La norma VTC destruirá 55.000 empleos

Para cumplir la proporción de una licencia de Uber o Cabify por cada 30 de taxis sería necesario eliminar 9.000 autorizaciones, lo que implicaría que el sector dejase de recaudar algo más de 606 millones de euros cada año.

Si en el conflicto de la movilidad urbana el sector del taxi dice que se juega el futuro de más de 100.000 familias, el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) asegura que, de su parte, están en el aire 55.000 empleos. Unauto, la patronal del sector que representa al 90% de las VTC, encargó a la consultora EY un estudio sobre el impacto que tendría la supresión de las licencias con las que cuenta ahora mismo en toda España, algo más de 11.200. En conjunto, la desaparición del sector supondría la pérdida de 69.241 empleos, entre conductores, empleados de plataformas y trabajo indirecto. Sin embargo, el Ministerio de Fomento no tiene en mente enterrar al sector. Su objetivo es reducir su tamaño.

El próximo viernes 28 aprobará un real decreto ley para habilitar a las comunidades autónomas a regular las licencias VTC. En la práctica, y siempre que las autonomías acaben aceptando, lo que este paso supondrá es que los ayuntamientos podrán imponer una doble licencia a estos vehículos con la que alcanzar la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi que establece la ley, pero que ahora no se cumple. Entre 2009 y 2013, la normativa no establecía ningún tipo de restricción. Pero, a pesar de ello, las autonomías se negaron a conceder estas autorizaciones por considerar que no eran necesarias. Ahora, los tribunales están dando luz verde a estas licencias y han inundado el mercado, desbordando el 1/30 hasta el 1/6, llegando a casos como el de Madrid, donde la proporción ronda el 1/3. Y la cosa amenaza con empeorar porque hay otras 9.000 licencias pendientes de los tribunales, según advirtió hace unas semanas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La implantación de la ratio 1/30 implicaría que de las 11.200 licencias VTC que hay ahora mismo, 9.000 sobrarían, es decir, el 80%. Extrapolado este porcentaje al empleo, significaría la desaparición de 55.392 puestos de trabajo. No obstante, la cifra podría variar porque Ábalos anunció esta semana que dejará que sea cada comunidad autónoma la que fije la ratio entre taxis y VTC en función de sus necesidades y otros factores como la contaminación o la densidad del tráfico.

El estudio también calcula que si se llegara a este extremo, el Estado debería indemnizar a las compañías VTC con 3.000 millones de euros. La posibilidad de reclamar una compensación económica ha sido apuntada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado, que en un informe reciente subraya que una doble licencia para el ejercicio de la actividad sería contraria al ordenamiento jurídico europeo y español, y al tener efecto revocatorio debería ir acompañada siempre de una indemnización. Unauto, de hecho, ya tiene preparada toda la artillería. El pasado miércoles, la patronal de los VTC advirtió de que denunciará ante los tribunales, la Unión Europea y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) «cualquier restricción a nuestros derechos, a la libre competencia y la libertad de elección de nuestros más de seis millones de usuarios que surjan a partir de esta nueva regulación».

No lo ven igual ni el Ministerio de Fomento ni el sector del taxi. El departamento de José Luis Ábalos asegura que no van a expropiar licencias y que, por tanto, no deben indemnizar a nadie. Desde el taxi añaden que, a diferencia de las licencias de taxi, que son obligatorias para prestar un servicio público, las de VTC se solicitan a voluntad de las compañías, que deben adaptarse a las circunstancias existentes.

Que el Estado tuviera o no que pagar indemnizaciones sería algo que tendrían que dirimir los tribunales. A lo que afectaría con seguridad esta reducción de actividad, según Unauto, sería a las finanzas públicas. Según los cálculos del informe de EY, el sector aporta 758 millones de euros en concepto de impuestos sociales, IVA e Impuesto de Sociedades. Recortar esos ingresos un 80% implicaría reducir esta recaudación a algo más de 151 millones de euros.