La Defensora del Pueblo pide un arbitraje universal para las preferentes

Hasta 300.000 personas se han visto atrapadas en España por el problema de las participaciones preferentes que emitieron las cajas de ahorro para captar capital. Unos productos financieros a perpetuidad cuya inversión muchos ciudadanos no han podido recuperar con el estallido de la crisis financiera. Para dar solución a los casos más flagrantes de las cajas nacionalizadas, como los de personas a las que las entidades directamente engañaron para venderles los productos, el Gobierno ha aprobado la creación de una comisión de arbitraje. Sin embargo, para el Defensor del Pueblo no es suficiente. La institución ha presentado hoy un informe sobre la cuestión con varias recomendaciones entre las que incluye extender este arbitraje para todas las entidades intervenidas que integre a todos los afectados por la comercialización de preferentes.

Según el estudio, en su momento más álgido, en 2011, había 22.374 millones de euros en participaciones preferentes en manos de ahorradores minoritarios, una estimación que se reduce a 7.000 millones en la actualidad. A esta situación se ha llegado, según el informe, por "una actuación inadecuada e improcedente por parte de algunos bancos, y muy especialmente de las cajas". La mayoría de las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "no han sido respetadas ni aplicadas por sus destinatarios", añade.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, ha destacado que de las quejas sobre la cuestión que han recibido se deduce que aunque a los afectados se les ha escuchado, no encuentran un interlocutor válido para el planteamiento de su problema. "Estas personas han manifestado su temor ante un nuevo engaño y desconfían de las soluciones, ya que carecen de conocimientos para evaluar las implicaciones que conllevan. Son flexibles ante las decisiones, pero desean asesoramiento y, sobre todo, esperanza para recuperar sus ahorros", destaca el informe. Por eso, se solicita el arbitraje universal.

Junto a esta recomendación, la Defensora del Pueblo propone medidas preventivas entre las que destaca la elaboración de un código vinculante de buenas prácticas en el que se contengan claramente los derechos de los inversores minoristas, así como los compromisos de las entidades frente a ellos, ayudando a la transparencia. También insta a las entidades financieras a que se abstengan de ofrecer a los clientes productos no adecuados a su perfil y a sus deseos e insiste en que la CNMV debe poner al sector un filtro para la distribución de productos complejos. La institución busca reforzar la transparencia en este ámbito para que el cliente conozca bien el producto y que se le permita un tiempo de reflexión para comprarlo.

Por último, propone la creación de un sistema de validación y etiquetado de productos que permita al cliente seleccionar el que más adapte a sus necesidades, así como el desarrollo de unos modelos de contrato marco y el refuerzo de las competencias para la CNMV.