Más impuestos y más agujeros en el bolsillo del ciudadano

Es inevitable. La clase media también pagará la subida de impuestos. Aunque el Gobierno asegure que la tributación de las rentas no afectará directamente a este colectivo, lo cierto es que, en general, la mayor parte de los ciudadanos sufrirán las modificaciones fiscales y las nuevas figuras que propone el Ejecutivo socialista. Sin embargo, todo son suposiciones en torno a la futura tributación, que es uno de los caminos de negociación con los demás partidos que ha tomado Pedro Sánchez para lograr aprobar los Presupuestos generales del Estado de 2019. De momento, lo que queda claro es que nadie se va a salvar del «hachazo».

El economista Javier Santacruz afirma que los contribuyentes particulares «son los únicos que no se pueden escapar» cuando se suben determinados impuestos, ya que se trasladan al consumo, encareciendo los precios. Y por eso mismo, en un escenario de ralentización del crecimiento como el actual, añade Santacruz, el incremento de la presión fiscal agudizará el frenazo de la economía: «Siempre que un impuesto supone un coste mayor para el bolsillo de la gente, cae el gasto. En el caso de las empresas, reducen los márgenes. Todo lo que sean impuestos que se carguen la actividad van a ser perjudiciales. Y en el contexto de hoy en día, se trata de poner en marcha medidas expansivas, no de que la política fiscal sea restrictiva».

Las reformas que propone el Gobierno van a aumentar la presión sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ejemplo, se barajan subir los impuestos medioambientales, que ya se incrementaron en 2012 después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recibiese la recomendación de la Comisión Europea. No obstante, Santacruz sostiene que, a partir de dicho año, se ha comprobado que estos tributos «encarecen la luz, el agua y todos los bienes energéticos de primera necesidad».

Impuestos medioambientales

Los impuestos mediambientales no van a hacer que el contribuyente ahorre, precisamente, pero es que tampoco el Estado. Esta clase de gravámenes recaudan una cantidad muy poco representativa, pues la finalidad no es ésa, sino «rebajar determinados gastos perjudiciales o la contaminación», manifiesta el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. Lo que se pretende es sancionar mediante fiscalidad a quienes se exceden en sus emisiones dañinas. Por lo tanto, cuanto más se cumpla el verdadero objetivo de estos impuestos, menos se ingresará por ellos. En este sentido, la gran propuesta del Gobierno es el gravamen al diésel.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la tributación de este tipo de carburante irá equiparándose progresivamente. Esto, explica Cruzado, «significa que el impuesto para los dos será exactamente el mismo, algo que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unión Europea desde hace tiempo». Pero, por otro lado, el presidente Pedro Sánchez ha comentado que, en principio, los trabajadores que usen el diésel para desarrollar su profesión, como los transportistas, estarán exentos. Y si la meta real del impuesto es evitar las 30.000 muertes anuales que se producen cada año en España debido a la contaminación, para Cruzado, «es contradictorio que no vaya a afectar a los profesionales», ya que son los que más consumen este carburante.

Tasa Tobin

Otra de las figuras fiscales anunciadas por el Gobierno repercutirá sobre las transacciones financieras, por lo que se trataría de implantar en España la famosa Tasa Tobin. Sin embargo, este impuesto «solo se ha puesto en marcha en pocos países europeos porque tiene una complejiddad técnica bastante notable tener controlados todos los flujos financieros del país», comenta Javier Santacruz. Y eso, de primeras, no es posible, pues un Estado únicamente puede tener vigilados los mercados organizados, y entre los no organizados (u OTC por sus siglas en inglés), se encuentran algunos tan relevantes como el de divisas.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha admitido que con este impuesto se seguiría el modelo francés, donde solo se gravan los mercados organizados y el sistema interbancario. En la nación gala se aprobó en 2012, con un 0,2% de carga fiscal, y en 2017 se aumentó al 0,3%. Santacruz recuerda que allí se están planteando borrar este impuesto que, según el Tribunal de Cuentas francés «repercute en el coste para los clientes». Y es que, subraya el economista, «los particulares soportarían mayores comisiones, pensarían en si cerrar sus cuentas y, además, afectaría a la rentabilidad real de la compraventa de acciones».

