La deuda de la Administración con los proveedores es de 12.600 millones

madrid- Las facturas pendientes de cobrar a las administraciones públicas vuelven a acumularse en los cajones de las empresas privadas. Tras la inyección que los proveedores recibieron con el plan que el Gobierno articuló el año pasado para finiquitar los pagos anteriores al 1 de enero de 2012 que comunidades autónomas y ayuntamientos tenían pendientes de liquidar con el sector privado, la montaña de impagos vuelve a crecer. Tres de los principales sectores con los que ambas administraciones trabajan, el sanitario, los autónomos y el constructor, acumulan deudas impagadas por valor de al menos 12.689 millones de euros. En total, la patronal empresarial (CEOE) calcula que las administraciones locales deben a los proveedores una cifra que oscilaría entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros.

A las que más dinero adeudan es, en conjunto, a las empresas sanitarias. La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, estima que en el mes de marzo los impagos ascendían ya a 3.300 millones de euros, con una demora media de pago de 266 días. A las compañías de tecnología sanitaria las comunidades autónomas les adeudaban 2.550 millones de euros a finales del mes de febrero, según los datos más recientes de los que dispone su patronal, Fenin. En total, la deuda de ambos sectores suma 5.850 millones de euros.

Algo inferior es la cantidad que tienen pendiente de cobrar los trabajadores autónomos. En mayo, ascendía a 4.839 millones de euros, según los datos que hizo públicos la pasada semana la Federación de Autónomos (ATA). El plazo medio de pago en su caso era de 49 días para la Administración central –aunque muy pocos autónomos trabajan para la misma–, de 145 días para las comunidades autónomas y de 157 para las administraciones locales. Las entidades públicas catalanas son las que peor liquidan las facturas a este colectivo. Tardan de media 155 días en librar los pagos, por los 153 que tardan las valencianas y las andaluzas. Las más ágiles son las del País Vasco y las de Navarra, 38 días.

El último gran proveedor al que las administraciones públicas vuelven a deber una gran suma de dinero es al de la construcción. Aunque los sectores tanto residencial como de infraestructuras en España están prácticamente en punto muerto por la crisis, las grandes compañías tienen divisiones de servicios que realizan tareas para las administraciones como, por ejemplo, la recogida de basuras que, en muchos casos, no se están pagando.

Adelanto del plan

Sus facturas suman unos 2.000 millones de euros, según han comunicado tanto la patronal de las grandes compañías (Seopan) como al Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Ambas organizaciones han trasladado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la necesidad de que el nuevo plan de proveedores que prepara el Gobierno entre en vigor antes del verano porque algunas compañías del sector tendrían serios problemas de liquidez para llegar hasta septiembre u octubre, fechas que se barajan como posibles para la puesta en marcha de la medida. Pero como explican fuentes conocedoras de la cuestión, parece complicado que el departamento pueda agilizar lo suficiente el programa como para ponerlo en marcha en la fecha que le reclaman las compañías constructoras.

El Ministerio de Hacienda sigue perfilando todavía las líneas maestras del nuevo plan de proveedores, que contendrá algunas novedades con respecto al anterior y del que todavía no se han ofrecido cifras. Para empezar, la intención del departamento que dirige Montoro es poner a cero el contador de las facturas para cumplir con la directiva europea, que obliga a recortar el plazo de pago de las administraciones a proveedores a 30 días. Es probable, por ello, que incluya facturas de este ejercicio, aunque no se sabe todavía cuál sería la fecha de corte de las admitidas.

El Ministerio también se ha fijado como objetivo que la deuda no vuelva a crecer –no tiene intención de lanzar más planes de este tipo–, para lo que busca mecanismos que podrían pasar por sanciones o porque los proveedores puedan cobrar directamente sus deudas a Hacienda, que luego detraería las cantidades de las transferencias que realiza a comunidades y ayuntamientos, ideas ambas defendidas por los autónomos.

El nuevo plan podría, además, admitir facturas que quedaron fuera en el anterior programa, como contratos de colaboración público-privada o certificaciones de obra.

AENA reduce un 20% sus gastos en esta partida

AENA lleva un año haciendo un importante esfuerzo para recortar sus gastos y volver a la senda de los beneficios y evitar así que su abultada deuda de más de 12.000 millones de euros siga creciendo. El gestor aeroportuario ha metido en cintura todos los gastos y en 2012 logró reducir un 20 por ciento sus costes operativos, lo que le permitió ahorrar unos 200 millones. Entre las partidas que el gestor aeroportuario ha revisado están los contratos con los proveedores que le prestan servicios como el de limpieza. Fuentes de AENA aseguran que, tras renegociarlos, han conseguido rebajarlos como mínimo en un 20 por ciento, con el ahorro que eso conlleva. «Algunos incluso se han podido rebajar más, lo que demuestra lo abultados e innecesarios que son los márgenes con los que se trabajaba antes en la empresa», remarcan los consultados.