Montoro tratará con los agentes sociales la tributación por despido

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reúne con patronal y sindicatos para negociar el límite de la tributación de las indemnizaciones por despido improcedente y la posible eliminación de estas en la deducción fiscal del impuesto de sociedades.

En el encuentro conjunto con CEOE y Cepyme y con CCOO y UGT, Montoro pretende conocer cuál es la disposición de los agentes sociales respecto a estas medidas.

El ministro de Hacienda se ha mostrado dispuesto a analizar como referencia el sistema fiscal navarro y vasco, donde ya tributa la indemnización por despido improcedente.

La reforma fiscal elaborada por el Gobierno recoge que las indemnizaciones por despido tributarán a partir de los 2.000 euros por año trabajado al limitar la exención que tenían sobre el IPRF y establecer un mínimo equivalente a un salario de 20.000 euros anuales.

Hacienda calcula que el 80 % de las indemnizaciones por despido que fueron abonadas en 2012 seguirían exentas del pago de impuestos con este criterio.

Antes de la medida, los trabajadores sólo tenían que tributar la cantidad cobrada por despido improcedente cuando superaban el máximo legal de 45 o 33 días por año trabajado.

Montoro considera que, de esta forma, se introduce "equidad"en el tratamiento fiscal de este tipo de pagos.

En cualquier caso, tras conocerse esta medida y sus repercusiones el ministro admitió que el límite de los 2.000 euros podía ser incrementado y señaló que era una propuesta que debía ser estudiada con patronal y sindicatos.

Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban exentas en su totalidad, independientemente del salario anual recibido.

Asimismo, este tope en la exención de tributar se extiende a los despidos colectivos por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor).

Hacienda sostiene que el tratamiento fiscal en los casos de indemnización por despido era "disperso"y que en muchos casos se daba un "abuso"en su utilización.

El Círculo de Empresarios ya ha avanzado que es cuestionable que estas indemnizaciones tengan que tributar, porque cree que castigará "con crudeza"a las rentas bajas y a quienes se quedan sin empleo a una edad con escasas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.

Además, considera que esta medida no respeta la unidad de mercado al no equipararse con el tratamiento aplicado en Navarra y en el País Vasco.

Por su parte, los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han pedido al Gobierno que retire la medida y han dicho que el anuncio de elevar el mínimo exento es síntoma de que Hacienda "duda"de sus propios planteamientos.

En cuanto a la deducción por estas indemnizaciones, el Gobierno ya adoptó una medida en noviembre de 2012 por la que las indemnizaciones por despido superiores a un millón de euros no podrían ser deducidas por las empresas en el impuesto de sociedades ni por los empleados en el IRPF.

Desde entonces, si la indemnización supera el millón de euros el empleado no puede aplicar la reducción del 40 % por ninguna cuantía, ni siquiera por los primeros 300.000 euros como ocurría antes.

Montoro también se reunirá durante esta semana con diversas asociaciones para hablar sobre la reforma fiscal.

Así, hablará con las asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, Upta, OPA, Ceat y Uatae) y con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Plataforma del Tercer Sector, la Acción Social de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Cermi, Cruz Roja, Cáritas y la ONCE.

También mantendrá un encuentro con asociaciones que defienden los intereses de las familias como Federación Española de Familias Numerosas, Foro Español de la Familia, Fundación Más Familia, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, The Family Watch y Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).