Impuesto de Sociedades

La banca será uno de los sectores que, específicamente, sufrirá mayor presión fiscal. Pero el Gobierno ya negocia incluir en los próximos Presupuestos una modificación del régimen tributario de las empresas. Ahora mismo, el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades es del 6% pero, admite Carlos Cruzado, «se habla de elevarlo al 15% y que solo las compañías que tributan a partir de ese porcentaje podrían aplicarse las deducciones». Así, la estimación de Gestha sobre la recaudación que se podría obtener tras aplicar esta modificación está entre los 4.000 y 6.000 millones de euros.

Estos ingresos se sumarían a los actuales por este concepto (más de 23.000 millones en 2017).

Sin embargo, también sostiene que «no está todavía claro que vaya a afectar a todas las empresas, sólo a las grandes». Fuera como fuese, de nuevo serán los consumidores los que afronten el coste adicional que este impuesto le suponga a las compañías. «Éstas tienen la capacidad de repercutir la tributación sobre el cliente final», subiendo los precios de los productos o los servicios, ratifica Santacruz.

Impuesto a las Tecnológicas

Eso es lo que ocurriría con el impuesto a las compañías tecnológicas (conocida popularmente como Tasa Google o como impuesto digital). Esta tributación que afecta a gigantes como Google o Facebook se trasladaría a los consumidores que contraten determinados servicios.

Además, tendría consecuencias bastante negativas sobre el conjunto el proceso de la digitalización del tejido empresarial y de la formación de los empleados. El presidente de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), Eduardo Serra, ha confesado que «si estas empresas, muy intensivas en inversión en innovación, pagan muchos impuestos dedicarán menos a inversión en I+D+i».

El debate sobre esta figura fiscal no es, ni mucho menos, de ámbito nacional. La discusión se mantiene en toda Europa y, según las palabras de Pedro Sánchez, no se aplicaría en España hasta que se defina mejor cómo será esta medida en el conjunto del continente. El Gobierno del Partido Popular estaba esperando el mismo consenso a principios de este año, cuando se comenzó a plantear seriamente este impuesto. La recaudación que, por entonces, estimaba Gestha, que continúa a día de hoy, sería de unos 600 millones de euros.

No obstante, Santacruz opina que es muy complicado realizar una previsión de cuánto se ahorrará con las figuras fiscales de nueva creación: «Estas estimaciones tienen una base de error muy importante porque no sabes cómo reaccionarán los contribuyentes, si reducirán el consumo de ese servicio o buscarán alternativas». Por otra parte, cree que este impuesto puede no ser del todo efectivo si se conforma de una manera que facilite a las empresas prever esta carga tributaria y realizar ingenieria fiscal para esquivarla: «Depende de cómo se estructure el gravamen, cuanto más localizado esté tu publico objetivo (las empresas que sufrirán la presión), más facil tendrán escaparse».

Rentas altas

En definitiva, la clase media sí que pagará la subida de impuestos, aunque el Gobierno lo niegue. Es cierto que los tributos no afectarán directamente sobre sus rentas, ya que los cambios que se aproximan en el IRPF solo se aplicará a los contribuyentes con ingresos superiores a los 140.000 o 150.000 euros. El tipo máximo para este pequeño colectivo, actualmente es del 45% (pudiendo alcanzar un 48% en las comunidades donde el tramo autonómico es mayor), y con un aumento de 4 puntos podría ascender hasta el 52% para algunos contribuyentes. Así, España pasaría de ser uno de los países de la Unión Europea que más grava a los ricos.

La propia ministra de Hacienda ha admitido que la recaudación que se obtendría sería bastante poco significativa, de hecho, solo de 400 millones de euros, según los cálculos de Gestha.Y es que los contribuyentes que se verían afectados, manifiesta Santancruz, «directivos, consejeros y todo ese tipo de gente que cobra sueldos en retribución variable, y que a partir de ahora cuando ganen un bonus mayor se lo quedará Hacienda», representan únicamente el 0,46% del total de 19 millones de declarantes, mientras que la clase media (entre 12.000 y 60.000 euros), conforman casi el 58%.

