«Prefiero que las preferentes las paguen los bancos»

Bronca en el Congreso. Casi tres horas de debate precedieron a la convalidación del decreto ley de protección a los titulares de productos de ahorro e inversión. Pero antes de la votación, en la que el PP sumó el apoyo de CiU, UPN y Foro Asturias, se vivieron escenas de tensión en las tribunas, donde un grupo de afectados por las preferentes gritaba «chorizos» y «ladrones» a los diputados. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, ordenó su desalojo y entonces la zapatiesta se trasladó a los escaños porque los populares Carmen Álvarez Arenas y Pablo Casado se dirigieron gestualmente a la bancada socialista golpeándose la mejilla con la mano. Actitud que soliviantó especialmente a un Odón Elorza que se puso en pie para increpar a los del PP. Posada llamó al orden y mientras la seguridad del Congreso desalojaba a los preferentistas, éstos eran jaleados por un aplauso de algunos socialistas, cuyo entusiasmo fue reconvenido por parte de la dirección del Grupo Socialista y por el ex vicepresidente Manuel Chaves.

Más allá de la gresca, el ministro de Economía explicaba que la comisión de seguimiento de las preferentes quedará constituida «al más alto nivel» el próximo miércoles y que habrá un procedimiento rápido para colectivos especialmente vulnerables que tendrán prioridad en el acceso al arbitraje (menor nivel de ingresos, edad avanzada, especiales cargas familiares y carencia de conocimientos financieros).

La solución que introduce el decreto a través del arbitraje será, en palabras de Luis de Guindos, «rápida y eficaz», y permitirá a muchos de los afectados recuperar sus ahorros. De ahí la creación de la citada comisión de seguimiento para definir los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje. También se permitirá acudir al arbitraje a los titulares de preferentes de Bankia que fueron obligados a canjearlas por acciones a principios de 2012. La solución del Ejecutivo pasa por aceptar un canje de preferentes por acciones tras admitir una quita y, posteriormente, ir a Bolsa o al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para recuperar la liquidez de sus títulos a precio de mercado. El FDG será el que fije el precio, y para ello se incluye una derrama extraordinaria de las entidades del 3 por mil de sus depósitos, lo que supondrá entre 1.500 y 2.000 millones.

«Prefiero que paguen los bancos antes que los contribuyentes», insistió el ministro en respuesta a las protestas de la banca y de la oposición, lo que no sirvió para aplacar a ésta, que criticó en pleno la quita a los pequeños ahorradores en lugar de devolvérseles toda su inversión. UPyD anunció que presentará una querella criminal en la Audiencia Nacional contra los que «comercializaron, promovieron, estimularon la comercialización y miraron para otro lado» sin darse «por enterados» ante la «estafa».