Los CDR bloquearán la frontera y los camioneros estallan

Los transportistas exigen por carta a Pedro Sánchez y Quim Torra que impidan el cierre de la AP-7 en La Junquera como pretenden hacer los independentistas desde el lunes. 20.000 camiones diarios quedarían bloqueados. Estarían dispuestos a denunciar en Bruselas el cierre del espacio Schengen

Los transportistas han llegado al límite. Los disturbios callejeros de la semana pasada protagonizados por los independentistas catalanes costaron a las empresas de transporte -tanto nacionales como internacionales- 25 millones de euros al día. Ahora, van a tener que enfrentarse al cierre de la frontera que pretenden llevar a cabo los secesionistas CDR, que a través de las redes sociales han puesto en marcha una convocatoria bajo el lema “Bloquegem la frontera” (“Bloqueemos la frontera”). Con ello quieren realizar un "cierre indefinido"en la autopista AP-7 que une España con Francia a través de La Junquera, a partir de la madrugada del próximo lunes.

Ante este nuevo desafío, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) han decidido actuar de inmediato y enviarán un documento oficial tanto al Gobierno central como a la Generalitat para exigir que impidan este bloqueo fronterizo “con las medidas que sean necesarias. No podemos permitir que el derecho de manifestación de unos se anteponga al derecho al trabajo, a la libre circulación y a la libertad individual de las personas”, manifestó a LA RAZÓN Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.

Por este paso fronterizo circulan diariamente más de 20.000 camiones, 10.000 camiones por cada sentido, siendo la principal salida de las exportaciones españolas hacia la Unión Europea, que alcanzan las 20.000 toneladas diarias. Si los independentistas cumplieran sus amenazas, la compañías de transporte podrían acumular pérdidas de hasta 15 millones de euros diarios, según cálculos de Fenadismer, que estima que cada hora que un camión permanece inmovilizado supone un coste económico cercano a los 55 euros por transportista. “Y no sólo es el coste económico, sino que el coste social y personal de permanecer horas tirados en la carretera sin ningún tipo de servicio, sin agua, sin comida, sin poder usar un baño público es tremendo”, se queja Gil.

Los transportistas exigirán por carta a Pedro Sánchez y a Quim Torra que se garantice la libre circulación por esta autopista, no sólo por la importancia estratégica de esta vía, sino porque “lo que representa tanto para la economía catalana como para el resto de España es de una importancia económica fundamental”.

Fenadismer entiende sus peticiones a ambos ejecutivos como un ultimátum, por lo que si no se da una respuesta satisfactoria acudirán a los tribunales ordinarios, a la Comisión Europea y al Alto Tribunal comunitario. La ley les avala, ya que al ser la AP-7 una vía de tránsito internacional entre dos países de la Unión Europea tiene que garantizarse la libre circulación de vehículos y mercancías, como exige el Tratado de Schengen. Si eso no se cumple por la intervención de los independentistas, el Gobierno deberá tomar todas las medidas necesarias para que el paso quede libre y no incurrir en una ilegalidad fronteriza con la Unión Europea. “Bruselas podría tomar medidas sancionadoras si no se respeta el tratado, y el Gobierno no se lo puede permitir”, sentenció Gil. La patronal de los transportistas confirmó a este diario que, si la frontera queda bloqueada, reclamarán al Gobierno todas las pérdidas que sufran sus asociados, "ya que las autoridades serán responsables subsidiarios de todas las pérdidas económicas que suframos al ser vías públicas con paso internacional".

De momento, habrá que esperar a ver el siguiente paso de los violentos, pero a tenor de sus últimas actuaciones, todo indica que las autoridades deberían ir tomando medidas para impedir su próxima “hazaña”.