La Defensora pide una «segunda oportunidad» para los deudores insolventes

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pide una "segunda oportunidad"para las personas que a las que ha afectado la crisis de forma imprevista y no han podido hacer frente a sus deudas y defiende un procedimiento específico para tramitar la insolvencia personal.

Es una de las recomendaciones incluidas en el estudio "Crisis Económica e insolvencia personal. Actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo", que Becerril presentará mañana en el Senado y con el que quiere llamar la atención sobre la situación de los ciudadanos que se han endeudado durante estos últimos años.

Recuerda que la institución ha propuesto desde 2009 diferentes fórmulas para evitar la ruina de las personas físicas y la principal es la regulación de un procedimiento específico para tramitar la insolvencia personal para que, bien un juez u otro funcionario, cuente "con autonomía para flexibilizar las cuotas e imponer quitas o esperas a los acreedores".

"Se trata de instaurar una segunda oportunidad para todas aquellas personas que se han visto inmersas en una situación económica no prevista ni deseada", indica la Defensora en las conclusiones del estudio.

A su juicio, el procedimiento de insolvencia personal tiene que ofrecer viabilidad para acabar con las deudas con el "mínimo perjuicio"para todas las partes y no solo de deudores en insolvencia leve.

Señala que el deudor pagará de forma ordenada teniendo en cuenta sus "mínimos vitales, salvaguardando su dignidad y eludiendo su exclusión social y marginación hasta quedar definitivamente exonerado con un límite temporal".

La oficina del Defensor del Pueblo insiste en que la solución podría ser una legislación "en detalle"con medidas de prevención del sobreendeudamiento, además de crear un sistema "tanto extrajudicial como judicial de protección"para hacer posible el diálogo entre los deudores y los acreedores.

Las causas del endeudamiento pueden ser, a juicio de Becerril, muchas y variadas pero no por ello son ilegales, imprudentes e ilegítimas.

Así las cosas, para evitar que la crisis económica se convierta en una social más profunda conviene, según la Defensora, abordar una regulación integral sobre la cuestión para que los particulares puedan acudir a un procedimiento para solucionar su economía.

Por ello, recomienda un nuevo procedimiento basado en la cultura de pago y con la previsión de liberación de deudas remanentes, tras la liquidación del patrimonio, basado en la propuesta del Fondo Monetario Internacional y sin exclusiones, para que todos los deudores de "buena fe"puedan acogerse a él.

Para su cumplimiento, Becerril aboga por abordar las reformas normativas necesarias en el orden civil, mercantil, administrativo y procesal.

"El procedimiento debe ser sencillo, eficaz y gratuito", destaca el informe, que agrega que la resolución final debe fijar la quita, el importe de la deuda persistente, el plan de pagos, el plazo de vigencia y las condiciones a cumplir, entre otros.

La recomendación, prosigue el informe, ha sido dirigida al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y a la Presidencia del Gobierno.