La CE y el BCE insisten a España en completar la privtación de Bankia y BMN

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo insistieron hoy en que España debe completar el proceso de privatización de las entidades nacionalizadas, Bankia y BMN, para reforzar la estabilidad del sector financiero.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo insistieron hoy en que España debe completar el proceso de privatización de las entidades nacionalizadas, Bankia y BMN, para reforzar la estabilidad del sector financiero, si bien afirmaron que la reestructuración de la banca ha avanzado “bien” tras el rescate.

La Comisión Europea (CE) ha publicado hoy los resultados de la sexta misión de supervisión del rescate financiero a España, que realizaron en el país el Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) en coordinación con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el 17 y el 19 de octubre.

“No ha habido progresos en la privatización de los dos bancos que aún están en manos del Estado desde 2014. Completar la reestructuración y privatización de estos bancos estatales es importante para reforzar más la estabilidad del sector bancario”, apuntan las instituciones en su informe.

La CE y el BCE señalan, no obstante, que “la reestructuración del sector bancario en España ha avanzado bien” desde que se puso en marcha el programa de asistencia financiera por 41.333 millones de euros, que se llevó a cabo entre julio de 2012 y enero de 2014.

“La implementación de los planes de reestructuración para los bancos españoles que recibieron ayuda estatal casi se ha completado”, reza el informe, que añade que “el sector bancario español en general ha tenido mucho éxito a la hora de recortar su base de costes y ajustar sus modelos de negocio”.

En este sentido, el informe señala que el sector financiero “sigue mostrando un alto nivel de estabilidad” apoyado en la reestructuración, los bajos costes de financiación y la fortaleza de la recuperación económica.

El Gobierno español decidió el 2 de diciembre extender hasta 2019 el plazo que se había fijado para completar la privatización de la nacionalizada Bankia, una medida que según el ministro de Economía, Luis de Guindos, tiene por objeto obtener el máximo retorno de las ayudas públicas concedidas a la banca.

Igualmente se aplicará una prórroga de dos años para salir del capital de BMN, el grupo formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra, por lo que la desinversión pública en esta entidad tendrá que completarse ahora en marzo de 2020.

Por otra parte, Bruselas y el BCE señalaron que el proceso de desinversión de la Sareb “ha estado progresando”, pero subrayaron que ha registrado resultados negativos en la primera mitad de 2016 y que aún tiene que completar su proceso de valoración de activos conforme a sus nuevas reglas contables.

“Esto podría provocar cambios en la liquidación y declaración de pérdidas potenciales sobre parte de sus activos”, apuntan las instituciones.

También inciden en que el Gobierno debe “retomar la agenda de reformas” para reequilibrar la economía, reducir el desempleo y aumentar la productividad y potencial de crecimiento en España.

Además, insisten en que el Ejecutivo necesita “redoblar” sus “esfuerzos de consolidación fiscal” para continuar reduciendo el déficit y la deuda en línea con lo acordado con sus socios europeos.

“Asegurar un crecimiento equilibrado, duradero e inclusivo a largo plazo sigue siendo un reto”, destaca el informe.

No obstante, señalan que el crecimiento en España es “robusto” y contribuye a la estabilidad del sector financiero.

Los socios del euro pusieron a disposición de España en 2012 una línea de hasta 100.000 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de la que finalmente fueron utilizados unos 41.333 millones, para reestructurar y recapitalizar su sistema bancario.

El fondo de rescate mantiene un programa de supervisión sobre España, al igual que lo hace con el resto de países que han recibido su asistencia financiera, hasta que la ayuda sea completamente reembolsada.

La última misión de supervisión fue más limitada que las anteriores y se centró específicamente en el sector financiero, porque el Gobierno aún estaba en funciones cuando se realizó.