El juez archiva la causa de las preferentes de Caja Madrid

La Audiencia Nacional no ve indicios de que la cúpula de Caja Madrid orquestara en 2009 un «plan preconcebido» para engañar a los pequeños ahorradores «de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión».

Caja Madrid no orquestó un plan para engañar de forma global a pequeños ahorradores con la comercialización de las preferentes «a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión». Así lo considera el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación contra la cúpula de la entidad por la venta de estas participaciones tras la querella interpuesta en 2013 por UPyD por estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. En la resolución en la que cierra la instrucción, el magistrado sostiene que la posibilidad de que los inversores perdiesen sus ahorros «no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después».

Andreu tampoco da por acreditado que los empleados bancarios «recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados» y, aunque admite que sí se han podido producir «graves deficiencias en la comercialización del producto», remite a los preferentistas afectados a ejercitar las oportunas acciones civiles –«la vía más adecuada para dar una respuesta rápida y eficaz»– para conseguir recuperar su dinero, o incluso penales si hay indicios de estafa por parte del empleado del banco que se las ofreció. No en balde, para el juez «parece claro que existió un significativo número de casos en los que las entidades habrían incurrido en importantes deficiencias» en la comercialización de estos productos financieros. «No cabe duda –asegura– de que un gran número de estos adquirentes se sienten engañados por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos del producto».

Pero el instructor exculpa a los siete querellados de impulsar la venta de preferentes «conscientes de que se trataba de un producto tóxico para engañar a los clientes». Y es que el delito de estafa precisa de un propósito inicial de incumplir lo pactado y obtener así un beneficio, lo que implicaría que los directivos de la entidad conocían que Caja Madrid «iba a situarse en una situación de insolvencia que despojaría su inversión a miles de inversores, algo que no se ha acreditado». «Resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado» por Caja Madrid y Bancaja (también querellada), a las que habría que sumar «gran parte del sistema bancario y financiero español para engañar a los potenciales inversores» conociendo que no recuperarían su dinero.

Andreu recuerda que la CNMV detectó en su labor de inspección «debilidades» en la comercialización de las preferentes «y efectuó las oportunas recomendaciones». Y Caja Madrid, puntualiza, «atendió puntualmente todas» ellas.

El instructor matiza que no es posible investigar las emisiones de preferentes por Bancaja en 1999 y 2000 (a las que se aludía en la querella) porque los hechos han prescrito. Y en todo caso, añade, es «insostenible» plantear en esas fechas «una remota situación de deterioro patrimonial» que afloraría «una década después». En cuanto a los productos comercializados por Caja Madrid en 2004, «los preferentistas obtuvieron sin problemas la ganancia prevista», por lo que limita sus conclusiones a las participaciones emitidas por esta entidad en mayo de 2009.