sin subir los tipos nominales. El objetivo pasa por eliminar las deducciones y exenciones para acercar la recaudación a la media europea. De hecho, en un plazo máximo de tres meses debería aprobarse una reforma que corrija los vacíos legales para que las grandes empresas paguen sus correspondientes tipos impositivos. En 2015, se triplicó el fraude en este Impuesto destapado por Hacienda.

Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, explica que como los pagos fraccionados implican un anticipo en el pago del tributo del ejercicio 2016, cuando las empresas realicen la declaración del mismo el año próximo se deducirán su importe de la cuota a ingresar. Esto implica que, o bien se mantienen estas medidas y se continúa con el anticipo en el pago del tributo o se adoptan medidas de reforma de Sociedades que supongan aumentar la presión fiscal para que la recaudación de 2017 no se vea afectada. Sin embargo, una reforma inmediata de este impuesto es complicada, ya que podría frenar la inversión empresarial y la creación de empleo durante el próximo año.