La UE pide a España un ajuste de 7.800 millones para 2020

Exige el mismo esfuerzo este año, pero no será posible por la prórroga de los Presupuestos. Cree que el sistema de pensiones necesitará «medidas compensatorias» si sigue ligado al IPC.

Bruselas ya no ahoga, pero sigue apretando. Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho pidieron ayer a nuestro país la puesta en marcha de ajustes estructurales (no sujetos a los vientos del ciclo económico) por valor de 7.800 millones de euros el año que viene.

De esta manera, las capitales europeas han avalado sin cambios el informe realizado por el Ejecutivo comunitario el pasado 5 de junio en el que se exige un ajuste anual del 0,65% del PIB, ya sea a través de recorte de gasto o aumento de ingresos. La Comisión Europea también había pedido el mismo esfuerzo estructural para este año, lo que ha sido imposible de cumplir debido a la prórroga de los Presupuestos anteriores.

Los Veintiocho constatan que España no está haciendo los deberes y vive de las rentas gracias a su sólido crecimiento económico de los últimos años, sin poner en marcha nuevas medidas estructurales y abordar la reducción de la deuda. En este sentido, el texto exige «utilizar cualquier beneficio adicional para reducir el ratio de deuda pública» ante en «riesgo de desviación significativa» si no tienen lugar «cambios en las política fiscales».

Por lo demás, el informe refrendado por los Veintiocho incide en algunos de los males endémicos de la economía española y repite muchas de las recomendaciones que el Ejecutivo prescribe para nuestro país, año tras año. Dentro de los capítulos controvertidos, el texto señala que «durante la crisis, el sistema de pensiones español desempeñó un papel importante al garantizar el nivel de las personas mayores y su menor riesgo de pobreza». Pero tras los piropos llegan los aguijones, ya que para Bruselas seguir ligando las pensiones con la inflación (tal y como se ha decidido para los años 2018 y 2019 en contra del criterio de la Comisión Europea) y el retraso en el denominado factor de sostenibilidad harán necesarias «medidas compensatorias» para asegurar la pervivencia de las pensiones «en el medio y largo plazo». La reforma llevada a cabo por España en el año 2013 –dictada prácticamente por Bruselas– establecía a partir de este año el cálculo de las pensiones según la esperanza de vida, pero el Ejecutivo ha decidido posponer esta medida (el denominado factor sostenibilidad) al año 2023. Además, Bruselas también requiere más medidas para asegurar la adecuación de las futuras pensiones, teniendo en cuenta la duración de las carreras profesionales ante el alto desempleo y el uso extendido de los contratos temporales y el trabajo parcial.

Precisamente, la baja calidad del empleo sigue suscitando las preocupaciones de la Comisión Europea. España sigue liderando los ránking de empleos temporales, lo que, según el Ejecutivo comunitario, daña el «crecimiento potencial» de la economía y la «cohesión social». Aunque se han tomado medias en los últimos años, los resultados siguen siendo tímidos.

«Los esfuerzos para reforzar las inspecciones de trabajo, en aras de luchar contra los abusos, están dando algunos frutos y el porcentaje de contratos indefinidos en el crecimiento neto de empleo está aumentando. Sin embargo, los empleadores continúan haciendo un uso extensivo de contratos de corta duración. Las evidencias del pasado evidencian que los numerosos incentivos para apoyar la creación de empleo están teniendo efectos limitados en promover la calidad», explicó Bruselas.