LaLiga y Movistar Plus+ llevan a juicio al CEO de Cloudflare por piratería

La piratería en el fútbol ha recibido un nuevo golpe. LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital) han presentado una querella criminal, ya admitida a trámite, contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos relacionados con la piratería audiovisual. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al directivo estadounidense a declarar como investigado el próximo 7 de abril por supuestos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia, según han confirmado fuentes judiciales a LA RAZÓN.

En el procedimiento figuran como querellados tanto Prince, en su condición de CEO, como la propia Cloudflare Inc. como persona jurídica, en relación también con su filial europea. El juzgado ha acordado su citación y la imputación de la compañía. Se trata de la primera vez que en España se cita judicialmente a una gran tecnológica estadounidense por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.

La querella atribuye la posible comisión de tres delitos: contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la justicia. La acusación sostiene que Cloudflare y su presidente habrían llevado a cabo actuaciones destinadas a dificultar la ejecución de una sentencia dictada el 18 de diciembre de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona.

Esa resolución autorizaba a LaLiga y a Movistar Plus+ a comunicar a los proveedores de acceso a Internet en España, en cada jornada de competición, las direcciones IP que facilitaran el acceso ilícito a contenidos audiovisuales protegidos, incluidas numerosas IP asociadas a Cloudflare.

Los hechos investigados se centran en la supuesta prestación de servicios tecnológicos que habrían restado eficacia a dicha sentencia, al ocultar de forma sistemática las direcciones IP reales de plataformas piratas y ofrecer herramientas consideradas esenciales para su funcionamiento.

Según la querella, alrededor del 38% de los servidores, páginas web, reproductores y plataformas que difunden ilegalmente competiciones deportivas en España habrían utilizado servicios de Cloudflare. Los daños económicos causados por la actividad de Cloudflare se estiman en 859 millones de euros anuales.

LaLiga y Movistar Plus+ sostienen que la compañía actúa como intermediario técnico mediante su red de distribución de contenidos (CDN) y su sistema de ‘reverse proxy’, que enmascararían la IP auténtica de los servidores piratas tras direcciones visibles de Cloudflare. Además, se le atribuye el alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de emisiones en ‘streaming’ con contenidos ilícitos, lo que, a juicio de los querellantes, la convertiría en un actor clave dentro de la cadena de la piratería audiovisual. Según sus propias comunicaciones corporativas, Cloudflare opera una red de más de 335 ciudades en 125 países y se interconecta con más de 13.000 redes.

Las entidades denunciantes afirman que Cloudflare habría recibido más de 100 requerimientos formales con información detallada sobre plataformas ilícitas. Pese a ello, sostienen que no adoptó medidas eficaces para cesar la actividad denunciada ni para bloquear de forma inmediata el acceso a esas plataformas, a pesar de contar —según la querella— con capacidad técnica para hacerlo.

La causa se encuentra en fase de instrucción y se han acordado diligencias para investigar la actividad de la compañía y su intervención en los hechos denunciados.

Multa de más de 14 millones

No es la primera vez que esta compañía se enfrenta a la justicia por violar la ley antipiratería. El pasado 9 de enero fue multada con más de 14 millones de euros en Italia por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (Agcom), el organismo que regula internet y las redes de telecomunicaciones en este país.

Concretamente, esta institución constató "la continua violación de la ley antipiratería y de las disposiciones de aplicación relacionadas de Agcom por parte de Cloudflare" y señaló que pese a la notificación de la orden continuaron "sin tomar ninguna medida para contrarrestar el uso de sus servicios para la difusión de contenidos ilícitos".

Ante este escenario, Prince amenazó con tomar ciertas medidas de presión en Italia: dejar de ofrecer sus servicios de ciberseguridad gratuitos a los Juegos Olímpicos de Milán‑Cortina, suspender los servicios gratuitos para cualquier usuario italiano, retirar sus servidores del país y cancelar cualquier inversión futura, incluida la apertura de una oficina en Italia.