Marta Fernández Currás: «Cataluña no incluyó la Defensa y la Seguridad en ''su'' balanza fiscal»

Entrevista a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos: «No existe capítulo de gasto público que no haya sido recortado ya»

–¿Cumplió España el déficit en 2013?

–El déficit está controlado, el gasto público se ejecutó, en general, conforme a lo previsto por todas las administraciones. El cálculo del déficit es un proceso complejo, requiere consolidar las cuentas de todas las administraciones. Todavía debemos esperar al cierre de las cuentas públicas, y la fecha de rendición de ese avance provisional ha de hacerse antes del 1 de abril. Después, han de ratificarse con los envíos definitivos, que se hacen en octubre, ya que siempre hay variaciones de algunas décimas tras la revisión de los criterios de la Intervención General de la Administración del Estado en reuniones bilaterales con las comunidades y las corporaciones locales. Pero no será hasta marzo cuando demos a conocer el resultado final. Aún falta alguna autonomía por remitir las cuentas. Los datos del pasado noviembre son indicativos, pero cada administración tiene algunas peculiaridades de cierre, según los devengos de los impuestos. La visión general que tenemos es de control.

–¿Qué es lo que más le preocupa a Bruselas?

–Lo que le importa a la Comisión Europea es la contención del déficit estructural, eso es lo realmente importante de la senda de consolidación fiscal con Bruselas. Ése es el objetivo y España ha puesto las bases firmes para conseguirlo. A nivel internacional, hemos visto portadas tan importantes como la de «Financial Times» valorando nuestro esfuerzo de consolidación fiscal. No debemos olvidar la trayectoria que llevamos, el cierre de 2012 fue espectacular. Era necesario proceder a una corrección rápida del déficit estructural, partíamos con un 7,2%, que es anómalo y lo menos conveniente para la salud de un país. Conseguimos un ahorro de gasto público superior a los 30.000 millones de euros. Fue necesario completarlo con subidas de impuestos y el ajuste conjunto fue de 24.000 millones. En 2013 la senda fue más suave, no podemos pretender seguir reduciendo el desequilibrio con la misma intensidad porque podríamos provocar otra recesión. Además, nadie nos lo pide.

–Los ayuntamientos tienen superávit, pero las comunidades siguen gastando más de lo que ingresan...

–Hay que destacar el buen comportamiento presupuestario de las corporaciones locales, que han cerrado un ejercicio presupuestario de disciplina. En 2012 lograron casi 2.000 millones de euros de superávit y en 2013 esperamos que la cifra sea notablemente superior. El país entero está comprometido con esta disciplina presupuestaria y de control del gasto. No todas las competencias de las administraciones territoriales son iguales y la capacidad financiera de cada una es distinta. El ciclo económico no incide en todas de la misma forma. Por poner otro ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no está afectado por el ciclo económico, grava la propiedad, la riqueza inmueble. Transmisiones Patrimoniales y el IVA sí tienen mucha influencia del ciclo económico. Ese componente cíclico tenemos que tenerlo en cuenta en el análisis de la salud o la enfermedad desde el punto de vista presupuestario.

–¿En qué áreas de gasto público tiene más capacidad de maniobra la Administración?

–Lo que puedo asegurar es que ya no hay gasto superfluo ni capítulo que no haya sido recortado ya. Además de ahorros de eficiencia, que ya han sido realizados. Lo que sí podemos es ganar en la eficiencia del gasto público, reordenándolo mejor. La contratación centralizada permite ahorros significativos en áreas como la Sanidad o la reordenación de la tesorería del Tesoro Público. Los contratos centralizados de combustible o la compra de vehículos para los distintos ministerios han permitido ganancias significativas en eficiencia. Las cifras de contención del déficit público no las podríamos lograr sin ese ahorro de gasto superfluo y en eficiencia. Lo que sí esperamos es una variación cualitativa del gasto. La reducción de la prima de riesgo hasta el entorno de los 200 puntos básicos ha permitido un ahorro de 8.700 millones de euros. Empezamos un año en el que vamos a tener creación neta de empleo pronto, por lo que ahorraremos en prestaciones por desempleo también pronto. En pensiones, los cambios normativos han logrado un ahorro que permitirá tender al equilibrio en la Seguridad Social en los próximos años. El Gobierno apostó por el mantenimiento del Estado del Bienestar, y eso nos ha costado mucho dinero en un momento de crisis. Pero es una apuesta definitiva del Gobierno. De cada 100 euros recaudados, 66 van destinados a preservar el Estado del Bienestar, 37 de ellos en prestaciones por desempleo. El crecimiento, el retorno de la inversión extranjera y la caída del capítulo de intereses de la deuda permitirán volver a destinar gasto público a inversiones productivas.

