La inversión pública frente a la desigualdad territorial

Cada comunidad tiene su gobierno con su particular estrategia política. Esto genera enormes diferencias regionales en cuanto a la inversión en obras públicas. Sin embargo, en el conjunto del país crece el gasto en sectores como la sanidad.

La inversión pública fue uno de los pilares del crecimiento a principios de siglo hasta alcanzar su cota más alta en 2009 al representar el 5,1% del PIB. No obstante, en 2016 sólo suponía el 2,09%, según el Banco de España. La revitalización del gasto de este sector puede apuntalar, de nuevo, síntomas de la recuperación económica como la mejoría de la construcción o el consumo. Pero todavía queda una asignatura por resolver: las desigualdades territoriales.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, asegura que «es evidente que cuando se ha tenido que reactivar la economía, en muchas ocasiones se ha utilizado la obra pública para que licitando diversos proyectos ( o muchos) puedan acceder a generar empleos a miles de personas y consecuentemente mejorar la situación económica y laboral de las mismas, lo que necesariamente tiene una gran influencia en la sociedad y en el consumo».

Sin embargo, no todos los ciudadanos disfrutan de la misma manera los beneficios de los servicios e infraestructuras públicas. Las diferencias regionales son el principal debate sobre la inversión y, según Pedreño, esto se debe a la ideologización del asunto: «La inversión en obras públicas es una estrategia política, social y económica que marca cada comunidad, cada provincia y cada ayuntamiento, por lo que efectivamente hay una gran diferencia en las inversiones en obras públicas. En este sentido, cobra tambien importancia los planes del Gobierno que se aprueban cada año en los Presupuestos Generales del Estado y que planifica el Ministerio de Fomento».

Mientras las licitaciones crecieron en torno al 20% entre en el conjunto de España de enero a septiembre de 2017, en Navarra aumentaron sobre el 150%. Ceuta y Cantabria también las subieron alrededor del 100%. Por el otro lado, se encuentran Galicia, La Rioja y Asturias, regionen en las que las licitaciones han decaído cerca de un 50%, un 40% y un 15%, respectivamente. Las inversiones del Ministerio de Fomento tampoco son homogéneas. En el mismo periodo, había invertido 242,19 millones de euros en Aragón; 200,70 millones en Andalucía, y 149,63 millones en Castilla y León. La otra cara de la moneda la representan La Rioja, donde se gastaron 1,32 millones; Extremadura, con 2,62 millones, y Navarra con 4,05 millones.

El reverdecimiento de la inversión pública tiene que atender necesidades que se han visto paralizadas durante la crisis económica. Un informe de Seopan revela que entre 2007 y 2017, la licitación de obra pública en sanidad descendió un 41,60%. Pero aprovechando el impulso de la nueva ola, las administraciones están intentando recuperar el terreno perdido. Si en 2016 se invirtieron en obra pública sanitaria 341.388 millones de euros, el ejercicio siguiente, el gasto fue de 577.389 millones.

Facilidades legales

Y la nueva Ley de Contratación Pública (que entró en vigor el 9 de marzo) favorecerá, aún más, el crecimiento de la inversión en obras públicas de carácter básico, es decir, la destinada a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. En estos casos, comenta Predreño, «la nueva Ley concede una mejor respuesta jurídica a cuestiones alejadas de la lógica del mercado, que hasta ahora han estado sin ser tratadas adecuadamente. Esto significa que un contrato de prestaciones personales de carácter sanitario o social, podría estar exceptuado de las reglas de concurrencia propias de un contrato típico de servicios o productos (concertación social). Asimismo, se podrá aplicar un régimen no contractual para la prestación de estos servicios, así como que se diseñe un régimen singular de contratación. En este sentido, pueden reservarse contratos e incluso es posible establecer unas normas “distintas” de contratación pública en el ámbito de los contratos sanitarios o sociales que pongan el acento en aspectos técnicos y de calidad, y donde el precio tenga menor incidencia».

El ahorro ya no es tan prioritario como en los últimos años, en los que la rebaja del déficit obligada por Europa hacía que fuese el objetivo prioritario para conceder una obra a una determinada empresa. Vuelve la cualidad sobre la cantidad.

Modernizar las infraestructuras

La revitalización de la inversión en obra pública es una oportunidad para que España modernice sus infraestructuras. Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España, afirma que «entre los aspectos claves que deben tenerse en cuenta en el diseño de las nuevas edificaciones destacan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, no solo durante la vida de las infraestructuras, sino también durante su construcción, la interconectividad entre los diferentes medios de transporte, soportada por la compartición de datos y el ‘‘Big Data’’,y ligada a esta mayor utilización y exposición de los datos, la creciente preocupación por la Ciberseguridad. A modo de ejemplo, en el ámbito del transporte es crítico analizar cómo deben integrarse en las infraestructuras existentes los modos de transporte emergentes como los vehículos autónomos o los drones».