La reforma del Estado ya ha ahorrado 6.500 millones

La reforma de la Administración emprendida por el Gobierno desde el arranque de la Legislatura ha logrado ahorrar 6.440 millones de euros con tan sólo 22 de las 218 medidas comprendidas en la política de racionalización administrativa totalmente finalizadas. La celeridad en la implantación de la reforma, con 194 medidas en proceso de ejecución y apenas 2 aún sin arrancar, logrará que el sector público deje de gastar 37.620 millones de euros en los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.

Al final de este periodo, tras haber quitado toda la grasa del Estado, las administraciones estarán ahorrando 17.534 millones de euros anuales con respecto a lo gastado en 2011. Las medidas de racionalización administrativa, supresión de organismos y estructuras, eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de medios y servicios recogidas en el informe de la CORA (Comisión para la Reforma de la Administración) comportarán a su vez unos ahorros para ciudadanos y empresas de 16.295 millones de euros cuando estén plenamente desarrolladas. A los 6.440 millones ahorrados hasta la fecha habría que sumar además los generados por las medidas ya cuantificadas en materia de empleo público. Tampoco se recoge la importante reducción del gasto público como consecuencia de reformas estructurales que las comunidades autónomas y las entidades locales han acometido en sus Planes de Ajuste como contribución al esfuerzo de racionalización y austeridad necesario para cumplir con los objetivos de déficit público (6,5% del PIB para 2013 y 5,8% del PIB para 2014).

De las 218 propuestas, 138 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 80 sólo a la Administración General del Estado. A su vez, del conjunto de las medidas, 11 tienen carácter general para todas las administraciones; 119 tienden a eliminar dupli­cidades con las comunidades autónomas y dentro del Estado; 41 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan las gestiones de los ciudadanos; 39 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administra­ción, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entida­des públicas estatales.

Las medidas que afectan a sectores concretos suman 155, mientras que el resto (63) tienen carácter general. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el que más medidas deberá desarrollar (68), seguido de Educación y Empleo, ambos con una veintena de medidas. Algunas medidas afectan a varios ministerios, tales como la implantación de un sistema de medida de productividad y eficiencia, la potenciación de la planificación conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, la reestructuración del sector público empresarial o la supresión de organismos con competencias duplicadas, entre otras.

Con datos de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB, que ascendió a 43,4% en dicho año, a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).

El último informe de la oficina de ejecución de la reforma concluye que, con estos datos, el tamaño del sector público no es elevado comparado con la media de los países de la UE. No obstante, en España el aumento del gasto público ha sido particularmente intenso en los últimos años.

Tras un fuerte ajuste fiscal entre los años 1996 y 2004, periodo en el que se redujo el gasto público en relación al PIB en 4,3 puntos porcentuales (pasando del 43,2% al 38,9%), en los años posteriores se registró un aumento significativo del peso del sector público en la economía.

Entre 2005 y 2011, el gasto público incrementó su peso en el PIB en 6,7 puntos, pasando de representar el 38,4% en 2005 al 45,2% en 2011. Solamente Irlanda y Grecia registraron un aumento mayor del sector público.