La invisible revolución verde de Sánchez

El Gobierno destina sólo 29 millones de euros más que el PP en los Presupuestos Generales del Estado a las políticas clave para a la transición energética que abandera el Ejecutivo.

La transición energética es una de las banderas del Gobierno de Sánchez, que dedicó una cartera en exclusiva, con Teresa Ribero al frente, a preparar a la economía española para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado reflejan que el Ejecutivo ha priorizado otras partidas en detrimento de la revolución verde. En este sentido, las políticas de Industria y Energía, patas fundamentales de la transición energética, se llevan apenas 29 millones más que en los Presupuestos de 2018, elaborados por el PP. Un alza raquítica para estas políticas –que pasan de 5.774 millones de euros en 2018 a los 5.803 millones actuales– y que deja su peso dentro de los recursos del Estado en el mismo porcentaje que en 2018, un 1,6% del total del gasto contenido en los PGE. Y esto a pesar de que el propio Gobierno se ha fijado en el anteproyecto de ley de cambio climático y transición ecológica que al menos el 20% de los recursos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado tengan un impacto positivo en la descarbonización y electrificación de España.

Las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, explicaron el pasado viernes que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» centrado en el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia ambiental, la mejora de la calidad del aire y el impulso de las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. Calviño aseguró que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12% y permitirán impulsar la zonas en el proceso de renovación, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras actuaciones prioritarias para afrontar la primera fase de esta revolución verde.

Sin embargo, los PGE reflejan una simbólica subida del 0,5% en las políticas de Industria y Energía, que deberán nutrirse del trasvase de otras partidas para cumplir los objetivos anunciados por la ministra.

Buena parte de esta revolución ecológica que ha abanderado el Gobierno de Sánchez pasa por la descarbonización. Las dificultades de suprimir el carbón de los sectores no energéticos implican la descarbonización casi total del sector eléctrico. Un objetivo complejo si tenemos en cuenta que la cuota final de las energías renovables puras es del 17,5% y, sobre todo, muy caro. De hecho, el «lobby» renovable calcula que será necesaria una inversión de 100.000 millones de euros durante los próximos diez años para cambiar el actual modelo energético, donde el peso de las tecnologías fósiles y de la energía nuclear es aún significativo.

Cierto es que España dispone de otras fuentes dentro del mix energético para generar electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero como la nuclear y la hidráulica, que aportaron un 20,6% y un 16,9% a la generación eléctrica en el primer semestre del pasado año. Sin embargo, Sánchez anunció desde que asumió el poder que quiere aprobar cuanto antes un calendario de cierre de las centrales nucleares, que pasaría por suprimirlas en 2027, con un coste para el sector superior a los 6.000 millones de euros.

Los ambiciosos planes a largo plazo del Ejecutivo se mantienen en un limbo de anuncios a bombo y platillo sin calendarios claros ni recursos públicos destinados a mitigar el fuerte alza de los precios de la luz que conllevará la electrificación de la economía y que se ha dejado notar en los últimos ejercicios. La transición energética conjuga, además, una ecuación que suma una creciente demanda con fuentes de generación más caras por la supresión gradual del carbón y de la nuclear, una energía que por la estratégica ubicación de sus centrales dentro del mapa de redes y su situación como tecnología de respaldo –siempre disponible, al contrario que las renovables, y con una materia prima con precios predecibles– haría necesaria una gran transformación del sistema de suministro eléctrico, según indican los expertos.

Las emisiones del conjunto de la economía española en 2030 deberán reducirse en un 20% respecto a 1990 y en un 90% en 2050. Además, en 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final del 35%, alcanzar en 2030 un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 35% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Aunque el grueso de esta transformación energética arrancará en 2020, el Ejecutivo de Sánchez ha congelado su apuesta por la revolución verde para tratar de ganar apoyos en la calle y en el Congreso, con el alza de las pensiones y el mayor trasvase de recursos para Cataluña.