La inversión extranjera en bolsa bate récords

Las firmas foráneas ignoran las tensiones en Cataluña y ya poseen el 43,1% de las acciones de las compañías cotizadas españolas.

Ninguna casa de análisis da credibilidad a las amenazas secesionistas de Cataluña. Ni tampoco los que, en última instancia, se juegan su dinero, los inversores, que siguen apostando por las compañías cotizadas en la bolsa española. Según el informe «Propiedad de acciones españolas cotizadas 2016» de BME, los inversores extranjeros continuaron el año pasado liderando la propiedad de las empresas españolas en bolsa, con el 43,1% del valor total sus acciones. El porcentaje constituye un nuevo récord histórico, tras el 43% que alcanzaron en 2014. En 1992 este porcentaje alcanzaba el 30,6%.

Bien a través de participaciones de control o de inversiones realizadas básicamente a través de los conocidos como inversores institucionales –como fondos de pensiones o entidades de capital riesgo–, el dinero extranjero no ha parado de afluir a la bolsa española. Las acciones de compañías españolas cotizadas que forman parte del Ibex 35 están presentes en las carteras de cerca de 8.700 fondos mundiales, según datos del Informe Sobre Posicionamiento Internacional de la Empresas cotizada española (Ipice).

Las familias españolas continúan siendo el segundo gran propietario de las cotizadas españolas, aunque han perdido peso por segundo año consecutivo. Poseen el 23,4% de sus títulos, frente al 24,4% de 2015. Aunque desde 1992 han poseído al menos el 20% de estas compañías, su porcentaje actual dista mucho del 35,1% de 1998. No obstante, es 3,3 puntos superior al de 2007.

El incremento de los últimos años tiene que ver con el ajuste de las cotizaciones, la reducida rentabilidad de otros destinos tradicionales del ahorro familiar, los procesos de refuerzo del capital o recursos propios de las entidades financieras y no financieras o la pérdida de atractivo de la inversión inmobiliaria, tradicional refugio del ahorro familiar en España, son razones que ayudan a entender el aumento de la participación de los hogares en la distribución de la propiedad de las acciones, según el informe. También ha influido la generalización del «scrip dividend» en la política de retribución al accionista de muchas empresas. Las empresas han dado la opción de cobrar el dividendo en efectivo o en títulos, alternativa elegida de forma mayoritaria por estos accionistas.

Los terceros grandes propietarios de las acciones cotizadas españolas son las empresas no financieras, con el 20% del total. Tras una época en la que muchas compañías se vieron en la necesidad de desinvertir para reducir sus abultados endeudamientos, BME destaca que en el bienio 2015-2016 se produce un punto de inflexión por el fin de la crisis apuntalado por las mejores condiciones financieras, el atractivo de mantener participaciones en empresas a través de un vehículo corporativo y el aumento de la autocartera.

A la cola entre los inversores están los bancos y las cajas de ahorros, propietarios del 3% de las acciones, seis décimas menos que en 2015. La tendencia desinversora de estas entidades tiene por fin reforzar el capital bancario para afrontar la nueva normativa producto de la crisis financiera.

Las administraciones públicas registraron un nivel de participación en las cotizadas similar al de la banca, 3,1%, 0,2 puntos más que en 2015. Se trata del porcentaje más elevado de los últimos 19 años. Detrás del incremento está la salida a bolsa de AENA en 2015. Su posterior revalorización en el mercado ha llevado a que el valor de la participación de su principal accionista, la empresa pública Enaire, se haya disparado. Además de en AENA y Bankia, las administraciones públicas tenían participaciones al cierre de 2016 en Red Eléctrica, IAG, Ebro-Foods, Enagás o Indra a través de varios organismos y entes.