Las constructoras reclaman un pago máximo por expropiaciones

Piden que el Estado asuma la cantidad que exceda ese límite.

No tropezar dos veces en la misma piedra. Con las radiales quebradas a un paso de revertir al Estado –empezarán a hacerlo el año próximo–, el sector constructor no quiere que los errores cometidos con estas autopistas se repitan con las actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). Para evitar uno de los que han sido principales detonantes del fracaso de las radiales, los sobrecostes de las expropiaciones, las constructoras exigirán que se fije una cantidad máxima a abonar por este concepto y que, en caso de que se supere, sea el Estado el que asuma el resto del coste, según explican fuentes de este sector.

«Al no estar condicionado el cobro de los proyectos al tráfico, el principal riesgo que existe es el de las expropiaciones», añaden las citadas fuentes.

Junto al desplome del tráfico provocado por la crisis, la otra gran causa del fracaso de las radiales fue el sobrecoste de las expropiaciones. Presupuestadas inicialmente en 400 millones de euros, se dispararon después hasta los 2.200 millones. Los dueños de los terrenos reclamaron ante los tribunales que se valorasen como urbanos debido a que los autopistas los iban a revalorizar. Muchos jueces respaldaron estas reclamaciones, lo que disparó el coste de las expropiaciones y desequilibró de forma definitiva las cuentas de las concesionarias, llevándolas a la situación actual de quiebra.

Aunque el sistema de pago por disponibilidad excluye la responsabilidad patrominonial de la administración (RPA) de las radiales, por la que el Estado debe compensar a la concesionaria por los cobros pendientes si el contrato se resuelve antes de que acabe su plazo, lo cierto es que los 5.000 millones anunciados ayer no serán la cantidad que finalmente pague el Estado. A los costes de construcción hay que sumar los de mantenimiento y explotación, lo que conllevaría, si las obras estuvieran acabadas hoy, un pago anual de unos 350 millones de euros, según las proyecciones de Fomento. Multiplicado por los 30 años de duración de las concesiones, arroja un desembolso de 10.500 millones de euros en el total del periodo.

Para posibilitar el concurso de constructoras de todos los tamaños, los paquetes de obras tendrán un precio mínimo de licitación de 100 millones de euros. Ahora, como aseguró Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (Anci), será importante el trabajo «para determinar la lista final de proyectos» con el fin de posibilitar el acceso a todo el sector.

Para el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), la colaboración público-privada constituye en este momento la mejora manera de reactivar el desarrollo de las infraestructuras en España. «No hay más alternativa de financiación que la colaboración con la iniciativa privada para aquellas infraestructuras que, como las viarias, son básicas para el desarrollo del país», dijo en una nota.