La primera huelga general en la historia de la Inspección de Trabajo estalla contra Díaz y Montero

La primera huelga general en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) afronta desde hoy la primera huelga indefinida de la historia con el objetivo de exigir a los ministerios de Trabajo y de Hacienda que cumplan con los compromisos pactados en 2021 para reforzar este organismo. La convocatoria, impulsada por todos los sindicatos con representación en el organismo (CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess) salvo por CC OO -que se ha bajado en el último momento por la "politización que se está haciendo de nuestra situación"-, culmina una serie de movilizaciones que comenzaron en diciembre de 2022 y se han prolongado hasta ahora, pero "que no han servido para nada" -explican a LA RAZÓN fuentes sindicales-, por lo que tras meses de espera para dar tiempo a la negociación han decidido dar el último salto hacia adelante y activar una huelga indefinida ante la falta de avances y de compromisos por parte del Gobierno.

Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que cumpla antes de las elecciones con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con el acuerdo de julio de 2021 para dotar de más efectivos al organismo, firmado y rubricado en Consejo de Ministros y en el BOE, pero que sigue pendiente de ejecución, objetivo esencial para acabar con las movilizaciones y que ni siquiera fue planteado en el última reunión con representantes de Trabajo y de Hacienda.

Este conflicto ha provocado un choque entre los Ministerios de Yolanda Díaz y de María Jesús Montero, ya que desde Trabajo se culpa a Hacienda de ser el responsable del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. Una situación que no sirve de consuelo para los sindicatos, para los que "la disparidad de criterios y el enfrentamiento" en el seno del Gobierno de coalición "no nos vale de nada si finalmente el resultado es que la Inspección sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad".

Desde el Ministerio de Díaz defienden que no comparten los planteamientos presentados por Hacienda, porque su propuesta no cumplía con los compromisos adquiridos en el Plan estratégico de la Inspección que pasaban, según han citado, "por reforzar la estructura territorial", además de que inspectores y subinspectores "tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral". Asimismo, el Ministerio entendía que la última oferta planteada la semana pasada, como último recurso para desatascar el conflicto, no atiende las necesidades territoriales del organismo y "concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos".

Todo lo contrario de lo que manifiestan desde el departamento de María Jesús Montero, que aseguran que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo es una "decisión de Gobierno", acordada entre los ministerios, y que, por tanto, "no es objeto de negociación colectiva. Es un trabajo interno del Gobierno. Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RPT". Además, las mismas fuentes ministeriales indican que ya en mayo se autorizó la inclusión en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de productividad extraordinaria para toda la plantilla, algo que para los sindicatos es "claramente insuficiente", además de que "contraviene la legalidad al no estar aprobada la RPT".

La anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que ven necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.

Ante la falta de acuerdo y las discrepancias entre diferentes ministerios, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess han optado por continuar con las protestas y con el paro indefinido porque "el Gobierno puede tomar decisiones hasta el día 24 de julio, no está en funciones, por lo que le pedimos que cumplan ya con su compromiso publicado el 3 de diciembre de 2021". Según defienden, "a estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un Gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo".