Pensiones, mentiras y Trump

Santiago Carrillo (1915-2012), histórico secretario general del Partido Comunista (PCE), nada sospechoso de ser partidario de menos protección social, ya dijo que «si dentro de 30 años no tenemos dos jóvenes trabajando para mantener a un jubilado, habrá ocurrido una catástrofe o habrá robots que lo hagan».

Por caprichos del destino, el líder comunista coincidía, de alguna manera, con las tesis de Milton Friedman (1912-2006), uno de los grandes referentes del liberalismo del último tercio del siglo XX: «Hemos recaudado de los jóvenes de hoy para pagar a los mayores de hoy –escribió– y contábamos con que los jóvenes del mañana seguirían haciéndolo. Ese era un buen esquema mientras el número de jóvenes aumentaba más rápido que el de mayores. Cuando esa proporción llegue a su fin, este sistema también debe terminar».

El lunes pasado, mientras el mundo estaba pendiente de qué medidas anunciaría Donald Trump, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que preside Cristina Herrero, emitió su primer informe sobre la denominada «Regla de gasto de pensiones» y también «La segunda opinión de sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas».

El organismo independiente dictaminó que «se cumple la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto en medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2025».

El Gobierno de Sánchez, en su estrategia de generar un alboroto –ofensiva contra las universidades privadas– para tapar otro –la metedura de pata de María Jesús Montero con la presunción de inocencia–, celebró el dictamen de la Airef, pero tampoco lanzó demasiadas campanas al vuelo.

El que sí lo intentó fue José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y autor, cuando era ministro del ramo, de la última reforma de las pensiones cuya aplicación escruta la Airef. Para él «es muy bueno que nos recuerde la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de evaluaciones rigurosas».

Interpreta además que según el organismo «vamos a estar en las mejores previsiones, aunque habrá que revisarlas cada tres años». El gobernador, en medio del temor ante el caos que iba a anunciar el inquilino de la Casa Blanca, tampoco tuvo mucho eco y sus palabras pasaron inadvertidas.

La lectura del informe presentado por Cristina Herrero rebaja cualquier posible euforia y es otra llamada de atención sobre el futuro de las pensiones, algo sobre lo que el Gobierno pasa de puntillas y la oposición de Núñez Feijóo tampoco parece que se atreva a entrar.

La Airef, tras constatar que «se cumple la regla de gasto» añade, sin matices, que «la regla en sí misma no constituye una garantía de sostenibilidad» y que «introducida al margen de la reforma europea que estaba en curso, no se garantiza consistencia». Además destaca «la vulnerabilidad fiscal de la economía española, con una deuda pública ascendente en el escenario a políticas constantes, que alcanzaría el 129% del PIB en 2050 y el 181% del PIB en 2070».

Los últimos datos, al margen de lo que expone la Airef, son contundentes por sí mismos, más allá de la contabilidad más o menos creativa que utiliza el Gobierno. El último Informe trimestral de las Administraciones Públicas indica que «la capacidad o necesidad de financiación» de la Seguridad Social (SS), en este caso, negativa, es decir, déficit, fue de 4.552 millones de euros en 2024, un 2,1% más que los 8.373 millones de euros de 2023.

El problema es que, aunque los números son ciertos y están ahí, todo es mentira, porque el déficit real de la SS, cuyo principal gasto son las pensiones, alcanzó los 51.688 millones, que es la cifra resultante de sumar el déficit oficial más los 43.136 millones aportados por el Estado en concepto de «transferencias» para cuadrar las cuentas.

Las «transferencias», no hay que olvidarlo, son entregas de dinero sin contrapartida, es decir, a cambio de nada. Los 43.136 millones de 2024 son un 9,4% más que los 39.418 del año pasado por el mismo concepto. La trampa, la mentira, es que el Gobierno ha decidido –en un juego malabar de contabilidad pública– considerar ingresos de la SS, en la práctica ordinarios, cantidades entregadas a fondo perdido procedentes, claro, de impuestos y de la deuda.

Y si nada cambia, la Airef calcula que en 2050, el Estado deberá aportar 85.000 millones para pagar las pensiones. Es una fórmula que permite hacerlo, pero nadie sabe hasta cuándo, porque se basa en un endeudamiento creciente que podría llegar al 181% del PIB, si alguien lo financia. Nada habla de eso y el Gobierno aprovecha las bravuconadas de Trump para volver a desviar la atención, pero lo clave es qué ocurre «si dentro de 30 años no tenemos dos jóvenes trabajando» como decía Carrillo.