Pensiones

La independencia bajaría las pensiones 209 euros al mes

Los 5.000 millones anuales de déficit y la imposibilidad de financiarse en los mercados por su rating de «bono basura» obligarían a la república de Puigdemont a recortar la prestación media hasta los 739 euros

La independencia unilateral de Cataluña generaría un empobrecimiento del 30% a la sociedad catalana, según los cálculos del Gobierno
La independencia unilateral de Cataluña generaría un empobrecimiento del 30% a la sociedad catalana, según los cálculos del Gobiernolarazon

Los 5.000 millones anuales de déficit y la imposibilidad de financiarse en los mercados por su rating de «bono basura» obligarían a la república de Puigdemont a recortar la prestación media hasta los 739 euros.

En 2016, los trabajadores catalanes aportaron a la Seguridad Social 18.195 millones de euros en cotizaciones sociales. Sin embargo, el pago de las pensiones de los ciudadanos de Cataluña supuso un coste de 23.159 millones. Es decir, el sistema de pensiones catalán sufrió un déficit de 4.964 millones. Además, Barcelona es la provincia española con un mayor agujero en su Seguridad Social, con un desfase de 3.846 millones entre sus ingresos y sus gastos.

Teniendo en cuenta que Cataluña tiene un «rating» de «bono basura» según todas las principales agencias de calificación de riesgos (Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s), la posibilidad de acudir a los mercados financieros para financiar este déficit de las pensiones quedaría descartada. Esto condenaría a la nueva república catalana que planea Carles Puigdemont a recortar las pensiones para poder seguir haciendo frente al pago de las nóminas.

En Cataluña había a 1 de enero de 2017, 1.694.426 pensiones, de los que dos tercios corresponden a jubilación. Dividiendo los casi 5.000 millones de euros de agujero del sistema, el resultado es cada a cada pensionista de Cataluña le tocaría asumir un déficit de 2.929 euros al año. Esto, entre 14 pagas anuales que cobran los pensionistas, produciría un recorte de la pensión de 209,25 euros al mes. De esta manera, la pensión medía bajaría desde los 948,15 euros de comienzos de este año hasta apenas 738,89 euros. Es decir, un descenso de las pensiones del 22% para hacer viable la Seguridad Social del nuevo país.

En cualquier caso, el recorte podría ser incluso mayor, ya que en un escenario de independencia unilateral la previsible caída del empleo rebajaría aún más los ingresos por cotizaciones, disparando el déficit del sistema. Además, el número de pensiones no hace más que incrementarse, algo que pasa también con la pensión media. Según los últimos datos de la Seguridad Social, a 1 de septiembre de 2017 el número de pensiones era ya de 1.705.692, lo que supone 11.266 más que a principios de año. En el caso de la cuantía media, ha subido en 10,82 euros. Además, el número de pensionistas en Cataluña es sustancialmente superior al correspondiente a su población, lo que dificulta la viabilidad del sistema. Aunque en Cataluña reside el 16% de la población española (7,4 millones frente a 46,5 millones en el conjunto de España), se cobran el 17,9% de todas las pensiones que paga el Estado (1,7 millones rente a un total de 9,5 millones).

Recortes similares podrían ser necesarios en otras partidas como las prestaciones por desempleo o el salario de los funcionarios, que una Cataluña independiente tampoco podría financiar en los mercados, salvo a tipos estratosféricos, al nivel de países como Botsuana o Tailandia. Según los analistas, los bonos a diez años podrían costarle a Cataluña hasta un 10% anual, frente al 1,6% que paga España. En el corto plazo, los tipos alcanzarían hasta el 20%. Esto haría casi imposible que la república catalana estuviese en disposición de empezar a asumir el pago de las nóminas y las pensiones, tal y como afirmó hace unos días el número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras.

No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, transmitió ayer un mensaje de «máxima tranquilidad» a los pensionistas de Cataluña o a los que hayan generado sus pensiones en esa región, ya que «tienen absolutamente protegidos sus derechos y prestaciones».