Pensiones, deuda y paro se llevan el 55% del gasto

Las tres mayores partidas de los Presupuestos Generales absorberán 193.801 millones de euros. 127.483 corresponderán al pago de todas las pensiones, cuya dotación se incrementa un 4,9%. Montoro confirma que no va a pedir a los ciudadanos que paguen más impuestos

JEl pago de las pensiones, los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo absorberá el 55% del gasto en 2014, de acuerdo con la distribución reflejada en los Presupuestos Generales del Estado. Si hace un año el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, insistía en que los objetivos de las cuentas públicas eran «primero, el déficit; segundo, el déficit y tercero, el déficit», ayer se refería a los PGE como «los de la recuperación» y «los que facilitan las vuelta al crecimiento económico y el empleo». Y es que, en un año, las cosas han cambiado mucho en la economía. Tanto que el PIB crecerá por vez primera desde la crisis un 0,7% y se empezará a crear empleo neto a partir del segundo semestre.

El ministro aprovechó la entrega en el Congreso de los Diputados del anteproyecto de ley para señalar que el cambio en la situación se ha debido al ahorro de los gastos de funcionamiento de las administraciones públicas y del servicio de la deuda. Montoro destacó que los Presupuestos «sustentan un marcado Acarácter social».

Gasto social

Cerca de 53 de cada cien euros de gasto corresponderán a partidas relacionadas con el Estado del Bienestar, como pensiones, vivienda o prestaciones por desempleo); 4,6, a servicios públicos básicos (Justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior) y 8,1%, a actuaciones de carácter económico (agricultura, industria...).

El Gobierno ha presupuestado para la política de pensiones un gasto de 127.484 millones, lo que supone un crecimiento del 4,9% sobre la partida de este año. Esta cifra incluye las pensiones contributivas (112.102 millones y un incremento del 5,4%), las no contributivas y las pensiones de las clases pasivas del Estado. Los Presupuestos han tenido en cuenta un incremento del colectivo de pensiones de en torno a 100.000 personas anuales, la variación de la pensión media y una revalorización del 0,25%, el mínimo contemplado en el nuevo sistema. Cristóbal Montoro garantizó que el Gobierno está abierto a discutir cualquier iniciativa parlamentaria en este capítulo que presenten los distintos grupos parlamentarios, aunque parece que la austeridad terminará por imponerse. El Gobierno entiende que las pensiones tienen que ligarse a las condiciones económicas del país y no con la evolución de los precios y que éste no está para aumentar los gastos.

Buena prueba de ello es que las partidas destinadas a todos los ministerios se reducen en un 4,7%, hasta 34.548 millones de euros. «Es un presupuesto sin más inversión pública; no podemos invertir más», destaca Montoro.

La segunda gran partida del gasto público tiene mucho que ver con la deuda y su evolución durante la crisis. España pagará el próximo año alrededor de 36.950 millones de euros por los intereses que genera su devolución. La deuda pública crecerá hasta el 99,8% del PIB, lo que se traduce en superar la barrera del billón de euros. La cifra no preocupa en Hacienda pese a su magnitud, aunque el titular del departamento insiste en que hay que «reducir el déficit público» y no bajar la guardia para no engordar el montante de la deuda. En 2014 se emitirá deuda bruta (incluye las amortizaciones) por valor de 243.888 millones. La carga de los intereses anuales representa el 3,5% del PIB, inferior a la 1996, que ascendía al 4%. «Hoy es más asimilable». El Ministerio de Hacienda está seguro de que «pronto bajaremos la ratio deuda/PIB».

Qué opinan los mercados

En este aspecto, Montoro ha destacado el reconocimiento de los mercados a las reformas del Gobierno, a la estabilidad política de España y al desapalancamiento de todos los actores de la economía: empresas públicas y privadas, Estado, autonomías, corporaciones locales y familias.

El tercer mayor gasto corresponderá a las prestaciones por desempleo, que el próximo año se llevarán 29.727 millones de euros, un 10,1% más que en el presente ejercicio. Hasta 2007, el Servicio Público de Empleo Estatal se autofinanció con las aportaciones de empresarios y trabajadores. Ahora requiere de importantes dotaciones presupuestarias. es el caso del próximo año, para el que se habilitarán 14.598 millones. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, adelantó ayer que para este año el Gobierno espera una desviación del gasto presupuestado.

La economía española crecerá en 2014 un 0,7%

España dirá adiós a la recesión económica el próximo año, aunque en términos intertrimestrales el PIB crezca ya en el tercer trimestre de este año. Según el cuadro macroeconómico que sustenta los Presupuestos Generales del Estado, la actividad económica crecerá un 0,7%, invirtiendo la contracción con la que se cerrará este año (-1,3%). «Ya estamos saliendo de la crisis sin necesidad de devaluar el tipo de cambio», la forma tradicional de hacerlo en el pasado. Y, por supuesto, evitando el rescate. Otro objetivo es reducir el déficit al 5,8% del PIB desde el 6,5% con el que cerrará el presente ejercicio. Tras conocerse los datos del segundo trimestre (3,58%), el Gobierno está seguro de llegar a la meta del 6,5% en el conjunto de 2013 porque todas las administraciones se están atando el cinturón.

Impuesto sobre depósitos bancarios

El Gobierno está empezando a pensar en la modificación del tipo cero del impuesto sobre los depósitos bancarios. En su opinión «es insatisfactorio», por lo que podría revisar el contenido de la norma legal que impidió que este tributo pudiera instaurarse en algunas autonomías. Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que ayer desveló las intenciones del Ejecutivo. Al término de la rueda de prensa en que se conocieron los detalles de las cuentas públicas del próximo año, el ministro puntualizó que habría «que reconsiderar qué es y quién lo fija. Hay que esperar, aunque en cualquier caso es un impuesto que no tiene la más mínima importancia recaudatoria». Fue creado por el Gobierno a finales de 2012 para impedir su puesta en marcha en Extremadura, Cataluña y Canarias.