Pincha la recarga rápida: tres años de plazo en España por 18 meses en Europa

Aunque España cuenta con todos los componentes necesarios para desarrollar el sector de la movilidad eléctrica con éxito, la realidad es quela infraestructura de recarga para la alimentación de los automóviles eléctricos no termina de arrancar.

Las trabas, principalmente administrativas, provocan que nuestro país se sitúe en el grupo de la cola de Europa en este apartado, con el contraste de ver que el sistema sí que funciona en Portugal, donde la Administración es mucho más ágil en este aspecto.

Una situación que está frenando la implementación del coche eléctrico en España y que desespera a los fabricantes de automóviles que, al no poder cumplir los objetivos impuestos por la UE sobre reducción de emisiones, se ven abocados a dejar de vender coches de combustión o a exponerse a fuertes sanciones económicas.

Porque la realidad es que, aunque hay 38.725 puntos de recarga de vehículos eléctricos a cierre de 2024, según el estudio realizado por la asociación de fabricantes Anfac, la mayoría están ubicados en ciudades, y únicamente el 8,4% del total tiene potencias ultrarrápidas, esto es, de una potencia igual o superior a 150 kW.

Esta circunstancia limita la movilidad en vehículo eléctrico ya que falta infraestructura de carga ultrarrápida en vías interurbanas y en zonas urbanas retrasa considerablemente los tiempos de recarga.

Esto hace que quienes viajen en coche elijan otras alternativas de motorización con repostajes mucho más rápido.

Todos los instaladores coinciden en que, a pesar de los esfuerzos normativos y de financiación, la situación actual es muy mejorable para el desarrollo eficaz de la movilidad eléctrica.

Una de las empresas más potentes en instalaciones ultrarrápidas, la holandesa Fastned, que cuenta con 350 estaciones de este tipo en Europa, más de 2.100 cargadores operativos y que está trabajando para entrar en el mercado español, cree que es necesario tomar una serie de iniciativas para acelerar el proceso de las instalaciones de alta potencia que de verdad solucionen el problema de la recarga rápida y satisfactoria.

La primera medida sería acelerar los trámites administrativos. En España, la instalación de una estación de carga eléctrica ultrarrápida puede tardar hasta tres años, de los cuales solo cuatro meses corresponden a la construcción de la estación de recarga. El tiempo medio que las compañías instaladoras tardan en Europa desde que firman un contrato hasta la puesta en marcha de la estación es de unos 18 meses.

Para agilizar el proceso, y acercarnos a la media europea, Fastned propone dar visibilidad de la potencia eléctrica disponible con la publicación de un mapa nacional con puntos de conexión disponibles y la potencia de la red.

Además, habría que mejorar los tiempos de respuesta de las distribuidoras, fijando plazos de, como máximo, 30 días en todos los trámites con las distribuidoras y asegurar el cumplimiento de estos tiempos. Y permitir que las obras de conexión eléctrica comiencen al mismo tiempo que la construcción de la electrolinera, sin esperar a que la estación esté terminada.

En cuanto a los ayuntamientos, para agilizar la concesión de permisos, se propone extender la condición de declaración responsable a todas las infraestructuras relacionadas (transformadores, marquesinas, conexiones a la red) y establecer unos plazos claros.

Además se pide aplicar a la figura jurídica del silencio administrativo positivo para acelerar las autorizaciones cuando no se reciba respuesta en plazo. Para los instaladores es importante además que se aborde el problema de la homogeneización de las normativas urbanísticas. A este respecto, se recomienda la emisión de unas normas que clarifiquen a los técnicos municipales las normativas aplicables a las estaciones de recarga, minimizando retrasos por falta de conocimiento y homogeneizando criterios.

En lo que se refiere a las estaciones en áreas cercanas a autopistas se pide reducir los tiempos de respuesta del Ministerio de Transportes a un máximo de 60 días para autorizar estaciones, frente a los seis meses actuales y aplicar el principio del silencio administrativo positivo. En relación con la validación por el Ministerio de Industria y Turismo se propone que los certificados favorables de los Organismos de Control junto con una declaración responsable, otorguen autorización inmediata para operar estaciones.

Los constructores de infraestructura de gran potencia piden que, dentro del Plan Moves –que, de momento, está en suspenso–, se den ayudas directas a los puntos de recarga operativos en función de su potencia en vez de tener que presentar todo el proyecto.

Asimismo seria necesario licitar estaciones ultrarrápidas en autopistas para así cumplir con el Reglamento AFIR (para los Combustibles Alternativos), que establece estaciones de al menos 400 kW cada 60 kilómetros en corredores de la Red Transeuropea y de 1.400 kW en el 15% de la red para vehículos pesados.