Las imprudencias se facturan y tú las pagas

Europa está consiguiendo domar la inflación, España no. Con ello no quiero decir que tengan mejores resultados el resto de países de la Unión Europea, sino que ya empiezan a vislumbrar el fin de la situación más grave. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta situación vino para quedarse, y por ello muchos consumidores comienzan a replantearse sus prioridades en un país cuyo desembolso en el sector alimentario supera la media europea. Fuimos la peor economía en salir de la pandemia y vamos por el mismo camino con la inflación.

Y es que el dopaje sin control trae efectos nocivos a largo plazo, a los que además uno se va acostumbrando, llegando incluso a depender del mismo para subsistir. Esto es lo que le ocurre a nuestra economía, tan abrumada y obstaculizada de ayudas, subvenciones, pagas y otros gastos de dudosa reputación que hacen muy difícil reaccionar ante esta situación algo dantesca, y más en un año de elecciones donde la economía se relega a números intencionados de parte. Las ayudas fueron buenas y necesarias en su momento, pero la continua acción de dar dinero ajeno como propio con intenciones algo espurias no es tan recomendable. Esto produce unos efectos de segunda ronda que vemos en la actualidad y que nos lastran como país, siendo superados recientemente incluso por México, convirtiéndose en la economía de habla hispana más fuerte del mundo en detrimento de una España perdida en el panorama internacional y cómplice del secuestro económico que se refleja en las calles, en las cifras macro y en un paro imposible de maquillar ni con la treta de los fijos discontinuos.

La cesta de la compra es un sorteo de necesidades cada vez más difícil de coronar. La inflación subyacente no pone freno y los precios siguen subiendo. La única solución de algunos es topar los precios. Lo mínimo que se puede pedir es seriedad; ya vimos los efectos de leyes mal redactadas con consecuencias nefastas, no sigamos por esa senda, se puede incitar y recomendar, pero no obligar a incumplir la ley por parte de quien debe respetarla y velar directa o indirectamente por su cumplimiento. Es imposible topar los precios por mucho que se quiera retorcer un artículo de una ley como es la del comercio minorista, en la que a su vez se habla del artículo 38 de la Constitución Española referente a la economía de mercado y la libertad de empresa, acorde con la libertad para fijar los precios. Es un dislate en nuestra legislación querer pactar precios, o los márgenes de los mismos, actuando como un cártel, lo cual no solo está prohibido por la legislación española sino por la europea (Francia no está interviniendo el mercado). Además, el Estado tiene mecanismos legales para luchar a favor de su propósito, como son medidas de tipo impositivo o formato subvencionable, no siendo entendible el querer tensionar al máximo la ley de la cadena alimentaria obligando al productor a vender a pérdidas, asunto por otro parte también prohibido por la Unión Europea.

El gran beneficiado de todo este juego de casuísticas no es otro que el Estado, con los mayores índices de recaudación de la historia, y el gran perjudicado la capacidad adquisitiva de los consumidores, en serio riesgo de colapso en muchos casos. Las dádivas en rebajas de IVA sobre alimentos de primera necesidad que ya aplicaban IVA superreducido en su mayoría suponen apenas unos céntimos, que no hacen que podamos solventar la situación, tiene cero repercusión, y además el consumidor se queda con cara de tomadura de pelo.

Víctor Fermosel es profesor del EAE Business School