La «tasa Digital» reducirá la competitividad de pymes

Si las plataformas digitales transfieren el coste del IDSD a sus clientes y usuarios de pago, las rentas más bajas lo notarán.

El impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales, y repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas. Esta semana se presentaba el estudio «Who will bear the Burden of DSTs?», del que se desprende, como apunta Paul MacDonnell, director ejecutivo de la Fundación Digital Global, –una plataforma para el diálogo entre los responsables políticos, académicos y otros stakeholders, en apoyo a políticas para la sociedad digital que tienen su razón de ser o justificación en datos empíricos–, que «el IDSD actúa como una tasa basada en el uso de datos de consumidores y ciudadanos. De este modo, es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos. Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital».

Entre los efectos de la aplicación a largo plazo del IDSD se hallan la menor productividad de las empresas afectadas, menor competitividad y una contracción del crecimiento económico a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, la «tasa digital» tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando injustas ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras, y reducirá la capacidad de la economía para generar trabajo y riqueza.

El informe analiza el efecto económico del impuesto sobre determinados servicios digitales en Europa y sus consecuencias para los consumidores y pequeñas empresas, la «tasa digital» planteada por el Gobierno de España afectará a un mayor número de compañías de las previstas inicialmente (plataformas digitales con cierto tipo de servicios y determinados umbrales de ingresos).

Son muchas las pequeñas empresas que se están creando gracias a las plataformas digitales y otras tecnologías de internet y que se verán afectadas por el impuesto. El sector tecnológico es uno de los empujes de la creación de empleo y riqueza, y a pesar de que la UE considera a la tecnología digital una palanca de mejora de la productividad económica, la creación del IDSD frenará su uso y desarrollo. Asimismo, el planteamiento del impuesto, gravando los ingresos y no los beneficios, contradice el tradicional principio de fiscalidad internacional de gravar los beneficios corporativos. Entre los argumentos esgrimidos a favor del IDSD está que las empresas digitales son más proclives a aplicar estrategias para reducir el pago de impuestos que las que no lo son.

No obstante, MacDonnell señala que no existen evidencias que apoyen esta afirmación. De hecho, una comparativa de las tasas efectivas de impuestos corporativos (ECTR en sus siglas en inglés) de las empresas digitales con las no digitales confirma que las primeras utilizan menos las estrategias para evitar el pago de impuestos. Al respecto, destaca que la ECTR en el sector tecnológico está por encima del 26%, comparable con las tasas efectivas en sectores como alimentación o automovilístico, entre otros, y bastante por encima que el sector bancario, que se sitúa su ECTR por debajo del 20%.

Francisco Hortigüela, director general de AMETIC, ha transmitido la preocupación de la patronal por la «tasa digital», ya que «penalizará a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo. Además, este impuesto hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas españolas». MacDonnell concluye que «si las plataformas digitales transfieren el coste del IDSD a sus clientes y usuarios de pago, serán las pequeñas empresas y las rentas más bajas las que se verán afectadas».