Las demandas por los recortes en las primas a las renovables tienen un impacto ya de 4.600 millones en la cuentas públicas españolas

El pasado mes de abril, los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables desembocaron en distintos embargos, pero también en un escenario de «default técnico» que afecta directamente, según los denunciantes, a cuatro títulos de deuda pública en relación con los impagos del caso Infrared, uno de los 26 por los que España ha sido condenada. El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments activó la cláusula «default» que declara a España en «impago técnico» después de que el Gobierno todavía no haya pagado los laudos pendientes por los recortes a las primas a las renovables. Esta cláusula, según el fondo, supone que las citadas emisiones de deuda pública, cuatro por valor de 910 millones de euros, deberían ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes, según informó Bloomberg.

Las empresas afectadas han elaborado una estimación del impacto que tiene en la financiación del Tesoro y en la economía española el impago. Según sus cálculos, desde abril hasta diciembre de 2023, el sobrecoste provocado asciende a 2.100 millones de euros, aunque advierten de que, si se mantiene la que califican como «situación de inseguridad jurídica», esta cifra crecerá hasta los 4.900 millones a cierre de 2024.

Los afectados añaden que puesto que el repunte del perfil de riesgo afecta negativamente a las condiciones macroeconómicas, su análisis plantea una modelización del impacto que tiene esta circunstancia en el PIB. Según esta estimación, entre abril y diciembre de 2023, la actividad se habría reducido en 2.560 millones con motivo del «default» y que, en ausencia de soluciones, la caída será de 4.780 millones de euros adicionales a lo largo de 2024.

En total, estas empresas calculan que el impago ya ha provocado un impacto que asciende a 4.660 millones entre abril y diciembre de 2023 y que puede alcanzar los 12.240 millones si la situación continúa en 2024. A estas cifras, añaden, deben sumarse los 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros que soporta España «por su decisión de impagar las sentencias». Asimismo, recuerdan que, según sus cálculos, las 26 condenas que aún no han sido resarcidas acumulan obligaciones por valor de 1.500 millones.

«Si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación. Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores», advierten estas compañías.

Origen

El origen de estas disputas se remonta a más de una década atrás. El Gobierno del PP adoptó en 2012 y 2013 una serie de medidas que recortaban las primas a las energías renovables que había puesto en marcha el Ejecutivo socialista anterior, y que también había recortado. En 2013 se aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para numerosas instalaciones renovables y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje internacional para denunciar a España. Se presentaron entonces 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- ante el que en total reclamaban unos 10.000 millones de euros.

Al respecto de la reclamación de Blasket, el Gobierno ha asegurado que la posible demanda «no tiene nada que ver con la deuda del Estado». Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que cualquier iniciativa en contra de España basada en estos laudos tendrá «respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado».

Una reclamación del tipo a la planteada por este fondo, que deja en evidencia la solvencia y la capacidad financiera del Estado, no se producía desde los años 30 del siglo pasado. En concreto, no se tienen registros de una situación similar desde 1936, justo antes de desencadenarse la Guerra Civil española. Ni siquiera en alguno de los países de la UE se tiene constancia de situaciones análogas, salvo el impago que llevó a Grecia a ser intervenida por los hombres de negro comunitarios al no poder devolver plazos de los fondos del FMI en 2015.