Malos tiempos para los sindicatos, que se sienten maltratados

Los grandes sindicatos pasan horas bajas tras verse afectados en los últimos tiempos por escándalos por los que se sienten maltratados por la opinión pública en mayor medida que las organizaciones empresariales y los partidos políticos, también salpicados por la corrupción.

UGT -a la que afectan el mayor número de casos abiertos- admite que vive uno de sus peores momentos y el propio Cándido Méndez decía esta semana que había sido un golpe muy duro conocer que el histórico dirigente asturiano del sindicato, José Ángel Fernández Villa, está siendo investigado por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal.

En declaraciones a EFE, el secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, reconoce que todos han cometido errores, si bien considera que hay que aprender para no volver a caer en ellos.

No obstante, cree que los sindicatos son molestos para determinados intereses económicos y políticos, que buscan su desprestigio, y para ello se valen de distintos instrumentos, entre ellos, algunos medios de comunicación.

A CCOO también le ha pillado la ola de descrédito que para los sindicatos han significado casos como el supuesto uso irregular de los fondos para la formación y para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, y más recientemente la utilización de las tarjetas opacas que Caja Madrid daba a los consejeros de la entidad.

Estos asuntos han supuesto un mazazo para su credibilidad, ya que se ha puesto en tela de juicio la labor de organizaciones que aspiran a poner los valores éticos por delante de cualquier otra cuestión.

Así lo considera el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, que recuerda a EFE que el fenómeno de la corrupción es un mal que aqueja a todo el entramado político e institucional y una grave enfermedad de la calidad democrática del país.

Añade que muchas de las informaciones surgidas al respecto, por tiempo y forma, responden a una campaña para deslegitimar el movimiento sindical, para aminorar la conflictividad social y poder poner así en marcha “medidas contrarreformistas” como la reforma laboral.

Tanto Lezcano como Cubillo coinciden en que sus organizaciones están dispuestas a actuar con determinación para depurar responsabilidades y poner en marcha reformas de fondo, tras haberse demostrado la insuficiencia de los controles contra la corrupción que hasta ahora se consideraban eficaces.

De hecho, UGT ha pedido explicaciones insistentemente a UGT-Andalucía desde que en 2013 la jueza Mercedes Alaya retomó el caso de los ERE y lo amplió con la investigación de los presuntos fraudes en los cursos de formación, llegando a forzar la dimisión del entonces secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla.

En las últimas semanas, UGT también ha visto cómo cinco militantes aparecían como beneficiarios de las tarjetas opacas que recibieron de Caja Madrid como consejeros en representación del sindicato.

Entre ellos, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez -que fue de los primeros en reaccionar presentando su dimisión-, mientras que respecto al resto de implicados no se ha tomado ninguna medida.

Otros seis militantes de CCOO están en la lista de las tarjetas opacas, lo que ha llevado a la Comisión Ejecutiva Confederal a reunirse esta semana y anunciar el inicio de una investigación y su suspensión de militancia.

En CCOO han criticado la actuación de estos sindicalistas porque “nunca debieron aceptar esta forma de retribución y mucho menos hacer uso de ella”.

El sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo también se ha visto afectado por el caso de los ERE de Andalucía, aunque siempre ha defendido que no actuó de manera irregular o fraudulenta y que los fondos recibidos iban destinados a financiar la defensa de los trabajadores.

Además, le ha rozado el caso de los cursos de formación, un fraude que, según subraya a EFE el secretario de Formación de CCOO, Javier López, no se produce en el ámbito estatal, sino en el autonómico.

Por ello, López considera que habría que poner orden en la gestión de los fondos que distribuyen las comunidades autónomas y en la formación que imparten las propias empresas y que se bonifican en las cuotas a la Seguridad Social.