Herencia del 1-O: la sangría de empresas del procés no cesa

Con la respiración contenida de millones de españoles, el 10 de octubre de 2017 el presidente catalán Carles Puigdemont aprovechó el atril desde el que iba a informar sobre el resultado del referéndum ilegal del 1-O para declarar la independencia de Cataluña. Una quimera que duró apenas 60 segundos, los que separaron la proclamación de la suspensión. Este hecho para uno pocos trascendental y para muchos un estéril brindis al sol ha tenido consecuencias directas en la economía catalana, y no precisamente para celebrar. Desde que se puso en marcha la primera etapa del desafío separatista, allá por 2010, Cataluña ha perdido casi un 5% de su PIB –según datos del INE–, y en cada ejercicio ha crecido por debajo de la media nacional y muy lejos de lo que lo ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha sido una de las grandes beneficiadas del susto separatista.

Los datos no mienten. Madrid ha aprovechado el desafío político catalán para dar un vuelco al ranking de regiones más ricas, adelantado a Cataluña como primera economía nacional y atrayendo más inversión y más empresas desde el referéndum del infausto 1-O. La salida en tromba de empresas ha beneficiado principalmente a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, pero también lo ha hecho en otras, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares, en las que el flujo de entradas de empresas es desde aquella fecha superior al de salidas.

Así, un total de 5.034 empresas trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma durante el año 2022, un 7% menos respecto al año anterior, pero el cuarto más elevado desde 2015. Y Madrid se ha vuelto a erigir como la comunidad que más compañías gana por estos traslados, añadiendo 332 empresas. Otras ocho autonomías suman también en estos 12 meses: Andalucía sube 34, Asturias 16, Ceuta 2, Valencia 40, Galicia 5, Baleares 18, Canarias 10 y Murcia 28. Cataluña, al contrario, vuelve a ser la que acumula un mayor saldo negativo entre entradas y salidas de empresas en 2022, ya que resta 218, según el estudio sobre cambios de domicilios mercantiles de Informa D&B.

Desde 2015, tan solo cuatro autonomías mantienen un comportamiento constante: Madrid y Baleares, con saldos positivos todos los años, lo que supone ganar 5.021 y 447 empresas respectivamente –descontando entradas y salidas–. Al contrario, Cataluña y Castilla y León restan todos los años, un total de 5.029 y 493 en cada caso.

La comunidad madrileña es la que más movimientos de empresas registró en 2022, al llegar a 1.765 sociedades nuevas y trasladarse fuera 1.433, con un saldo positivo. Cataluña le sigue por número de mudanzas, con 627 entradas frente a 845 salidas y, por tanto, con un saldo negativo de 218 empresas perdidas. Además, el 21% de las empresas que llegan a Madrid tiene su origen en Cataluña, aunque al menos en este ejercicio la vía es de doble sentido, al quedar ambas comunidades prácticamente a la par, ya que la región a la que más empresas madrileñas decidieron trasladarse fue Cataluña, el 23%.

Y hasta ahí lo más positivo para esa región porque, en términos globales, mientras Madrid ha ido sumando cada año compañías que instalan su sede central en su territorio, hasta 4.390 (desde 2017 y hasta 2020: 883, 1.383, 630 ,572, 590 y 332), Cataluña ha ido en sentido contrario y acumula números rojos cada ejercicio, para restar 4.475, siendo 2017 (-1.317) y 2018 (-1.991) los años de mayor sangría, justo en plena cresta de la ola independentista.

