Los VTC calculan que necesitarán 24 años para recuperar su inversión

Fomento ofrece como indemnización una moratoria de cuatro años antes de expulsarlos de las ciudades.

Cuatro años pueden ser una eternidad o un suspiro, según el prisma desde el que se analice el real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado viernes para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La norma establece que, transcurrido este tiempo, las comunidades autónomas o los ayuntamientos asumirán las competencias plenas del sector y tendrán que decidir el número de estos vehículos que podrán operar en las ciudades a través de una segunda licencia. Si no lo hacen, los VTC de la autonomía en cuestión sólo podrán operar servicios interurbanos. Hasta que llegue ese momento, sin embargo, todos podrán seguir trabajando en los entornos urbanos, aunque las autonomías, si así lo deciden, podrán determinar sus condiciones de servicio como los horarios, tarifas, días de libranzas... Fomento ha establecido estos cuatro años de moratoria para la restricción de las autorizaciones VTC a modo de indemnización.

Perjuicio para los VTC

El ministerio admite que los vehículos que dejen de prestar un servicio urbano sufrirán un perjuicio. Por eso, les dejará seguir trabajando en las ciudades cuatro años más, que es el tiempo que estima necesario para que recuperen su inversión. Un periodo que, según el interesado, se percibe de diferente modo. Para el taxi es excesivo. Consideran que perpetúa la situación de irregularidad con la que, a su juicio, operan ahora plataformas como Uber o Cabify. Además, temen que cuanto más tiempo operen estas compañías, más difícil será restringir su actividad, pues los usuarios se habrán habituado a ellas.

Desde el sector de las VTC, sin embargo, consideran insuficiente el periodo. Según sus cálculos, serían precisos 24 años para recuperar los más de 200.000 euros en que calculan la inversión de cada una de sus licencias. «Lo que ha hecho Fomento es una expropiación del uso urbano de las licencias y eso hay que compensarlo, en tiempo o con dinero», advierten desde estas compañías. Aunque el ministerio que dirige José Luis Ábalos entienden que los cuatro años de prórroga –más dos adicionales en casos excepcionales– son suficientes para resarcir a los afectados y evita al Estado tener que desembolsar cualquier cantidad por los perjuicios acarreados, el sector de los VTC cree que la indemnización en tiempo «no es consistente en forma».

La compensación en tiempo no es el único punto del decreto que el sector de los vehículos de alquiler con conductor rechaza. A su juicio, se trata de un texto lleno de «imperfecciones». Aseguran que, para empezar, no están justificados ni la urgencia ni el interés general que deben concurrir para aprobar un real decreto-ley. Además, consideran que atenta contra las leyes de Unidad de Mercado y de Economía Sostenible, y que pretende transferir las competencias en la materia a las autonomías a través de un decreto-ley, cuando, según los VTC, debería hacerlo a través de una ley orgánica. Todas estas cuestiones son las que, muy probablemente, lleven al sector a denunciar ante los tribunales, tanto nacionales como comunitarios, la totalidad del decreto. En estos momentos, seis despachos de abogados trabajan en el caso.

Junto a la batalla legal, los VTC también están sopesando plantear más resistencia en las calles. «La gente está muy caliente porque se está jugando con el trabajo de 30.000 personas», aseguran las fuentes consultadas. Su sensación es que el Gobierno, tanto este como el anterior, se ha plegado a las presiones del taxi en la calle y que, siendo así, tal vez sea ese el camino que deban seguir para conseguir algo. «Si el Ejecutivo cede al chantaje, el mensaje es que tienes que hacer lo mismo», afirman. Y lanzan una advertencia. «Lo del taxi va a ser un chiste si se sigue adelante con el decreto», advierten.