–¿Temen un brote de balanzas fiscales independientes en las autonomías?

–Las cuentas regionalizadas son un instrumento de discusión y debate, no pretenden atribuir cifras concretas a nadie ni que sea el origen de toma de decisiones desde un punto de vista de financiación. Es un instrumento de transparencia que favorece el debate de financiación y que pondrá de manifiesto cómo los ingresos y gastos han sido distribuidos. El debate surgido a raíz de Cataluña no permitía discriminar esa realidad económica. Hay una serie de gastos comunes, como la Defensa, la Seguridad y la Acción Exterior, que no estaban realmente imputados en la cifra que hemos conocido todos de Cataluña.

–¿Hay margen para bajar impuestos?

–El esfuerzo que hemos pedido a los ciudadanos en 2012 y 2013 fue extraordinario, pero era necesario para combatir la situación límite que nos hubiera llevado al rescate. Ése esfuerzo es de un extraordinario valor y demostrativo de que España es un país que sabe estar a la altura y responder ante ese tipo de escenarios extremos. Es una deuda contraída con la sociedad y ahora vamos a poder bajar los impuestos porque estamos en un escenario de crecimiento. Los capítulos de gasto que tuvieron que financiarse con reducción de gasto discrecional y subida de impuestos van a ir minorándose sustancialmente. Ese esfuerzo extraordinario ya no será necesario. Hay que tener en cuenta que en los últimos años las bases imponibles se fueron erosionando por muchas razones. La crisis es una de ellas, pero hay más.

–¿Cuáles serán los pilares de la reforma fiscal?

–Las modificaciones de los impuestos, si no están debidamente coordinadas, hacen que esos impuestos sean ineficientes e incapaces de desarrollar un sistema tributario justo y equitativo. La equidad impositiva fue la que más sufrió en los últimos años. Los expertos hablan del carácter «odioso» de la obligación tributaria, pero es consustancial a nuestro Estado del Bienestar. Ganancia de eficiencia, equidad y ampliación de las bases imponibles serán los pilares de la reforma fiscal. La mejora de la coyuntura económica y la disciplina extraordinaria de recorte de gasto que hemos aplicado nos permiten estar en condiciones de bajar los impuestos.

–¿En qué momento está la Ley de Subvenciones?

–Hay un primer borrador, ni siquiera está para tramitación en primera lectura. Hay que consensuarla con todos los ministerios. Es una ley compleja, las subvenciones son una parte muy importante del gasto público. Tenemos la intención de reordenarlas, mejorar la Base Nacional de Subvenciones. Necesitamos una base centralizada para mejorar la planificación económica y la lucha contra el fraude. Tenemos intención de crear un servicio de coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para mejorar la información y coordinar las subvenciones procedentes de la UE. Hemos conocido algún informe comunitario con opiniones sobre la ejecución del gasto público que no responden a la realidad. Toda transparencia y coordinación en este punto va a redundar en beneficio de la percepción que los ciudadanos tienen sobre la «cosa» pública.

–¿Y los sindicatos?

–Aún no se ha llegado a ese capítulo, pero hay que tener en cuenta que no toda ayuda pública es subvención. Esta ley intenta disciplinar subvenciones y hay cuestiones que quedan al margen de la misma, como son las prestaciones sociales.

–¿Cuál es el impacto de la economía sumergida en la recaudación tributaria?

–La metodología que utilizan los informes conocidos últimamente es discutible. Parten de comparar cifras que se presumen de la contabilidad nacional y ésta, a su vez, tiene una serie de convenciones. Por ejemplo, no siempre cabe identificar el excedente empresarial con bases imponibles. Lo que sí quiero remarcar es que este Gobierno, con su regularización fiscal, afloró 40.000 millones de euros que no estaban en las bases imponibles. La lucha contra el fraude ha sido extraordinaria y tiene un marcado carácter estructural. Todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y debemos recuperar la conciencia fiscal, algo que se ha ido perdiendo.

–¿Qué papel jugará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal?

–Esta autoridad es única en España, opinará sobre la elaboración de los presupuestos, ejecución y control del gasto público del Estado, de las comunidades, de las corporaciones locales, así como del resto de cuestiones que dicte la Ley y que afecten a la sostenibilidad de las cuentas públicas.