La CEOE cortará de raíz los sobornos de empresas a cargos públicos y políticos

La junta directiva de la CEOE aprobó ayer por unanimidad su código ético y de buen gobierno que persigue, entre otras cosas, blindar a sus miembros ante corrupción y sobornos. Para ello el código, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, prohíbe hacer «ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio de ninguna clase, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido político o candidato a cargo público, con la intención de obtener o mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas». Asimismo, el código establece que «todos los directivos afiliados y empleados deberán actuar conforme a las leyes que sean de aplicación y, en ningún caso, podrán recurrir ni tolerar sobornos de, o hacia terceros».

Conscientes de la mala imagen que ha acompañado a la CEOE en los últimos meses, tras el encarcelamiento del ex presidente, Gerardo Díaz Ferrán, Rosell explicó ayer en rueda de prensa que los empresarios «han querido dar un paso más con este código para dar confianza a la sociedad», informa Ep. «Hay que hacer las cosas con el máximo respeto a las leyes para que funcionen con el mínimo de desperfectos», añadió el empresario. Por ejemplo, el presidente de la patronal de los empresarios tendrá que ceñirse al cumplimiento «estricto y riguroso» de la legalidad vigente, y la organización dejará en manos de una comisión de régimen interno y externo la vigilancia de su gobernanza y la transparencia, explicó Rosell. «No es que queramos ser ejemplares, sino normales. Estamos en la casa de los empresarios, donde parece muchas veces que vale todo. Ha habido muchos excesos y debemos apostar por ser un poco más rigurosos con estos temas», añadió el presidente de la CEOE.

La patronal de los empresarios quiere presevar su imagen y reputación corporativa. Es otro de los apartados primordiales que recoge su código ético. Y eso incluye las apariciones en público de sus miembros. Para ello «deberán contar con la autorización necesaria para intervenir, en nombre de la CEOE, ante los medios de comunicación, participar en jornadas profesionales o seminarios, y en cualquier otro estamento que pueda tener una difusión pública, siempre que aparezcan como empleados, cargos directivos o afiliados a la CEOE». En estos casos «deben expresar la opinión de la CEOE y abstenerse de manifestar opiniones individuales».

El código, que contiene 16 pagínas, regula también las relaciones con terceros proveedores y empresas colaboradoras. En este sentido se prohibirá contratar a «aquellas personas que hayan acreditado conductas o comportamientos reprobables administrativa o criminalmente». El código establece que la CEOE desarrollará y aplicará unas instrucciones internas de contratación para garantizar «los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, no discriminación, imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y coste».

La patronal establece un régimen económico que obligará a aquellos empleados «con funciones en la dirección y gestión de la CEOE, a mantener los registros contables con exactitud y honestidad». También deberán cumplir las normas sobre transparencia en «la utilización de fondos que se establezcan por la Comisión de Control Presupuestario y Financiero».

Arturo Fernández no se verá afectado

Aunque el código ético que aprobó ayer la CEOE abre la puerta a apartar de su cargo a cualquier miembro que tenga abierto un procedimiento judicial penal, esto no afectará a su vicepresidente primero, Arturo Fernández, imputado por el caso Bankia y a quien la Fiscalía de Madrid abrió diligencias por presuntos pagos en negro a sus empleados. Y es que, según el código ético, se entenderá que se ha abierto un procedimiento penal «cuando se formule contra el interesado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal; o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia e intensidad, o cuando contra el afectado se dicte auto de procesamiento». Se da un gran poder a la comisión de régimen interno en la decisión de suspender o no de su cargo a esa persona.