La “guerra del gas” pone en peligro 10.000 empleos

La patronal de instaladores vaticina una sangría de despidos inmediatos, desde técnicos hasta comerciales, por la respuesta de Naturgy a la rebaja que plantea Competencia a la retribución de esta actividad

La decisión de la energética Naturgy de paralizar temporalmente su expansión en redes de gas ante las pretensiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recortar entre un 17,8% y un 21,8% las retribuciones a la distribución, el transporte y la regasificación va a provocar la pérdida de 10.000 empleos. La patronal de instaladores de estas redes (Conaif) considera que la guerra del gas «hunde la actividad» y estima que hasta 10.000 trabajadores serán despedidos por las empresas instaladoras “de manera inmediata”, al no poder mantener su actual modelo de negocio, incluyendo las plantillas de comerciales encargados de vender contratos de gas, así como el personal administrativo que gestiona las altas de los usuarios.

“Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que colaboran con las compañías energéticas en la distribución y comercialización de gas realizan un importante esfuerzo inversor en recursos humanos, técnicos y financieros que, de ningún modo, podrá ser mantenido si la actividad se paraliza”, señala la asociación en un comunicado.

Por ello, Conaif tilda de “nefasta” la medida, “no solo por lo negativo que tiene en sí para las empresas instaladoras sino también para otros eslabones de la cadena de valor del gas”, por lo que le insta a reconsiderar la medida.

La patronal de instaladores se ha alineado con las compañías de gas en su crítica a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de rebajar la retribución al transporte y distribución de gas, ya que considera que tendrá “consecuencias negativas”.

“Conaif se ha posicionado así en este asunto pero no puede admitir una reacción por parte de algunas distribuidoras de gas que daña los intereses de su colectivo. La decisión de paralizar las inversiones así como determinadas áreas de actividad perjudica y produce daños económicos irreparables a las empresas instaladoras españolas de gas”, sentencia la asociación.