Si las cifras se toman en cuanto a la facturación que representan estas empresas que han cambiado su domicilio, Andalucía es la que recorta en mayor medida, 1.037 millones de euros, a pesar de su saldo positivo por número de empresas. Cataluña es la siguiente, resta 693 millones de euros, pero su saldo sí que es negativo. Castilla-La Mancha pierde 469, Galicia 465 y Madrid también baja, 429 millones de euros menos. Según el informe, la región madrileña registró en 2022 la mayor salida empresarial, la de Pan American Energy, que se mudó al País Vasco, con una facturación de más de 3.000 millones de euros. Sin embargo, el País Vasco perdió a EDP Clientes, que se mudó a Asturias, con unas ventas de 1.189 millones de euros. Debido a estos cambios, el País Vasco es la autonomía con un mejor saldo, sumando 2.280 millones de euros este año a pesar de su saldo negativo entre el número de entradas y salidas. Por detrás Asturias, que añade 1.115 millones de euros. Cataluña volvió a quedarse en el furgón de cola. Y hay que recordar que ha perdido el control fiscal de compañías tan emblemáticas como CaixaBank, Banco Sabadell, Naturgy, Abertis, Cellnex, Grupo Planeta, Catalana Occidente, Axa o Allianz, entre muchas otras.

Aunque en la mayoría de los casos el traslado se ha limitado al domicilio social, no a los centros productivos –que suelen permanecer en territorio catalán–, las consecuencias fiscales son enormes, ya que las empresas tributan en los lugares en los que se instala su sede central. La pérdida de peso específico de Cataluña no se ha reducido a la pérdida de empresas. También se puede ver en otras cifras igual de significativas, como en el turismo –que poco a poco ha recuperado el pulso, pero cuyo volumen continúa por debajo de cifras previas al 1-O– o en la inversión empresarial, que se ha desplomado.

En este sentido, solo en 2017 se perdió casi un 40% de la inversión extranjera directa, al pasar de 5.140 millones de 2016 a menos de 3.100 al año siguiente, en contraste con el empujón del 25% registrado por Madrid, cuyo crecimiento se elevó en más de 14.500 millones. Si en 2016 Cataluña representaba el 20% del total de la inversión extranjera que recibía España, el año siguiente cayó hasta el 13%, un dato que apenas ha conseguido remontar, mientras que la región madrileña acapara más del 60%.

En términos de PIB nacional tampoco sale bien parada. Mientras Cataluña inició este siglo como primera potencia económica española, con una contribución de 1,5 puntos superior a la de Madrid, en la actualidad se encuentra ya medio punto por detrás. Algo que se constata asimismo en el PIB por habitante en 2021 –el último dato oficial registrado en el INE–, que fue de 29.942 euros, superior a los 27.910 euros de PIB per cápita en España, pero muy lejos del que alcanzan los madrileños, de 35.913 euros, casi 6.000 euros de diferencia. Además, la deuda pública de Cataluña supera los 82.000 millones de euros, un 36% de su PIB, por lo que cada catalán debe casi 11.000 euros, el doble de lo que debe cada madrileño.

Y luego está el infierno fiscal en el que los sucesivos gobiernos secesionistas han llevado a esta comunidad, que ha decidido a muchas empresas a emigrar a Madrid, región que ha hecho bandera de su permisividad fiscal. Así, mientras Cataluña tiene 15 impuestos propios, Madrid solo suma tres, una situación que tienen muy en cuenta las empresas a la hora de instalarse, sobre todo si muchos tributos van dirigidos directamente a ellas. La lista es larga: gravamen de protección civil; impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; establecimientos turísticos; emisión de nitrógeno de la aviación comercial; gases de la industria; viviendas vacías; bebidas azucaradas envasadas; emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; activos no productivos de las personas jurídicas y sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Y varios cánones: sobre el agua, sobre la deposición controlada de residuos municipales, industriales y de la construcción, y sobre la incineración de residuos municipales.

Con esta situación, son muchas las empresas que deciden buscar otros territorios con menor presión fiscal. Y la principal beneficiaria ha sido la Comunidad de Madrid, con su política de bajos impuestos y muchas facilidades. Por tanto, no toda la culpa la tiene el «procés», sino que las trabas burocráticas y la presión fiscal también determinan la pérdida de peso empresarial catalán sufrido en el último lustro.