...mientras calla por el exceso francés

Cuando en Bruselas se habla de cumplimiento de déficit por países, la dureza y la flexibilidad se reparte de forma desigual. A España le tocan las previsiones duras, en todo momento mucho más conservadoras que las del Ejecutivo nacional, mientras que para países como Francia la Comisión no dudó en levantar la mano y darle más margen para cumplir con los objetivos de déficit. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, se atrevió a avanzar una opinión de los técnicos en Bruselas sobre los presupuestos de España antes de que fuera aprobada por el colegio de comisarios. El malestar que provocaron sus palabras no fue tanto por el contenido sino por la forma. El comisario dijo que España seguía teniendo riesgos para cumplir con el déficit este año y el siguiente, con un desvío de tres y siete décimas, respectivamente.

Hasta aquí pocas sorpresas porque las previsiones de la Comisión se caracterizan siempre por ser muy conservadoras. Pero el comisario adelantó la información cuando todavía no estaba aprobada y lo hizo en una rueda de prensa. Fue más explícito que en la reunión de ministros de Economía de la eurozona unas horas antes y que en la propia reunión bilateral que mantuvo con el ministro español, Luis De Guindos. Esta falta de protocolo sin precedentes provocó una crisis política en el seno de la Comisión Europea. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tuvo que rectificar a Moscovici y aplazar la decisión sobre los presupuestos de España. «El presidente es quien decide en términos de calendario», señalaba el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, dejando en evidencia al comisario.

España mostró su disconformidad con la actuación de Moscovici y países como Alemania no sólo se sorprendieron de las formas utilizadas por el francés sino también por la dureza de sus palabras. Las previsiones que Mosocovici adelantó son las mismas que la Comisión hizo para España en primavera, lo que significa que desde el mes de mayo no ha tenido en cuenta ningún dato de crecimiento posterior que compense un acercamiento a los objetivos de déficit fijados por Bruselas.

El ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, respaldó a De Guindos cuando señaló que España cumplirá los objetivos de déficit. «Creo que tiene base para afirmarlo», reconocía el titular de Finanzas germano. Su país es uno de los más exigentes en cuanto a la sostenibilidad fiscal, pero Alemania ha incumplido en más de una docena de ocasiones el Pacto de Estabilidad. Grecia, por su parte, nunca ha cumplido con los objetivos europeos. Y España, antes de la crisis, había cumplido siempre. El Tratado de Maastricht impone un límite de déficit del 3% del PIB y en cuanto a la deuda, el 60%.

Tan sólo cinco países de la zona euro cumplen hoy sin problemas con el Pacto de Estabilidad en términos de déficit. Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovaquia aprueban holgadamente. El resto, no. Pero el trato no es el mismo para todos los «incumplidores». Para Francia, la Comisión Europea amplió en dos años el margen para cumplir con el objetivo de reducción del déficit y optó por no amonestar ni a Francia ni a Bélgica por no ceñirse al Pacto, después de que desde noviembre recibieran un toque de atención por sus incumplimientos. Se esperaban sanciones, pero no estaban encima de la mesa. «Ofrecemos dos años porque hay que ser realistas», explicaba Moscovici cuando anunciaba una de las mejores noticias para su país.

Cuando hay tanta diferencia en los posicionamientos hay quien busca una razón política. Un sinsentido al tratarse de informes técnicos de la Comisión Europea, que tienen que estar por encima de cualquier orientación política. Preguntado por esta posibilidad, De Guindos aseguraba que no podía ser. «No me lo puedo creer», decía ante la prensa en Bruselas.

En el caso de Francia, Italia y Bélgica, sus Gobiernos ya habían sido señalados desde noviembre del año pasado por el riesgo que tenían de no cumplir con los objetivos de déficit. El Ejecutivo comunitario decidió entonces no optar por la vía más dura, después de haber exigido a Francia e Italia fuertes ajustes y que desde París se presentaran recortes adicionales por valor de hasta 3.700 millones de euros y desde Roma, por importe de a 4.500 millones. No hubo sanciones sino más tiempo en el caso de Francia para cumplir.