70 de cada 100 euros irán a políticas sociales

Un total de 13 millones de pensionistas, funcionarios y asalariados con rentas bajas se beneficiarán de las cuentas públicas de 2018.

«El Gobierno no tiene ningún plan B en el caso de que los Presupuestos Generales del Estado no superen las enmiendas a la totalidad; sólo tiene un Plan A, que es presentarlos en el Congreso de los Diputados, lo que está haciendo. Ahora, la responsabilidad pasa al resto de los grupos parlamentarios. Aprobar estos Presupuestos es bueno para todos». Así contestaba ayer Cristóbal Montoro a la posibilidad de que las cuentas para el presente año no superen el trámite parlamentario al no disponer el PP de los apoyos suficientes. «El Gobierno tiene la obligación de presentarlos y no contempla ninguna hipótesis más». Los Presupuestos prevén un gasto social de 196.782 millones de euros, el 56% del total consolidado, 70% si se incluye el gasto de las administraciones territoriales. «Están pensados para pensionistas, servidores públicos, funcionarios y hacen especial énfasis en mejorar la financiación de los servicios públicos fundamentales: pensiones, educación, seguridad, sanidad...». En total. incluyen medidas para mejorar la renta de más de 13 millones de personas cuyos ingresos dependen exclusivamente del Estado.

El ministro de Hacienda presentó en el Congreso los PGE-2018 acompañado por la plana mayor del departamento: los secretarios de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal; Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y Función Pública, Elena Collado, así como por la secretaria general de Financiación Autonómica, Belén Navarro. Apenas varió el guión que le sirvió hace una semana tras el Consejo de Ministros.

«Son unos presupuestos que vienen acordados con los agentes sociales, propios de un Gobierno que cumple sus compromisos y que espera de los restantes partidos políticos del arco parlamentario que sepan asumir su responsabilidad», aseguró Montoro en las cuatro ocasiones en las que le preguntó por la posible falta de apoyo al proyecto. «España necesita estos Presupuestos. Puede que a algunas formaciones les parezcan insuficientes, pero ese no es motivo para estar en contra de ellos a priori sólo por razones ideológicas». Los PGE hacen un guiño al PNV al aumentar la inversión estatal un 32%, hasta 509 millones de euros.

Acuerdo salarial

De hecho, Montoro se permitió el lujo de animar a la CEOE y a las centrales sindicales a que suscriban un acuerdo de subida salarial para los próximos años. «Un acuerdo en línea con el que hemos firmado con los sindicatos de la función pública». ¿Por qué? Porque buena parte del incremento de ingresos tributarios previstos para el presente ejercicio (210.015 millones de euros antes de la cesión a los entes territoriales y 117.814 millones después) está sustentada en la creación de empleo (475.000 nuevos puestos de trabajo este año) y la subida salarial. No en vano, la recaudación por IRPF prevista en el proyecto de ley (82.056 millones de euros, un 6% más que lo recaudado en 2017) depende de la marcha de la actividad económica. Montoro se negó a admitir que la previsión de ingresos impositivos fuera excesivamente optimista. «Es la típica crítica que se hace a los PGE».

Los PGE 2018 apuestan claramente por seguir reforzando el gasto social, de manera que se convierten en los presupuestos más sociales de la historia, destinando 196.782 millones de euros a gasto social, casi un 56% del total. Además, los PGE también contribuyen de manera indirecta al refuerzo del gasto social a través de las aportaciones a las administraciones territoriales, en el marco de los sistemas de financiación, que éstas destinan en gran parte a gasto social, al tener transferidas la gestión de la sanidad y la educación.

Deuda y prestaciones del paro

Las Administraciones Territoriales recibirán un total de 123.250 millones de euros en concepto de recursos del sistema de financiación, 4.248 millones más que en 2017. De esta cuantía, las Comunidades Autónomas recibirán 105.020 millones de euros, que es la mayor cantidad que han recibido nunca, con un incremento de 4.000 millones, y las entidades locales, 18.230 millones, lo que suponen 248 millones más, según detalló en la rueda de prensa Belén Navarro.

El presupuesto consolidado de gastos no financieros –que incluye Estado, Seguridad Social y organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos– asciende a 327.955 millones de euros, un 3% más que en 2017, mientras que los ingresos no financieros alcanzan 293.200 millones, un 4,6 % más. Según el proyecto de ley, el Estado absorberá el 47,1% del total del gasto; la Seguridad Social, el 40,5%; los organismos autónomos, el 10,4%, y otros entes públicos, el 2% restante. El presupuesto consolidado de gastos, que incluye las operaciones financieras, asciende a 451.119 millones, un 1,8 % más.
De esta cifra, la partida más importante corresponde a transferencias corrientes, que representan un 54,6% del total del gasto y suman 246.279 millones, un 3,5% más que en 2017.

Como suele ser tradicional, el principal gasto de los presupuestos consolidados es el pago de las pensiones, que supondrán 144.834 millones de euros, por delante de los intereses de la deuda (31.547 millones de euros, el 2,6% del PIB) y las prestaciones por desempleo, que se reducen a 17.702 millones de euros, gracias al aumento de la ocupación.

Teniendo en cuenta que el 70% del presupuestos de las comunidades autónomas y entidades locales se destina a la financiación de políticas sociales, el presupuesto consolidado destina a políticas sociales el 70% del gasto: 56 puntos corresponden al Estado y 14 puntos correspondientes al gasto de las administraciones territoriales.

Para los ministerios, según destacó el secretario de Estados de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, quedarán disponibles cerca de 40.000 millones de euros, algo menos del 10% del total.

El proyecto de Presupuestos prevé reducciones en el IRPF para las rentas más bajas (hasta 18.000 euros brutos anuales), y más deducciones fiscales para guarderías y familias numerosas y discapacidad.