Además, cobrar algo más de lo normal se puede convertir en un peligro en caso de que el tipo máximo se extienda a los contribuyentes en los tramos más elevados. Si alguien que esté cercano a superar los 60.000 euros (a partir de los que se impone el tipo máximo) por su sueldo y, por cualquier motivo, tiene un ingreso extra, va a pagar más porque saltará de tramo hacia los que se consideren rentas altas.

IVA

Dicen que hay impuestos que se aprueban con afán recaudatorio. Y otros cuya finalidad es la justicia social. De estos últimos (que están en el centro de la negociación entre Podemos y PSOE para alcanzar un acuerdo para los Presupuestos 2019), forma parte la subida de impuestos a las rentas altas, y también la bajada del IVA que se proponen para determinados productos.

María Jesús Montero ha afirmado que «si se puede, se hará», refiriéndose a la bajada del IVA de las compresas y tampones de un 10% a un 4%. Igualmente, la asociación de consumidores Facua ha pedido al Ejecutivo que reduzca el IVA de la luz del 21% al 4%, con el objetivo de que cada familia ahorre cada año unos 130 euros de media. De momento, todo son suposiciones, idas y venidas de declaraciones. Pero el horizonte de las subidas fiscales está cada día más cerca y se siente la presión cada vez más.

Objetivos de deuda y déficit

La subida de impuestos anunciada por el Gobierno tiene una relación muy directa con los objetivos de deuda y déficit que el propio Ejecutivo se ha marcado. Para cumplirlos, y si se quiere aumentar el gasto social, habrá que llenar aún más las arcas del Estado. De esta manera, para este 2018 el objetivo de déficit ya estaba fijado en un -2,7% del PIB, mientras que para el próximo año será del -1,8%, de un -1,1% para 2020 y de un -0,4% para 2021 (lo cual supone un cambio en la senda de déficit marcada por Rajoy, del -2,2% para este ejercicio y -1,3% para el que viene). Igualmente, el gabinete dirigido por Pedro Sánchez se ha propuesto para 2019 que la deuda pública se reduzca hasta el 96,1% del PIB (en el primer trimestre de 2018,estaba en el 98,8%, según el Banco de España). Para 2020 debería alcanzar el 94,1% ,y en 2021, el 91,5%. Al contrario, el Gobierno ha decidido aumentar el techo de gasto para el próximo año, con la finalidad de llevar a cabo las políticas sociales que ha anunciado.

Retirada del impuesto al sol

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunicado que el Partido Socialista tiene la prioridad de abolir el impuesto al sol (para la generación de electricidad fotovoltaica) a través de un Real Decreto. Además, no solo se retirará el gravamen, sino que se impulsará la instalación de placas solares en los núcleos urbanos. Según Ribera, no tiene sentido mantener un ributo que supone una recaudación tan «ridícula» y bloquea un consumo beneficioso de electricidad frente al de otras energías más contaminantes. Y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculó que el año pasado solo se ahorraron 170.000 euros mediante esta vía.

Generación eléctrica

La factura de la luz es uno de los grandes quebraderos de cabeza del Gobierno. Y la solución que proponen también gira alrededor de los impuestos. En marzo, el precio de la electricidad se situaba en el entorno de los 40 euros por megavatio y hora. Sin embargo, a día de hoy ya alcanza casi los 76 €/MwH. Es decir, está cerca de duplicarse en menos de un año. Así, la discusión sobre cómo rebajar de nuevo la factura ha llegado al Congreso. La ministra Teresa Ribera anunció el pasado miércoles la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (que es del 7%). El Partido Popular, que también proponía esta medida, ha estimado que el precio actual se podría reducir un 3,5%, y un ahorro total de 1.700 millones de euros. ¿Se seguirá abarantando?