Caso Afinsa
La Plataforma Solución Fórum-Afinsa pide al Estado que asuma la deuda de 5.000 millones
La Plataforma Solución Fórum-Afinsa, formada por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico y la asociación de consumidores Adicae, que engloba a más de la mitad de los perjudicados por las intervenciones de Fórum Filatélico y Afinsa, mantiene viva, nueve años después, su lucha por una solución eficaz que permita a los cerca de 500.000 afectados recuperar los ahorros perdidos en el mayor escándalo económico de la historia de España, pérdida que ascendió a más de 5.000 millones de euros.
En rueda de prensa celebrada esta mañana en Madrid, representantes de las asociaciones que agrupan a los afectados por los casos Afinsa y Fórum Filatélico han reclamado una solución política que termine con nueve años de “desamparo judicial y de irresponsabilidad política e institucional”.
Asimismo han anunciado “una ofensiva más fuerte” ante las instituciones europeas y españolas, ante el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial; en el Congreso, en el Senado e irrumpir en los actos electorales. “Queremos una mesa de negociación ya. Tenemos 17 parlamentos autonómicos que votaron a favor de una solución política y es necesario sentarse a negociar. Basta de promesas o silencios.”
Caso singular, solución singular
Según Jose Javier López de Castro, presidente de la Asociación Perjudicados Fórum Madrid y portavoz de la Plataforma “La intervención en el caso de Fórum y Afinsa es de una singularidad que no admite comparación con ninguna otra anterior o posterior usada contra cualquier empresa de nuestro país. El modelo de intervención elegido no permitió ninguna salida ni para clientes ni para empresas y el daño provocado a los primeros fue irreversible; la reparación del perjuicio requiere una decisión política igualmente excepcional”.
La Plataforma exige al Gobierno la aprobación de una solución política basada en que el Estado adquiera la deuda que Fórum Filatélico y Afinsa tienen contraída con sus clientes. “De esta forma, el Estado asumiría la iniciativa de liberar a los perjudicados de un procedimiento de liquidación concursal que, nueve años después, se ha mostrado interminable, ineficaz y ruinoso. Se ha vulnerado nuestro derecho a tener una tutela judicial efectiva”, indicó Francisco Berzosa, vicepresidente de la Plataforma de Clientes de Afinsa de Madrid.
La solución propuesta, afirma la plataforma en un comunicado, "ha sido respaldada en múltiples ocasiones por todos los grupos parlamentarios en decenas de debates, mociones e iniciativas en el Congreso de los Diputado y en los parlamentos autonómicos, sin que hasta la fecha se haya conseguido una solución satisfactoria y definitiva. Los afectados por la intervención de Fórum Filatélico tan solo han percibido el 20,5% de sus ahorros, mientras que los perjudicados de Afinsa han recuperado un 5%".
Nueve años sin justicia
Nueve años después de la intervención de las empresas, el caso sigue estancado, aunque con dos procedimientos en marcha: el penal y el concursal; y otro más, el contencioso administrativo, que finalizó sin aportar soluciones. A ello se suman las constantes contradicciones sobre si las empresas intervenidas desarrollaban una actividad mercantil o financiera.
“Hasta la fecha, los únicos pasos dados por la Justicia sólo han servido para librar a la Administración del Estado de sus obligaciones, mientras los afectados seguimos esperando unos juicios penales en los que se delimiten las responsabilidades que correspondan, también la del Estado”, señala Antonio Cuartero, presidente de la Asociación de Afectados de Fórum Filatélico.
De hecho, tras estos nueve años, solo Afinsa tiene fecha para el juicio, a finales de 2015 y principios de 2016, mientras que Fórum Filatélico sigue a la espera.
La plataforma ha anunciado que si a principios de 2016 no han comenzado ambos juicios penales, retomarán las movilizaciones mensuales frente a la Audiencia Nacional. Consideran que el juicio penal es la oportunidad para demostrar la responsabilidad del Estado en el caso Fórum-Afinsa.
El procedimiento concursal tampoco ha sido útil. La valoración de los activos, según la Plataforma, ha sido “pésima”, muy por debajo de las valoraciones más pesimistas. La propia Administración Concursal afirmó en su informe que la valoración de la filatelia se realizó con un criterio de “liquidación masiva y a corto plazo”. Sin embargo nueve años después los perjudicados siguen esperando recuperar sus ahorros.
Los afectados han denunciado la incapacidad de los administradores nombrados por el juez para gestionar los activos y sus honorarios millonarios al amparo de una ley “que no está pensada para concursos de acreedores de esta magnitud”. Los perjudicados piden que el Estado les libere de un procedimiento “eternizado y ruinoso”.
Por último, el Procedimiento Contencioso-Administrativo se encuentra en vía muerta. Las asociaciones iniciaron en 2007 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado por omisión de sus funciones de vigilancia y control (si la actividad fuera financiera), así como por llevar a cabo una intervención desproporcionada y causar un daño mayor del que supuestamente se pretendía evitar (si la actividad era mercantil).
En febrero de 2010, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desestimó las pretensiones y negó la responsabilidad del Estado con el argumento de que la actividad era mercantil y estaba suficientemente regulada en el ámbito de las autoridades de Consumo, por lo que no era competencia de la CNMV o del Banco de España vigilar dicha actividad.
En Diciembre del mismo año, el Tribunal Supremo respondió en el mismo sentido a los perjudicados que recurrieron la sentencia de la Audiencia Nacional. “Fue probablemente la sentencia más rápida de su historia, pues la emitió solo cuatro meses después de recibir el primer recurso de casación, lo que nos hace sospechar que la decisión estaba tomada y la sentencia escrita de antemano”, aseguran los representantes de la Plataforma, que sospechan de una “sentencia política”.
Asimismo, los representantes de los perjudicados señalan que es necesario tomar las medidas para que no vuelvan a suceder hechos de esta magnitud. “La desprotección de los consumidores es una constante en España. Han rescatado a bancos, pero no a los ahorradores. Los casos como participaciones preferentes, deuda subordinada, embargos hipotecarios, etc. demuestran que necesitamos dar un giro a la política y a la justicia para salvaguardar nuestro sistema de garantías”.
Manifestación
El próximo sábado, cuando se cumplen exactamente nueve años desde que el Gobierno interviniera ambas empresas, se celebrará una manifestación en Madrid para exigir al Gobierno la solución política que, según recuerdan, "Mariano Rajoy prometió por escrito en la campaña electoral de las elecciones de 2008".
Bajo el lema, “Solución política y Justicia ¡YA!”, la manifestación comenzará en la Puerta de Alcalá y finalizará con la lectura de un comunicado dirigido al Gobierno, a todas las fuerzas políticas y a la sociedad. La organización ha fletado 25 autobuses desde distintos puntos de España y se espera la asistencia de miles de afectados.
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